Ganan millones con grilletes electrónicos
El abandono, por parte de las autoridades federales, de la política de separar a las familias inmigrantes indocumentadas detenidas en EU, ahora significa que muchos padres y niños son liberados rápidamente, sólo para ser equipados con dispositivos electrónicos de monitoreo: una práctica a la que el Gobierno y los grupos de defensa se oponen por diferentes razones.
El Servicio de Inmigración y Aduanas está emitiendo miles de monitores de tobillo de 5.5 onzas (155 gramos) de peso a los que los inmigrantes llaman grilletes electrónicos, los cuales reportan grandes ganancias para GEO Group, el segundo mayor contratista de prisiones privadas del país.
Los funcionarios del Gobierno dicen que los dispositivos son efectivos para lograr que las personas se presenten ante un tribunal de inmigración, pero que dejan de trabajar una vez que comienzan los procedimientos de deportación. La razón, según explican abogados y las personas que usaron los dispositivos o ayudaron a monitorearlos, es simple: algunos inmigrantes simplemente los abandonan y desaparecen.
Liberan a miles de indocumentados con monitores en tobillos
Defensores de los inmigrantes y expertos legales argumentan, mientras tanto, que los dispositivos –que se usan comúnmente para personas en libertad condicional– son inapropiados e inhumanos para las personas que buscan asilo en Estados Unidos. La American Bar Association los califica como “una forma de restricción a la libertad similar a la detención, en lugar de una alternativa significativa a ser detenidos”.
El Congreso estableció por primera vez el programa en 2002, aunque los monitores de GPS se hicieron más comunes a medida que las deportaciones aumentaban a niveles récord durante la administración del presidente Barack Obama, con un promedio de más de 385 mil arrestos anuales entre 2008 y 2012. Su uso aumentó aún más después de 2014, cuando miles de familias y menores no acompañados comenzaron a viajar a la frontera de EU y México pidiendo asilo, huyendo de pandillas y contrabandistas de drogas o violencia doméstica en América Central.
A principios de este año, las familias inmigrantes fueron separadas como parte de un programa de “tolerancia cero”. Pero el presidente Donald Trump revirtió esa política con una orden ejecutiva en junio, lo que significa que las familias reunidas son tratadas como otros solicitantes de asilo. Por lo general, los detienen durante unos días, luego emiten monitores de tobillo y los liberan para vivir con amigos o parientes que ya se encuentran en los Estados Unidos, a medida que avanzan en un proceso que puede llevar años.
Decenas de miles
A principios de julio, había casi 84 mil 500 participantes activos en el Programa de Supervisión Intensiva de la Aparición, de ICE, o en otras alternativas a ser detenido: más del triple de las registradas en noviembre de 2014. Alrededor del 45 por ciento de los participantes recibieron monitores GPS, el 53 por ciento se reportan por teléfono, a través de la verificación biométrica por la voz, y el 2 por ciento usa aplicaciones de reconocimiento facial.
El portavoz de ICE, Matthew Bourke, dijo que los inmigrantes en supervisión intensiva acuden puntualmente por lo general a los tribunales de inmigración, pero que los monitores de tobillo y otras medidas “no son una herramienta efectiva” después de que se emitan órdenes de deportación. No hay información confiable sobre el número de personas con grillete de tobillo que se los quitan y huyen, especialmente cuando la deportación es inminente, pero los expertos dicen que es una cifra alta.
“La gente puede simplemente cortarlos si lo desea”, dijo Sara Ramey, abogada de inmigración de San Antonio, a cuyos clientes solicitantes de asilo se les asignan rutinariamente monitores de tobillo. “Realmente no garantiza el cumplimiento de la ley”.
La información más reciente disponible fue en 2012, cuando el informe anual de un contratista (más tarde referenciado en un informe del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional 2015) mostró que 17 mil 524 personas, o alrededor del 65 por ciento de casi 40 mil 500 participantes, abandonaron el programa de supervisión intensiva ese año. De ellos, alrededor de un quinto fueron deportados o se les otorgó asilo, mientras que alrededor del 5 por ciento “huyeron”.
El resto fue arrestado, violó otras reglas del programa o ya no se le requirió participar por razones no especificadas, lo que determinó que fuera imposible establecer la verdadera tasa de éxito del programa.
Obstáculo administrativo
Muchos miembros de la administración Trump ven una alternativa a los programas de detención como un obstáculo para su meta más grande de mantener a los inmigrantes bajo custodia, lo que ayuda a resolver los casos judiciales más rápido y conduce a más deportaciones.
Los funcionarios querían mantener a las familias detenidas hasta que se completaran sus casos, pero un acuerdo federal sobre el manejo de niños bajo custodia del Gobierno generalmente evita que los jóvenes sean detenidos por más de 20 días. Mientras tanto, los monitores de tobillo y otras alternativas a los programas de detención dieron como resultado la expulsión de EU de 2 mil 430 personas en el año fiscal 2017, dijo Bourke. Esto equivale a un costo promedio de 75 mil 360 dólares por deportación.
El gasto general en alternativas a la detención se elevó a $183 millones para el año fiscal que terminó el 30 de septiembre de 2017, frente a $ 91 millones en 2014, dijo Bourke. En el mismo período, el número de deportaciones para personas en el programa sólo aumentó en 273, de 2 mil 157 a 2 mil 430: sólo alrededor del uno por ciento de las más de 226 mil personas que ICE deportó durante el mismo período, dijo Bourke.
La estadía promedio de ICE en detención migratoria es de aproximadamente 40 días, mientras que el tiempo promedio para que los inmigrantes que no están bajo custodia tengan sus casos programados en la corte migratoria es más de ocho años.
Aunque los costos diarios son menores cuando se libera a los inmigrantes con monitoreo electrónico en lugar de mantenerlos bajo custodia, el costo promedio de la detención es de aproximadamente $5 mil 500, comparado con $16 mil para alguien liberado pero que permanece bajo vigilancia durante años, dice la administración Trump.
Todo un éxito para el proveedor
Esa es una razón clave por la cual los monitores de tobillo han sido una bendición para GEO Group, con sede en Boca Raton, Florida, que en 2010 adquirió Behavioral Interventions Inc. de Boulder, Colorado, por 410 millones de dólares. Un año antes, Behavioral Interventions había asegurado el primer contrato de supervisión a nivel nacional de ICE para inmigrantes que se encuentran ilegalmente en el país. GEO firmó un contrato de supervisión intensivo en 2014 que ha sido renegociado varias veces y expira en noviembre.
GEO dice, según su contrato, que debe remitir todas las preguntas a ICE.
Los monitores de tobillo solían ser otorgados con mayor frecuencia a mujeres con niños pequeños, pero ahora se utilizan cada vez más para todo tipo de inmigrantes.
Sandra –quien pidió que su nombre completo no sea publicado para no poner en peligro su caso de asilo– dijo que dejó el poblado de La Unión el Pozo Sayaxche, en el norte de Guatemala, con su hijo de 12 años, Juan Carlos, el 12 de mayo. Dijo que huyó porque se enfrentó a la discriminación debido a su piel oscura, pero también fue atacada sexualmente por un hombre que la amenazó con matarla si acudía a la Policía.
La pareja caminó a través de la noche y se entregaron a las autoridades de Estados Unidos aproximadamente tres semanas después. Estuvieron retenidos en diferentes centros de detención de Texas durante casi dos meses, luego se reunieron y fueron liberados, pero no antes de que ella obtuviera un monitor de tobillo. Ahora viven en Nueva Jersey, donde debe reunirse periódicamente con un funcionario de inmigración.
“Me siento torturada”, dijo Sandra. “No estoy en uno de esos centros de detención, gracias a Dios, pero aún me siento prisionera”.
Los dispositivos tienen baterías recargables que a menudo duran seis horas o menos y deben estar encendidas en todo momento. Taylor Levy, coordinador legal de Casa Anunciación en El Paso, organización que ha acogido a cientos de familias reunidas, dijo que la mayoría de los adultos inmigrantes reciben monitores de tobillo y muchos se quejan de que les provocan sarpullidos, ejercen una presión dolorosa y dificultan el vestirse.
Si la batería de un dispositivo muere o golpea contra algo, se activan las alarmas y se activan órdenes en español, por lo general ordenando a los usuarios que llamen a sus trabajadores sociales. Lo mismo ocurre cuando un monitor registra una geolocalización fuera del área donde el usuario está restringido. Los inmigrantes que reciben monitores de tobillo generalmente también deben quedarse en sus casas los días asignados para visitas no anunciadas, o deben registrarse personalmente con los trabajadores de casos migratorios. (Associated Press)