‘Se perderían $460 billones si ponen fin a DACA’
Nueva York–El miércoles, un juez federal escuchó argumentos del intento que Texas y ocho otros estados están haciendo por poner fin al programa de Acción Diferida para Personas Llegadas durante su Infancia, el cual dicen va más allá de la autoridad del presidente Obama e impuso una fuerte carga financiera a los gobiernos estatales que deben pagar los costos de la inmigración ilegal.
Una coalición de alcaldes de poblaciones fronterizas y grupos empresariales, entre ellos las aerolíneas Southwest y United, presentaron un escrito en el caso en el cual argumentan que poner fin al programa conocido como DACA por sus siglas en inglés y dejar fuera de la economía a trabajadores jóvenes podría costar 460 billones de dólares en actividad económica en el curso de la próxima década.
El juez Andrew S. Hanen del Juzgado de Distrito Federal en Houston no señaló la fecha cuando emitirá su fallo, mientras que diversas preguntas continúan rondando en torno a una de las pocas iniciativas inmigratorias significativas que ha impulsado el Gobierno federal en los últimos años.
La administración Trump anunció en diciembre la cancelación del programa. Al Congreso le correspondía, dijeron funcionarios de la administración, presentar una solución para los inmigrantes jóvenes antes de que vencieran sus permisos. Pero meses de estira y afloja legislativa no han conducido a ninguna parte. Mientras tanto, grupos opositores y defensores del programa han recurrido a los tribunales con la esperanza de revivirlo –o de suspenderlo de una vez por todas.
Es poco probable que se solucione pronto el estancamiento. Lo anterior se debe a que al parecer varios juzgados federales que están analizando el futuro del DACA están tomando caminos contradictorios y, a menos que intervenga el Congreso, tal vez sólo la Suprema Corte logre resolver el asunto.
La demanda en Texas complica aún más las cosas. Fue a dar al juez Hanen, quien en el 2015 falló contra el Programa de Acción Diferida para Padres de Estadounidenses, con el cual se pretendía proteger de la deportación a algunos padres de ciudadanos y residentes legales.
En la audiencia del miércoles, los abogados de Texas dijeron que el juez debe emitir un amparo temporal poniendo fin al programa.
Texas argumenta que el DACA presenta pocas diferencias con el Programa de Acción Diferida para Padres de Estadounidenses, por lo que el juez Hanen debe actuar igual. Pero los abogados del Fondo Educativo y de Defensa Legal Mexicoestadounidense –el cual representa a 22 beneficiarios del DACA– señalaron una gran diferencia: el DACA ya lleva años en vigor, argumentaron en los juzgados, mientras que Texas no ha podido probar que el programa haya perjudicado al estado.
Coalición de alcaldes fronterizos y grupos empresariales presentan escrito