Negarán green card por recibir subsidios
Washington— La administración de Trump hará que sea mucho más difícil para los inmigrantes venir a Estados Unidos o permanecer en el país si utilizan, o son susceptibles de emplear, cupones de vivienda, subsidios de alimentos y otras formas de asistencia pública “no monetaria”, bajo una nueva propuesta anunciada el sábado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Las leyes de inmigración de EU han contenido durante mucho tiempo disposiciones que limitan la presencia de extranjeros con probabilidades de depender de la ayuda financiera y, por lo tanto, de convertirse en una “carga pública”.
Pero los cambios propuestos equivalen a una amplia expansión de la capacidad del Gobierno de negar visas o residencia permanente a inmigrantes si ellos o miembros de su hogar se benefician de programas como la Parte D de Medicaid, el Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria (SNAP) o los cupones de vivienda de la Sección 8.
Obtener apoyos de vivienda, salud o comida descalificará a inmigrantes
Washington— “Bajo una ley federal de larga data, aquellos que buscan inmigrar a Estados Unidos deben demostrar que pueden mantenerse económicamente”, dijo la secretaria del DHS, Kirstjen Nielsen, en un comunicado, y agregó que los cambios propuestos “promoverían la autosuficiencia de los inmigrantes y protegerían los recursos limitados, asegurándose de que sea menos probable que se conviertan en una carga para los contribuyentes estadounidenses”.
La propuesta se publicará en el Federal Registry –el periódico oficial– en las próximas semanas, según el DHS, tras lo que comenzará un período de 60 días para comentarios públicos. “Después de que DHS considere cuidadosamente los comentarios públicos recibidos sobre la propuesta de ley, DHS planea emitir una iniciativa final de la ley que incluirá una fecha para entrar en vigencia”, dijo la agencia. Los funcionarios del DHS dicen que anticipan desafíos judiciales a cualquier cambio.
Si bien la propuesta no incluye los créditos fiscales y otros beneficios de salud que se estaban considerando en las versiones anteriores, los defensores de los inmigrantes han expresado su preocupación de que el cambio de la normativa obligue a las familias a renunciar a la ayuda para evitar poner en peligro su estado migratorio.
Pero los grupos de defensa de migrantes ven la medida como un intento más por parte de la administración Trump para limitar la inmigración legal y reducir el número de extranjeros que viven en Estados Unidos. Los datos del Censo muestran que el porcentaje de nacidos en el extranjero de la población de EU está en su nivel más alto en más de un siglo, según los principales demógrafos.
Los cambios, si se adoptan, podrían afectar a quienes solicitan visas de inmigración o a aquellos con residencia temporal que buscan permanecer en el país. Tendría poco o ningún impacto en los inmigrantes que ingresaron ilegalmente al país, pero podría pesar en los casos de los más de 600 mil beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, en caso de que soliciten la residencia permanente.
De acuerdo con versiones previas de la propuesta, que citan datos del Gobierno federal, la población nacida en el extranjero accede a los beneficios públicos prácticamente con la misma frecuencia que los estadounidenses nativos.
De los 41.5 millones de inmigrantes que viven en Estados Unidos, el 3.7 por ciento recibió beneficios en efectivo en 2013 y el 22.7 por ciento aceptó beneficios no monetarios que incluyen Medicaid, subsidios de vivienda o asistencia para la calefacción doméstica, según estadísticas compiladas por los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).
Los porcentajes de estadounidenses nativos que reciben las mismas formas de asistencia son casi idénticos. En 2015, el 3.4 por ciento de los 270 millones de estadounidenses no inmigrantes recibieron pagos de asistencia social en efectivo, según un estudio de USCIS, y el 22.1 por ciento recibió subsidios no en efectivo.
Las preocupaciones sobre la dependencia de dinero público fueron un factor importante en el énfasis del modelo de inmigración actual de Estados Unidos, basado en la reunificación familiar, y que incluye entre sus requisitos que los recién llegados tengan patrocinadores que asuman la responsabilidad financiera por ellos.
El presidente Donald Trump ha desacreditado tal sistema por facilitar lo que él llama “una horrible migración en cadena” y quiere reemplazarlo con un enfoque más selectivo basado en las habilidades laborales.
DHS dijo que los cambios contenidos en su propuesta de 447 páginas se aplicarían principalmente a aquellos que buscan admisión a Estados Unidos o extranjeros que intentan solicitar algún estatus de residencia permanente. Ciertas categorías de inmigrantes, incluidos refugiados, asilados, y afganos e iraquíes con visas de inmigrantes especiales estarían exentos de los cambios, según DHS. Los residentes legales permanentes (titulares de la tarjeta verde) que soliciten la naturalización como ciudadanos de Estados Unidos no estarían sujetos a los cambios propuestos.
La agencia estima que aproximadamente 382 mil inmigrantes por año estarían sujetos a una revisión más extensa sobre el uso de los beneficios públicos y potencialmente la residencia les sea denegada. La propuesta también permitiría que algunos de los que enfrenten el rechazo paguen fianzas de 10 mil dólares o más en efectivo, las cuales tendrían que ser proporcionados a través de una empresa aprobada por el Gobierno. El inmigrante perdería el dinero si comienza a utilizar la asistencia pública y se descubre que es una “carga pública” en los Estados Unidos, según la propuesta.