Trump fabrica otra ‘crisis’ migratoria
El Presidente amenaza al sistema de asilo
Nueva York – La seguridad pública, la seguridad nacional y el Estado de derecho son algunas de las frases que le encanta repetir al gobierno de Donald Trump cuando está por revelar alguna de sus políticas migratorias deliberada y vanamente crueles. Los funcionarios parecen esperar que con eso sus acciones sean protegidas de cualquier escrutinio público o jurídico.
El anuncio más reciente en ese sentido del presidente Trump, hecho el 9 de noviembre, es un nuevo ejemplo de esta táctica. Esta vez el reclamo de Trump es que lo que sucede a miles de kilómetros al sur de la frontera de México y Estados Unidos ha “precipitado una crisis” que requiere de medidas extremas.
Su política más reciente es una prohibición de noventa días a cualquier persona que intente solicitar asilo en cualquier lugar que no sea un punto oficial de cruce. Que sea posible hacerlo en otro sitio, como cerca del río Bravo después de cruzarlo y de ser detenido, “sería perjudicial para los intereses de Estados Unidos”.
Quizá te preguntes qué intereses son esos y cuál es la crisis que se ha precipitado. La frontera estadounidense no está sobrepasada por solicitantes de asilo. Sí, la cantidad de personas que piden refugio se ha duplicado en los últimos dos años, pero las detenciones por cruces fronterizos ilegales se mantienen muy por debajo de los récords históricos. Estados Unidos tiene leyes que rigen el proceso de asilo de manera clara, así como agencias bien financiadas para aplicar esas leyes. Puede que haya un problema de recursos para procesar y adjudicar todas las solicitudes, pero eso no significa que haya una crisis.
Desde el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se ha enorgullecido de ser un refugio para quienes huyen de la guerra o de la persecución. Las protecciones del asilo surgieron de ese compromiso y de ahí se establecieron varios estatutos sobre el proceso que ahora deben cumplir quienes solicitan refugio.
De acuerdo con lo dicho por Trump, la “suspensión limitada” de los procesos es necesaria por la caravana migrante que atraviesa México de camino a la frontera sur estadounidense. “Por ello debo tomar acciones inmediatas para proteger el interés nacional”, dijo Trump, “y para asegurar la efectividad del sistema de asilo para solicitantes legítimos que demuestren que han huido de la persecución y que merecen los beneficios especiales del asilo”.
El presidente no puede, con tan solo mover su pluma, ignorar a personas con reclamos creíbles para solicitar asilo si es que estos no se presentan en un punto de ingreso designado.
El recién nombrado fiscal general Matthew Whitaker también sugirió que el sistema para refugiados tiene problemas acumulados y que la pretensión del presidente sencillamente es arreglarlos: “La mayoría de las solicitudes de asilo que surgieron de este sistema no eran merecedoras de este”, aseguró. Después de los noventa días de suspensión, los secretarios de Estado y de Seguridad Nacional, así como el fiscal general, tienen que informar al presidente si creen que la prohibición debe eliminarse o mantenerse.
Si es que esta prohibición suena conocida es porque se refiere a la misma sección del código migratorio a la que recurrió Trump cuando, a principios de su gobierno, instauró un veto contra ciudadanos de países de mayoría musulmana para que no pudieran viajar a Estados Unidos.
Después de una batalla legal, la Corte Suprema estableció que el presidente sí tiene autoridad según ese estatuto para emitir un veto, pero antes de eso la Casa Blanca había sufrido revés tras revés en cortes de apelaciones que la forzaron a redactar de nueva cuenta las restricciones, una y otra vez, hasta que fueran más limitadas.
Esta vez el gobierno parece decidido a limitar su vulnerabilidad jurídica: emitió una regla interina en la que argumenta por qué es necesaria la prohibición de asilados con la posibilidad de que el público pueda hacer comentarios al respecto. De acuerdo con la Ley de Inmigración y Naturalización, el gobierno sí puede establecer regulaciones que establezcan “otras limitaciones o condiciones” al asilo con tal de que estas “no sean inconsistentes con esta ley”.
Eso no quiere decir que la prohibición anunciada tenga solidez legal.
Como existe en la actualidad, la ley federal para el refugio es algo ambigua: cualquier persona que esté “físicamente presente en” o que “llegue a” Estados Unidos, sin importar si lo hizo “por medio de un punto de ingreso designado” o no, tiene derecho a solicitar refugio.
No es de esperar que los migrantes desesperados, muchos de los cuales quieren escapar de la violencia o de la persecución junto con sus familias, conozcan el nuevo lineamiento que estableció Trump, solamente saben que el derecho internacional está a su alcance ya que estén físicamente presentes en territorio estadounidense. El presidente no puede, con tan solo mover su pluma, ignorar a personas con reclamos creíbles para solicitar asilo si es que estos no se presentan en un punto de ingreso designado.
Trump se la pasa generando amenazas no existentes y temores fabricados para responder de manera exagerada; así socava el Estado de derecho.
Al emitir el veto y con ello entrampar a quienes no cumplen con la nueva regla, el gobierno claramente quiere negarles a las personas del llamado Triángulo Norte —Guatemala, El Salvador y Honduras— la oportunidad de que puedan argumentar su caso para intentar recibir refugio; en cambio, las coloca en una posición en la que acelera su deportación si es que lo intentan.
Muchas de estas personas sí tienen razones humanitarias para huir de sus países y buscar asilo en Estados Unidos. Cerrarles una de las vías para hacerlo y redirigirlos a puntos oficiales de cruce solo resultará en más trabajo atrasado en esos cruces y desincentivará que la gente en situaciones meritorias hagan el proceso.
El Departamento de Seguridad Nacional, anticipando que habrá acciones legales en contra de la medida —la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) ya anunció que prepara una demanda—, publicó un listado de recomendaciones para blindarse. Ahí establece que lo dicho por Trump no solamente es legal sino constitucional, con base en el mismo caso ante la Corte Suprema que después dio visto bueno al veto migratorio para personas de países musulmanes.
Tal como el despliegue innecesario y excesivo de miles de tropas a la frontera, la prohibición al asilo funciona como un muro imaginario: sustituye el muro fronterizo físico que Trump no pudo conseguir ni siquiera cuando su partido controlaba el Congreso. Menos lo va a conseguir ahora que la Cámara de Representantes es controlada por los demócratas.
Quizá Trump dejó a algunos con la impresión de que una vez que pasaron las elecciones intermedias ya no puede aprovechar la caravana migrante que usó fantasiosamente para asustar a sus simpatizantes para que acudieran a las urnas.
Sin embargo, tal como el veto migratorio surgió en una contienda política —en ese caso, con la que fue votado a la presidencia—, la prohibición de asilo demuestra que los impulsos nativistas de Trump guían su campaña, pero también a su gobierno en general.
Trump se la pasa generando amenazas no existentes y temores fabricados para responder de manera exagerada; así socava el Estado de derecho, con el fin de alimentar más los miedos.