La Corte Suprema se deshace
Nueva York– La Corte Suprema de Estados Unidos es una institución inusual, porque de algún modo logra ser majestuosa e íntima a la vez.
La corte se encuentra en un templo de mármol con columnas altísimas y ha tomado algunas de las decisiones más trascendentales en la historia estadounidense. Sin embargo, se percibe como una institución más simple que la presidencia o el Congreso. Sus debates no se televisan, pero son públicos. Con frecuencia, los espectadores se sorprenden por el tamaño modesto de la sala de audiencias. Afuera de la corte, los nueve magistrados tratan de llevar vidas cotidianas más normales que los senadores, los gobernadores y otros altos cargos.
Esta combinación ha permitido durante mucho tiempo a la corte ser un ejemplo del ideal estadounidense del gobierno democrático — poderoso, pero humilde— y muchas personas la han venerado por ello.
No obstante, hoy la Corte Suprema está en problemas y son mucho mayores que el caos de la confirmación de Brett Kavanaugh. Si no se corrige el curso de alguna forma, la corte corre el riesgo de caer en una crisis de legitimidad.
Hay dos problemas básicos. El primero es que la corte se ha vuelto una institución intensamente partidista que finge no serlo.
Los fundadores concibieron a los magistrados como eruditos jurídicos, libres del alboroto político; reciben un nombramiento vitalicio para proteger su independencia y ellos mismos valoran esta imagen. John Roberts, el magistrado presidente, ha equiparado su función, como es bien sabido, con la de un árbitro que simplemente anuncia las bolas y los strikes. La comparación tiene el objetivo de sugerir que los jueces del tribunal superior de la nación no tienen opiniones propias: solo obedecen la ley.
Esto es risible. En casi todas las decisiones importantes de la presidencia pasada —y muchas otras de la última década— los magistrados se dividieron de manera eficiente conforme a líneas partidistas. Los cinco magistrados que eligió un presidente republicano votaron de una forma y los cuatro que nombró un presidente demócrata lo hicieron en sentido opuesto. Si los magistrados son árbitros, sin duda es extraño que los árbitros demócratas y los republicanos usen zonas de strike tan diferentes.
Este partidismo ha convertido cada vacante de la corte en una batalla campal, fue por eso que los senadores republicanos tomaron la medida extrema de negarle a Barack Obama la capacidad de llenar una vacante, de ahí que la pelea por Kavanaugh resulte tan trascendental. De igual manera esta también es la razón por la cual a los liberales les importa tanto la salud de Ruth Bader Ginsburg.
Además, el peor daño del partidismo de la corte ni siquiera proviene de las desagradables luchas de confirmación, sino del hecho de que una importante institución estadounidense se defina de una manera evidentemente falsa. La hipocresía no es buena para la credibilidad.
La segunda amenaza importante para la corte proviene de la radicalidad de los magistrados que nombran los republicanos.
Es cierto que los magistrados nombrados por demócratas son más probadamente liberales que en el pasado. Ya no hay más conservadores como Byron White (un nombramiento de John Kennedy) ni Felix Frankfurter (a quien nombró Franklin Roosevelt). No obstante, los demócratas de la corte todavía van de lo moderado a lo progresista. Stephen Breyer se posiciona ligeramente a la izquierda de White y muy a la derecha de Sonia Sotomayor, según demuestran análisis académicos. Merrick Garland, el nominado de Obama que nunca llegó a la Corte Suprema, también era moderado.
No hay más moderados republicanos. Con la salida de Anthony Kennedy, todos los magistrados republicanos se encuentran al otro extremo del espectro, entre los más conservadores desde la Segunda Guerra Mundial. Kavanaugh casi con toda certeza se les uniría, como lo haría cualquier otro nombramiento de Trump.
La corte presidida por Roberts ya ha dado muestras frecuentes de su fervor activista; ha desechado legislaciones bipartidistas sobre derechos al voto y financiamiento de campañas; ha anulado precedentes con décadas de antigüedad en materia de sindicatos, antimonopolio y justicia penal.
En el futuro, hay motivos fundados para preocuparnos de que la corte bloquee acciones gubernamentales sobre dos de las amenazas más grandes para la seguridad y la estabilidad de este país: el cambio climático y las condiciones de vida de la clase media que se han estancado.
Entonces, ¿qué se puede hacer con la corte? Las soluciones no son simples.
Los plazos limitados para los magistrados serían la mejor opción; eliminarían la aleatoriedad de tan alto riesgo con la que se remplaza a los magistrados y vincularían mejor al tribunal con la voluntad a largo plazo del pueblo. Con un límite de dieciocho años para los plazos, cada presidencia de cuatro años automáticamente nombraría a dos magistrados. Promulgar este cambio requiere un enorme espaldarazo político, pero vale la pena intentarlo.
Una opción menos agradable es que los demócratas expandan el tribunal la próxima vez que tengan el control de Washington. Dada la indignación que provocó el nombramiento de Garland, los demócratas hacen bien en pensarlo. No obstante, espero que no tengan que recurrir a esta opción, debido a que se corre el riesgo de caer en una batalla de represalias que podría incluso resultar más nociva.
Por último, existe la posibilidad de que Roberts entienda el peligro para el tribunal. Es evidente que le preocupa la credibilidad de la corte y ha mostrado indicios de modestia judicial, ya que ha respetado tanto los precedentes como al Congreso. El ejemplo más grande fue su decisión dividida sobre Obamacare. Aunque, con mayor frecuencia, opta por el activismo radical.
Roberts nunca va a convertirse en liberal. Sin embargo, es razonable esperar que pronto muestre más del conservadurismo con minúscula que la Suprema Corte necesita. Si permite que esta se convierta en una versión todopoderosa del Congreso con la diferencia de que los legisladores llevan toga, tanto su legado como el país padecerán.