Tema de inmigración, posible conflicto entre Trump y AMLO
México no perseguirá ni criminalizará a migrantes, afirman
Ciudad de México— El próximo presidente de México, un implacable crítico de la élite gobernante, no ha expresado objeción alguna al acuerdo de libre comercio que actualmente fue concretado con Estados Unidos.
En asuntos de seguridad, el equipo del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, dice que quiere tener una relación muy productiva con la administración de Trump y mantendrá intacta su alianza en la lucha contra los cárteles del narcotráfico.
Pero si acaso llegara a haber una potencial fuente de conflicto en las relaciones de Estados Unidos y México para después del 1 de diciembre –cuando López Obrador asuma la presidencia–, es probable que sea sobre las leyes aplicables de inmigración. Es ahí donde el mexicano populista de izquierda y el presidente Donald Trump parecen estar en camino a una colisión de opiniones.
Y es que va en aumento el flujo de migrantes centroamericanos que cruzan por México para llegar a Estados Unidos, un asunto de intensos intereses políticos y personales para el presidente estadounidense.
Por lo que dicha tendencia desafía los intentos de Trump de aplicar medidas más severas en la frontera. Detener a los migrantes y solicitantes de asilo político por medio de una más dura aplicación de la ley es una prioridad para la administración de Trump. López Obrador y su equipo tienen una postura muy distinta.
“No vamos a perseguir a los migrantes. No vamos a criminalizarlos”, dijo Alejandro Encinas, el próximo subsecretario en el ministerio mexicano que estará a cargo de los asuntos de inmigración.
“Debemos dejar de ver la inmigración como un asunto de seguridad pública o seguridad nacional, o como la seguridad nacional de Estados Unidos”.
Tales posturas hacen eco de las declaraciones hechas por López Obrador durante su campaña presidencial, cuando dijo que México ha estado haciendo el “trabajo sucio” de Washington al capturar a los centroamericanos que vienen “huyendo de la violencia y la miseria”.
El mes pasado, la administración de Trump notificó al Congreso que planea transferir 20 millones de dólares de los fondos de apoyo económico del Departamento de Estado al programa del Departamento de Seguridad Nacional que ayudará a México detener y deportar a más migrantes. México no ha aceptado el dinero.
El viernes, un vocero de Marcelo Ebrard, quien fue seleccionado como ministro de relaciones exteriores del nuevo gobierno de México, dijo que los fondos ofrecidos por la administración de Trump “no son necesarios”
El actual presidente de México, Enrique Peña Nieto, tomó duras acciones en la migración de los centroamericanos desde comienzos de su mandato. Bajo la presión impuesta por la administración de Obama, Peña Nieto presentó en el 2014 el “Plan para la Frontera Sur”, con el cual se intensificaron los patrullajes inmigratorios en la frontera de México con Guatemala, deteniendo a muchos migrantes antes de que pudieran llegar a Estados Unidos. Durante el primer año de Peña Nieto en la presidencia, en el 2013, México detuvo y deportó a 78 mil 733 centroamericanos. Dicha cifra se disparó a los 176 mil 726 dos años después, de acuerdo con estadísticas del gobierno mexicano.
Peña Nieto también cooperó con Estados Unidos compartiendo datos biométricos recolectados de los migrantes detenidos y permitió que asesores de Seguridad Nacional operaran en el sur de México.
Los auxiliares de López Obrador describieron el Plan para la Frontera Sur como un fracaso. Ellos argumentan que los migrantes continúan cruzando con facilidad por la porosa frontera de México con Guatemala y que una intensificada cacería de inmigrantes ilegales condujo a abusos de derechos humanos y corrupción.
“Lo único que se logró con dicho plan fue el incremento en los niveles de corrupción y violencia en el sur de país”, según dijo Encinas al Washington Post. “El problema con la frontera sur no es un problema de policías y ladrones”.
El nuevo gobierno de México planea cambiar los roles dentro del Ministerio de Interiores para que Encinas, como subsecretario, supervise toda materia de derechos humanos y migración. Anteriormente, dichas responsabilidades estaban repartidas entre funcionarios separados. Algunos defensores de los migrantes exigen un cambio administrativo mucho más profundo —como el de mover la dependencia de migración de México completamente fuera del Ministerio de Interiores.
Los asesores de López Obrador dicen que su intención es proteger los derechos humanos de los migrantes al mismo tiempo que se introducen programas de desarrollo económico en el Sur de México y en Centroamérica, para dar a la gente una mejor razón para que se queden en sus países.