Debe el gobierno solucionar su desastre
Washington— Mientras uno recorre las majestuosas calles de Washington, D.C. y trata de asimilar la impresionante escala y exquisita arquitectura de los múltiples departamentos, agencias y comisiones del gobierno federal -que son más de 430 según algunas estimaciones- sólo le queda asombrarse del tamaño real, recursos y poderío de la Unión Americana de Libertades Civiles, ACLU por sus siglas en inglés.
Esta fue en resumen la postura que el Departamento de Justicia pareció tomar en la corte la semana pasada, ya que argumentó que ACLU, y no el gobierno de Estados Unidos, es el que tiene que solucionar el desastre derivado de la breve pero incalculable dañina campaña de la administración Trump para separar a cientos de niños migrantes de sus padres.
El gobierno dijo a través de un documento de la corte que ACLU, que representa a los padres, debería usar sus “considerables recursos” y grupos de activistas, abogados y voluntarios para reunir a cientos de familias que permanecen separados a pesar de la orden que giró el juez de Distrito Dana Sabraw para que fueran reunidos.
“Esta responsabilidad es 100 por ciento del gobierno”, dijo.
Sin utilizar su característica sutileza, Sabraw, quien fue designado por un republicano, fue más allá.
“La realidad es que por cada padre de familia que no es localizado, habrá un niño huérfano permanentemente y eso es 100 por ciento la responsabilidad de la administración”, señaló.
ACLU manifiesta que está preparado para ayudar a reunir a las familias, pero es absurdo que el gobierno trate de encomendarle ese trabajo y evitar su propia responsabilidad.
Si uno considera la tragedia que han sufrido cientos de familias por la imprudente y torpe crueldad de la política de separar a las familias de la administración Trump, las estadísticas pueden enmascarar la profundidad del sufrimiento infringido a cada niño, incluyendo a los más pequeños y preadolescentes, por el presidente Trump, el procurador general Jeff Sessions y la secretaria de Seguridad Interna Kirstjen Nielsen.
Ellos diseñaron la política de separación, pretendiendo específicamente disuadir a los futuros migrantes. Debido al coraje del público, Trump revirtió su política de “cero tolerancia” seis semanas después que fue emitida.
Sin embargo, el daño es duradero, a pesar de la orden que dio Sabraw de que más de 2 mil 500 niños fueran regresados a sus padres a finales de julio, más de 400 de ellos, cuyos padres fueron deportados, permanecen en albergues del gobierno.
Oficiales federales, quienes no tenían planeado reunir a las familias, tampoco tienen planes para localizar a sus padres, la mayoría de ellos originarios de Guatemala y Honduras, quienes ya habían sido removidos del país.
Una medida cruel e insensata de la administración es que los oficiales usualmente no recolectaron la información para contactar a las madres y padres deportados -ya sea los números de sus teléfonos celulares y domicilios- que pudieran facilitar la reunión con sus hijos.
En algunos casos, el gobierno enlistó los domicilios de los deportados a Centroamérica como “calle sin nombre”. Seguramente eso será muy útil.
Sabraw le ordenó a la administración que designara a una persona para que supervisara el doloroso proceso de rastrear a los padres de familia deportados.
Mientras tanto, los abogados de la administración deberían tomar un curso que los ayude a refrescarles el significado de la responsabilidad personal.
Por supuesto, la responsabilidad final recae en los líderes de la administración a quienes les importaron muy poco esos seres humanos que ahora están pagando un alto precio.