Sin permiso, drogan a menores detenidos
Los obligan a tomar psicotrópicos en refugios para migrantes
Huyendo de un padrastro abusivo en El Salvador, Gabriela se dirigió a Oakland, California, donde su abuela le había prometido que le daría alojamiento. Cuando la adolescente llegó a la frontera de Estados Unidos en enero del 2017, fue llevada a un albergue financiado por el Gobierno federal en Texas.
Al inicio, el personal la describió como receptiva y resistente. Pero después de que fue trasladada de un albergue a otro en Texas, se tornó cada vez más depresiva.
Sin consultar a su abuela, ni a su madre en El Salvador, el personal del albergue le recetó numerosos medicamentos, incluyendo dos fármacos psicotrópicos cuyas etiquetas advertían que podían provocar un comportamiento suicida en los adolescentes, de acuerdo con documentos de la Corte.
Aun así, languideciendo en un albergue después de 18 meses, Gabriela, de 17 años, ya no quiere tomar los medicamentos, pero lo hace de todas maneras, debido a que el personal en el centro le dijo que no sería liberada hasta que se le considere psicológicamente sana.
La experiencia de Gabriela ejemplifica un problema que la práctica de separar a las familias, de la administración de Trump, exacerbó: el error de los centros financiados por el Gobierno de no solicitar un consentimiento informado antes de medicar a los inmigrantes adolescentes.
Alrededor de 12 mil menores indocumentados se encuentran bajo la custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) del Departamento de Servicios Humanos y de Salud de Estados Unidos (HHS), mientras que más de 2 mil 500 fueron separados de sus padres cuando la política de “cero tolerancia” de Trump fue puesta en vigor entre abril y junio del presente año.
El sufrimiento emocional y problemas de salud mental prevalecen entre los menores, a veces como resultado de las traumáticas experiencias que han vivido en sus países de origen, en otras provocados por haber sido separados de sus padres en la frontera, o por el miedo a que nunca serán liberados de los centros de la ORR. Ex empleados de los refugios, doctores y abogados que trabajan para los grupos defensores dicen que los albergues no cuentan con suficientes consejeros y muy a menudo recurren a poderosos medicamentos psicotrópicos cuando los menores pierden el control.
Bajo las leyes de la mayoría de los estados, antes de que un menor sea medicado, un padre, tutor, o cualquier autoridad en representación del padre de familia –ya sea un tutor ad litem, nombrado por un tribunal– debe ser consultado y rendir consentimiento informado. Pero en estos albergues, los niños están solos.
El personal de los albergues quizá no sepa nada sobre el paradero de los padres o familiares, e incluso cuando dicha información está disponible, según los defensores, los albergues por lo regular no se contactan con las personas indicadas. Ni siquiera buscan la aprobación de la Corte. En su lugar, ellos actúan de manera unilateral, administrando medicamentos psicotrópicos a los menores que no saben lo que se están tomando ni qué efectos dichos medicamentos puedan tener.
“Estos medicamentos no son dados a los menores sin costo alguno, con sus cerebros y cuerpos aún en crecimiento los medicamentos psicotrópicos tienen un sustancial costo en el presente y futuro de un menor”, dijo la doctora Amy Cohen, una psiquiatra que trabaja como voluntaria en los albergues fronterizos.
“Una persona cuya única obligación es ver, con los mejores intereses en mente, por la preservación y bienestar de cualquier menor –ya sea un padre o tutor ad litem– el papel de estas personas es desesperadamente necesario en estos momentos”.
Gabriela es una de cinco inmigrantes menores de 18 años que fungen como demandantes en una demanda colectiva presentada el mes pasado en una Corte federal en Los Ángeles en contra de Alex Azar, jefe del HHS, y Scott Lloyd, director de la ORR. La demanda sostiene que los menores están siendo sobremedicados sin consentimiento informado.