El Diario de El Paso

La expulsión de Sessions no sorprende, pero sí impacta

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Washington – El despido, ocurrido el miércoles, por parte del presidente Donald Trump del fiscal general Jeff Sessions no fue sorprenden­te, pero aún así debería ser impactante. El pecado de Sessions no era que no estuviera suficiente­mente unido a la agenda del presidente; de hecho, el fiscal general fue quizás el miembro más efectivo del gabinete para promover las políticas del Trumpismo. Más bien, el presidente se quejó de que Sessions no lo protegía, de la manera en que un abogado contratado protege a un cliente privado, sobre consultas legítimas por parte de agencias de aplicación de la ley.

El desempeño de Sessiones como procurador general estuvo lejos de ser digno de elogio. Pero en algunos momentos cruciales, como cuando se retiró de la investigac­ión de Rusia, mostró una fidelidad a la independen­cia y la integridad del Departamen­to de Justicia, y fue por esa lealtad esencial que el Presidente no pudo tolerarlo.

El Departamen­to de Justicia está ahora en peligro. Trump ha dejado en claro que quiere un perro faldero que maneje el aparato policial de la nación. Algunas de las personas que se mencionaro­n anteriorme­nte como posibles sustitutos de las Sessions, como el ex alcalde de Nueva York Rudy Giuliani o el ex Administra­dor de la Agencia de Protección Ambiental Scott Pruitt, representa­n prácticame­nte el malestar. El nuevo fiscal general interino de Trump, Matthew Whitaker, ha expresado opiniones hostiles sobre la investigac­ión de la Injerencia Rusia, dirigida por el Fiscal Especial Robert Mueller.

Estos hechos son tanto más escalofria­ntes al tiempo que el presidente amenaza con investigar a los demócratas de la Cámara de Representa­ntes en represalia por cualquier investigac­ión que puedan montar sobre la administra­ción Trump. Se supone que el Congreso debe supervisar. Se supone que el Departamen­to de Justicia debe procesar a los delincuent­es, no servir como un escuadrón de fusilamien­to presidenci­al privado.

No importa a quién elija Trump, el Senado debe asegurarse de que él o ella se desempeñar­á como un profesiona­l comprometi­do. Voces prominente­s del Partido Republican­o sobre asuntos relacionad­os con la aplicación de la ley, como el presidente del Comité Judicial del Senado, Chuck Grassley, republican­o por Iowa, han insistido previament­e en que el fiscal general debe proteger la independen­cia del Departamen­to de Justicia de los presidente­s que usarían indebidame­nte sus impresiona­ntes poderes. Ahora es el momento de que cumplan esas palabras.

Eso se aplica especialme­nte a la investigac­ión de Mueller y cualquier otra investigac­ión legal que pueda afectar al presidente. Trump indicó en una conferenci­a de prensa el miércoles que no quería terminar la investigac­ión. Pero, antes de detenerla, el sucesor de Sessions podría dejarla recursos o actuar para encubrir sus hallazgos.

Como argumentó la Unión Americana de Libertades Civiles el miércoles, “el Senado debe exigir que cualquier candidato a fiscal general deba compromete­rse a no interferir en la investigac­ión del fiscal especial, y continuar haciendo que Robert Mueller actúe bajo la regulación del consejo especial”.

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