‘Perdidos’, 410 padres deportados sin hijos
Amonesta juez a Trump por fallos en la reunificación
Austin— Oficiales federales tienen que explicar cómo van a reunir a más de 400 niños migrantes con sus padres que fueron deportados sin ellos: noticias “inaceptables” para el juez que ordenó al Gobierno que lo hiciera.
En un documento que envió a la Corte esta semana, el Gobierno señaló que la tarea de reunir a las familias debería ser llevada a cabo por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), un grupo de activistas que demandó y tuvo éxito al obtener la orden de reunificarlos, aunque el Gobierno debería “facilitar la comunicación”. ACLU respondió que el Gobierno “debe llevar a cabo la tarea de encontrar a los padres” porque “fue la práctica inconstitucional de separarlos lo que provocó esta crisis”.
Además de los 410 padres que han sido deportados, la administración tiene que localizar a 68 padres que fueron liberados en Estados Unidos.
Este viernes, al continuar con el caso de la reunificación en una conferencia que se llevó a cabo en la Corte en San Diego, el juez de Distrito Dana Sabraw les comentó a los abogados del Departamento de Justicia que considera como “decepcionante” el que no hayan acatado sus órdenes.
“La realidad es que hay cerca de 500 padres que no han sido localizados. Todo esto es resultado de la separación que hizo el Gobierno y de su inhabilidad para rastrearlos y reunirlos”, dijo Sabraw.
“Por cada padre que no ha sido localizado, habrá un niño huérfano permanentemente. Y todo eso es responsabilidad al 100 por ciento de la administración”.
Fue la primera vez que Sabraw reconoció públicamente la posibilidad de que la política de separación de familias que implementó el Gobierno pueda dejar a algunos niños sin sus padres de manera permanente. Esa situación podría dejarlos bajo el cuidado del Gobierno federal, que cuida a aproximadamente 12 mil niños migrantes no acompañados, algunos de ellos están en albergues con historias llenas de problemas.
ACLU y otros grupos de activistas se están movilizando para localizar a los padres migrantes que fueron deportados, la mayoría de los cuales, según dijo Lee Gelernt, abogado de ACLU, están en Honduras y Guatemala.
El desafío para los grupos no lucrativos y de activistas que los buscan es que tienen poca información acerca del lugar en donde se encuentran esos padres. De algunos de ellos, dijo Gelernt, los activistas sólo tienen enlistado el nombre de una calle, sin número. En otros casos, la única información que tienen sobre su domicilio es una ciudad de varios cientos de miles de personas.
El Gobierno, señaló Gelernt, tiene más información sobre los padres –incluyendo, en muchos casos, un número de teléfono para contactarlos– que tiene que proporcionar. Se ha resistido a proporcionar más información, ya que al hacerlo, según dijo Scott Stewart, abogado del Departamento de Justicia, podría ser “muy pesado”.
Sin embargo, Sabraw le ordenó al Gobierno que proporcionara esa información a ACLU para el 10 de agosto y dejó en claro que espera que los oficiales federales hagan un mayor esfuerzo. “Esa responsabilidad le corresponde 100 por ciento”, dijo.
El juez le pidió al Gobierno que designe una persona para que supervise el proceso, sin embargo, Stewart objetó al decir que es algo que el Gobierno “debe ver”.
Luego, el juez le pidió a ACLU que designe un comité para facilitar sus esfuerzos. Gelernt replicó que ya lo hizo.