Denuncian abuso por revisiones corporales
Demandan 11 mujeres migrantes, entre ellas dos menores, a oficiales de CBP
El Centro por la Integridad Pública investiga al menos 11 casos registrados de revisiones corporales invasivas desde el 2011 que despiertan inquietantes dudas en torno al considerable poder que las autoridades tienen de detener personas en los 328 puertos de entrada de Estados Unidos, resaltando las preocupaciones de los críticos por la rendición de cuentas de los funcionarios de Aduanas y Protección Fronteriza ahora que la administración Trump pretende ampliar la corporación y aumentar las detenciones migratorias.
El Gobierno ha alcanzado acuerdos extrajudiciales en algunos de estos casos antes de que llegaran a los tribunales, evitando así testimonios potencialmente incriminatorios por parte de los agentes acusados de actuar indebidamente.
Las mujeres que han demandado, entre ellas dos menores de edad, dicen que los agentes de la corporación conocida como CBP las han sometido a tratos indignos –como revisarlas desnudas cuando están menstruando o inspecciones genitales prohibidas– a pesar de no encontrar contrabando.
Cuatro mujeres alegan asimismo que las esposaron y las trasladaron a hospitales donde, contra su voluntad, se les hizo un examen pélvico y se les tomaron rayos X. En uno de los casos, en la demanda se sostiene que la mujer fue drogada vía intravenosa en el hospital, de acuerdo con las demandas.
Dichos procedimientos médicos requieren el consentimiento de la detenida o una orden judicial. En dos de los casos, las demandantes dicen que se les cobró a ellas.
Seis de las demandas terminaron en convenios financieros por más de 1.2 millones de dólares a cargo de los contribuyentes. Otros siguen pendientes. Un jurado falló contra una demanda.
En una demanda interpuesta en un juzgado federal de San Diego a nombre de una menor hispana de 16 años, identificada como C.R., se alega que en septiembre CBP la sometió a ella y a sus hermanas adultas a una revisión corporal en el puerto de entrada de San Ysidro cuando regresaban de visitar a parientes en México. Un perro policía señaló a las hermanas en una alerta falsa sobre drogas, se asegura en la demanda.
Unas agentes separaron a C.R. y presuntamente dijeron a la llorosa menor que se desvistiera, entregara una toalla sanitaria e hiciera cuclillas y tosiera “mientras las agentes revisaban y le iluminaban las zonas vaginal y anal con una linterna”, se lee en la demanda.
En los archivos se muestra que en el 2015 el Gobierno federal acordó entregar 500 mil dólares a una mujer que dijo haber sido sometida a un prolongado suplicio cuando llegó a un puerto terrestre de entrada y fue esposada.
Los agentes confundieron a la mujer con alguien con el mismo nombre contra quien había una orden de arresto por drogas. La mujer, de 52 años, dijo que fue puesta junto con otras tres detenidas, que una agente de CBP la revisó de manera invasiva y luego fue trasladada a un penal.
“La agente me apretó con fuerza los pechos y me metió un dedo en la ropa interior y la vagina. ¡Lo hizo con el mismo guante con el que había revisado a tres mujeres antes que a mí!”, escribió la mujer en e-mail dirigido a un agente de CBP, de acuerdo con la demanda.
“La demandante estaba visiblemente molesta, llorando y profesando su inocencia”, se alega en los documentos procesales. Los agentes presuntamente la llamaron “histérica”, se asegura.
En los documentos se aprecia que las revisiones corporales se han intensificado y que los abogados intentaron defender a la dependencia antes de buscar un acuerdo extrajudicial.
Timothy Scott, el abogado que representó a la mujer confundida en San Diego, señaló que numerosos inmigrantes proceden “de países donde criticar a las autoridades no sirve de nada… a mí no me cabe duda de que están reportándose menos casos de revisiones invasivas de los que ocurren”.
Pero en los archivos gubernamentales no se abordan estas inquietudes. En la base de datos del Departamento del Tesoro donde se mencionan los acuerdos extrajudiciales, tres demandas donde se alegan revisiones anticonstitucionales están clasificadas como “arrestos en falso” y tres como “miscelánea”. (The Washington Post)