Financian hospitales a costa de texanos pobres
Austin— Un viernes por la tarde a finales de junio, Cassandra Pappas acudió a un edificio municipal situado en el Noreste de Austin, con la esperanza de reclamar una última parte de su vida después de seis años de sobriedad.
Pappas, de 35 años, estaba allí para solucionar una cuestión llamada
Clínica de Recuperación de Licencias de Conducir, de la que había escuchado a través de su grupo de Alcohólicos Anónimos.
La clínica, que es un nuevo programa administrado por la Ciudad de Austin y el grupo de activistas legales de Texas, Proyecto de Defensa Justa, pretende ayudar a las personas cuyas licencias de conducir han sido suspendidas únicamente debido a que no pueden pagar las multas de tránsito.
“Es difícil porque es algo constante en mi vida que no he podido reparar en muchos años”, dijo. “En todo lo demás he trabajado duro para ponerlo en orden y eso quedó pendiente, y no hay manera de que tenga dinero para solucionarlo en este momento. Aun cuando quiero hacerlo”.
Programa de traumatología se paga con multas de guiadores reincidentes
Austin— Pappas, que tiene tres niños pequeños, no ha tenido una licencia válida por lo menos en ocho años. Tan sólo en el Condado Travis, debe mil 300 dólares de recargos por las multas que le impusieron hace más de una década por ofensas como dar vuelta a la derecha en rojo ilegalmente y conducir sin tener un seguro.
Aun en este momento, no sabe cuáles multas dieron como resultado los recargos o cuándo fue suspendida exactamente su licencia.
Durante ese tiempo, ha seguido conduciendo para ir a su trabajo y llevar a sus hijos a la escuela, siempre temerosa de ser detenida.
“En muchas ocasiones, cuando uno lleva a bordo a sus hijos, las autoridades se encargan de advertirte o hablar acerca de eso. Pero uno nunca sabe si le pueden decir “lo siento, pero va a tener que llamar a alguien para que recoja a sus niños o vamos a tener que arrestarla frente a ellos, eso es lo más terrible”, comentó Pappas.
“No me gustaría que mis hijos vieran eso. El saber que puede suceder por algunos recargos es algo tonto”.
En Texas, las personas que no han pagado sus multas pueden perder su licencia de conducir debido a dos políticas estatales.
El Programa de Responsabilidad del Conductor, que los legisladores estatales promulgaron en el 2003, cobra cuotas adicionales en ciertas ofensas como circular a exceso de velocidad, manejar sin seguro o hacerlo intoxicado.
Si alguien no paga o se suscribe a un plan de pagos para liquidar esos recargos dentro de 30 días, el Estado automáticamente le suspende la licencia de manejar.
También detiene a las personas que intentan renovar sus licencias si no comparecen ante la Corte como respuesta al citatorio o no pagan las multas adicionales.
Aunque el Departamento de Seguridad Pública no le da seguimiento al número de personas que no pueden manejar legalmente debido a los recargos no pagados de la Responsabilidad del Conductor, un portavoz proporcionó cifras que muestran ese dato a partir de enero del 2018; existen aproximadamente 1.4 millones de registros de personas que no son elegibles para obtener su licencia bajo ese programa.
El programa surgió mientras los legisladores estaban buscando una manera de financiar el Sistema de Atención Traumática de Emergencia del Estado, que es un proyecto enormemente caro que requiere una red de hospitales con equipo de vanguardia y médicos de guardia.
La idea era la de responsabilizar a los malos conductores del daño que causaron, y con la suspensión de la licencia obtendrían un beneficio adicional al mantenerlos fuera de las carreteras.
“Las personas están muriendo en las áreas rurales”, comentó Leni Kirkman, portavoz del Sistema de Salud de la Universidad que tiene su base en San Antonio.
Actualmente, comentó Kirkman, existe una red que está trabajando para proporcionar una atención de calidad “ya sea que alguien se lesione en la ciudad de San Antonio a cinco minutos de un centro de traumatología o en la ciudad de Del Río, que está a tres horas de distancia de un centro de ese tipo”.
Sin el financiamiento estatal, los hospitales más pequeños y rurales se rehusaron a ser designados como centros de traumatología porque no tenían recursos para eso, comentó Kirkman, dejando partes del estado sin una atención confiable en situaciones que usualmente son de vida o muerte.
El número de centros de traumatología en Texas ha aumentado de 248 en el 2006 a unos 280 en el 2018, lo cual significa que aproximadamente el 75 por ciento del estado tiene actualmente un acceso inmediato a ese tipo de clínicas.
Sin embargo, el programa que permitió este crecimiento ha dado como resultado un ciclo profundo de deuda para aquellos que no tienen con qué pagar. Las ofensas relacionadas con la seguridad que no es pública como manejar sin seguro o sin una licencia válida representan la vasta mayoría de casos en los que no se han pagado los recargos.
De acuerdo a la información del Departamento de Seguridad Pública, las violaciones por manejar en estado de ebriedad y por circular a alta velocidad –que es el tipo de ofensas que es más probable que envíen a las personas a los centros de traumatología– representan menos del 12 por ciento de los casos de recargos no pagados.
Actualmente, existe un acuerdo casi universal entre los legisladores estatales, tanto republicanos como demócratas, de que el programa tiene profundas fallas y sanciona injustamente a los miembros más vulnerables de la sociedad.
“Odio el programa”, comentó el representante estatal James White, quien es republicano por Hillister y que la sesión anterior presentó una propuesta de ley para revocarla.
“No es que esté tratando de convertirme en un guerrero de justicia social. Es que se trata de una trampa para muchas personas”.