¿Por qué el Gobierno quiere conocer tu estatus de ciudadanía?
Nueva York— En marzo, la administración Trump incluyó para el censo 2020 una pregunta en la que, por primera vez en más de 50 años, se pide el estatus sobre la ciudadanía de la gente. Funcionarios del Ejecutivo han asegurado que el Departamento de justicia necesita ese dato a fin de implementar en forma adecuada el Decreto sobre los Derechos al Voto. Pero el mes pasado el Gobierno entregó como parte de una demanda federal un conjunto de e-mails que despiertan considerables dudas al respecto. La presión por incluir la pregunta desató asimismo inquietudes en torno a cómo podrían usarse dichos datos durante el próximo ciclo de redistritación, el cual comienza en el 2021.
El consejo editorial habló con Vanita Gupta, presidente de la Conferencia de Líderes sobre Derechos Humanos y Civiles, que entre el 2014 y el 2017 dirigió en el Departamento de Justicia la división de derechos civiles.
-¿Qué es lo más importante aprendido al darse a conocer estos documentos?
Los documentos demuestran que, a pesar de lo que han sostenido funcionarios de la administración, la decisión de incluir una pregunta referente al estatus de ciudadanía en el censo 2020 se tomó durante los primeros días del gobierno de Trump, y se tomó sin tener ninguna consideración acerca de las consecuencias para el éxito y la precisión del censo, por precisión científica ni por el propio criterio de la Oficina del Censo.
-Entonces ¿qué hubo detrás de que se incluyera la pregunta?
La participación de personas como Steve Bannon y Kris Kobach —el secretario de Estado de Kansas y uno de los principales impulsores de la idea de que es frecuente el fraude electoral por parte de personas no ciudadanas— dice todo lo que hace falta saber acerca la razón verdadera de la pregunta. Se trata de personas que desde hace largo tiempo tienen una agenda profundamente antiinmigrante. Quieren redefinir y restructurar la democracia estadounidense a fin de preservar su poder político en un momento cuando está cambiando de manera considerable la composición demográfica de este país.
Y esta pregunta sólo es el principio. Tiene que ver con los esfuerzos por eliminar electores y restringir los derechos al voto; con medidas destinadas a retirar la ciudadanía a ciudadanos estadounidenses; y con conspiraciones para invalidar el derecho por nacimiento a la ciudadanía.
-¿Cuáles comunidades tienen mayor riesgo de ser contadas de menos?
Sabemos cuáles son las comunidades más difíciles de contar: las comunidades de color, las comunidades rurales, los hogares de bajos ingresos, los inmigrantes, los niños de menos de cinco años. Aun ante de añadirse la pregunta, entre las comunidades inmigrantes en particular había un temor tremendo de reportar datos personales al Gobierno. La inquietud es que sus datos se usen en su contra con propósitos de detenerlos o de otro tipo.
Yo creo que con estos esfuerzos se quiere recurrir a diversas tácticas a efecto de usar el censo para redefinir la democracia estadounidenses para un grupo reducido de personas. Están intentando modificar de manera fundamental lo que es este país, y lo que aspira a ser, creando clases distintas de personas —incluyendo gente que se encuentre legalmente aquí pero que sea considerada invisible para propósitos de representación política, así como para propósitos de formar parte de la comunidad y tener acceso a policía, atención a la salud, hospitales, escuelas y servicios similares.