• Investigaciones revelan ambiente dañino
Diez investigaciones muestran “frecuentes fallas graves en el cumplimiento de los reglamentos”
Los Ángeles— Ante el clamor público en contra de la separación de las familias migrantes en la frontera, el Gobierno de Trump ha señalado que está explorando la idea de ampliar significativamente los centros de detención familiar. Sin embargo, dos de los propios consultores médicos del Gobierno dijeron esta semana que identificaron “un alto riesgo de daño” para los niños migrantes alojados en ese tipo de instalaciones.
Una serie de diez investigaciones realizadas en los últimos cuatro años –es decir, tanto durante el Gobierno de Barack Obama como el de Donald Trump– “reveló frecuentes fallas graves en el cumplimiento de los reglamentos, que derivan en daño a los niños”, afirmaron los dos médicos, Scott Allen y Pamela McPherson, en una carta dirigida al Caucus de Protección a los Denunciantes del Senado.
Los médicos mencionaron “haber visto con horror” cómo separaban a los niños migrantes de sus familias durante los meses anteriores en un intento por disuadir a quienes cruzan la frontera sin papeles. No obstante, advirtieron que el plan alternativo del Gobierno podría no ser mucho mejor.
“La otra opción, detener a los niños junto con uno de sus padres, también implica un alto riesgo de daño para los niños y sus familias”, aseveraron los doctores que actualmente fungen como “expertos en la materia” para la Oficina de Derechos y Libertades Civiles del Departamento de Seguridad Nacional. “Según nuestra opinión profesional, no existe programación suficiente que pueda aminorar los daños causados por el confinamiento de los niños en centros de detención”.
Las exploraciones descritas en su informe revelaron problemas como el de un niño que perdió un tercio de su peso corporal y un bebé con una hemorragia cerebral que no obtuvo ningún diagnóstico durante cinco días.
En un caso presentado ante un tribunal de Los Ángeles, un grupo de abogados que realizó más de doscientas entrevistas a padres y niños migrantes asientan que recabaron reportes “impactantes y atroces” sobre las condiciones en varias instalaciones de detención administradas por el Gobierno, en especial en los centros de procesamiento inicial que dirige la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza en la frontera suroeste.
Las entrevistas se realizaron durante los dos últimos meses, aunque informes similares de condiciones desagradables e incluso peligrosas en las instalaciones fronterizas han estado surgiendo incluso antes de que Trump asumiera el cargo e impusiera las actuales medidas estrictas en la frontera.
En las entrevistas más recientes, los migrantes informaron sobre condiciones de frío extremo, baños sucios, agua inadecuada para beber y alimentos que estaban congelados o les provocaban vómito. “Los burritos estaban mohosos”, afirmó una de las personas detenidas. “El jamón se veía verde”, dijo otra.
Una mujer, a la que se identificó como Lidia, dijo que ella y su hijo de 4 años tuvieron que esperar ocho horas para que les dieran agua cuando llegaron al centro de procesamiento y que sólo les dieron unos emparedados congelados que no podían comerse. “Mi hijo lloraba de hambre”, dijo.
Lidia llegó al día siguiente al centro de detención familiar Dilley en Texas con una infección renal que se había exacerbado por la falta de agua potable en el centro de procesamiento. Contó que un enfermero sólo le dio acetaminofén y que, cuando ella le pidió ver a un médico, le dijo que más bien fuera al consultorio de salud mental, “porque el dolor era imaginario”.
Una chica de 16 años llamada Keylin dijo que las guardias en las instalaciones fronterizas de procesamiento en McAllen, Texas, la patearon e hicieron lo mismo con otras migrantes para que se mantuvieran despiertas. “Las guardias hicieron que las otras chicas y yo nos desnudáramos frente a ellas y nos miraban con lascivia frente a sus regaderas”, asentó en su declaración.
Ningún vocero del Departamento de Seguridad Nacional respondió a nuestras solicitudes de comentarios sobre la carta para el Caucus de Protección a los Denunciantes.
Sin embargo, en el caso presentado ante un tribunal de Los Ángeles, el vocero del Departamento de Justicia, Devin M. O’Malley, citó un informe reciente para el juez de parte de Henry Moak Jr., director de contabilidad de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, quien entrevistó a 38 niños y a varios padres durante ocho visitas a las instalaciones de detención. El funcionario concluyó que el Gobierno actúa en conformidad con el decreto de consentimiento de 1997, conocido como el acuerdo de Flores, que exige un trato humanitario para los niños migrantes.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas actualmente administra tres centros de detención, dos en Texas y uno en Pensilvania, que juntos tienen una capacidad para 3 mil 326 personas. Bajo las condiciones del decreto de consentimiento de 1997, los niños no pueden estar confinados en esos centros durante más de veinte días.
No obstante, una mujer de El Salvador, entrevistada como parte del caso de Los Ángeles, informó que ella y su hijo de 10 años habían estado encerrados en el centro de detención familiar en Dilley durante 58 días. Otra mujer dijo que ella y su hija de 6 años habían estado en Dilley durante 45 días.
La carta de Allen, ex jefe del Departamento de Medicina Interna de la Universidad de California, campus Riverside, y McPherson, psiquiatra especialista en niños y adolescentes del Centro de Salud Conductual Shreveport en Luisiana, conmina al Congreso estadounidense a bloquear la propuesta del Gobierno de Trump de aumentar la población alojada en estos centros a 15mil –cinco veces más que la actual–.
Durante diez investigaciones a instalaciones de detención familiar realizadas entre 2014 y 2017, según informaron los médicos, descubrieron fallas graves en el cumplimiento de los estándares que podrían multiplicarse si se implementa “una expansión apresurada de la detención familiar”.
Entre otros problemas, descubrieron una “pérdida de peso significativa” en los niños que no se detectaba, como la del bebé de 16 meses que perdió un 31,8 por ciento de su peso corporal debido a una diarrea no tratada. En otro caso, describieron a un bebé de 27 días a quien su madre dio a luz durante su travesía, pero que no fue examinado por un pediatra hasta que convulsionó debido a una hemorragia cerebral no diagnosticada.
En un centro, según informan los médicos, “muchos niños” recibieron accidentalmente dosis para adultos de una vacuna. Varios niños sufrieron daños “graves”, como laceraciones y fracturas de dedo, cuando sus manos quedaron atrapadas en el cerrojo con resorte de las puertas de acero del centro familiar Karnes en Texas, que antes era una prisión de mediana seguridad.
Ron Wyden, senador demócrata de Oregón, señaló en una declaración que el informe de los médicos “se suma a la montaña de pruebas de que el enfoque cruel e ineficaz de este Gobierno hacia el control de la inmigración está provocando un daño permanente en los niños”.
Los funcionarios del Gobierno de Trump han dicho que están decididos a detener a las familias el mayor tiempo posible mientras sus casos migratorios están bajo consideración, a pesar de que el Departamento de Justicia hace poco fracasó en su propuesta de enmendar el decreto de consentimiento de 1997 para permitir que las detenciones familiares se extendieran más allá de los veinte días. Se espera que el Gobierno presente una apelación al fallo o le pida al Congreso estadounidense aprobar una ley para invalidar el decreto de consentimiento.
La cantidad de migrantes en familia que aprehendía la Patrulla Fronteriza rondaba los 70mil en 2015 y 2016, pero cayó a cerca de 30mil durante el primer año del mandato del presidente Trump. No obstante, el número se elevó vertiginosamente este año.