Demandan 16 estados a Trump por el muro
Washington— Una coalición de 16 estados controlados por los demócratas, incluyendo Nuevo México, California y Nueva York, desafió el lunes al presidente Donald Trump en la Corte por su plan de usar poderes de emergencia para destinar billones de dólares a su muro fronterizo.
La demanda es parte de una confrontación constitucional que Trump inició el viernes cuando declaró
que gastaría más dinero en barreras fronterizas de lo que el Congreso le había otorgado. El enfrentamiento plantea interrogantes sobre el control de los gastos por parte del Congreso, el alcance de los poderes de emergencia otorgados al presidente y hasta qué punto los tribunales están dispuestos a llegar para resolver tal disputa.
La demanda, presentada en el Tribunal de Distrito federal en San Francisco, sostiene que el presidente no tiene el poder de desviar fondos para construir un muro a lo largo de la frontera con México porque el Congreso es el que controla el gasto.
Washington— Xavier Becerra, el fiscal general de California, dijo en una entrevista que el propio Trump había socavado su argumento de que había una emergencia en la frontera.
“Probablemente la mejor evidencia son las propias palabras del presidente”, dijo, refiriéndose al discurso de Trump el 15 de febrero, en el que anunciaba su plan: “No tenía que hacer esto, pero preferiría hacerlo mucho más rápido”.
La demanda, ‘California et al. v. Trump et al.’, dice que los estados demandantes acuden a los tribunales para proteger a sus residentes, recursos naturales e intereses económicos. “Contrariamente a la voluntad del Congreso, el presidente ha usado el pretexto de una ‘crisis’ de inmigración ilegal fabricada para declarar una emergencia nacional y redirigir los dólares federales asignados para la interdicción de drogas y las iniciativas de aplicación de la ley para construir un muro en frontera entre los Estados Unidos y México “, dice la demanda.
El Congreso sigue una ruta separada para desafiar la declaración del presidente. La Cámara de Representantes controlada por los demócratas puede adoptar un enfoque de dos puntos cuando regrese de un receso. Una alternativa sería presentar una demanda propia.
Los legisladores también podrían votar para anular la declaración de que existe una emergencia, pero es dudoso que el Congreso tenga los votos para anular el veto de Trump, dejando a los tribunales como un lugar más probable para la batalla.
La disputa se deriva de los pasos que Trump dijo que tomaría después de que los legisladores le otorgaran solo $ 1.375 billones (miles de millones) para nuevas barreras fronterizas, legislación que firmó la semana pasada para evitar otro cierre del Gobierno.
Trump afirmó el poder de obtener tres fondos adicionales por su cuenta: $ 600 millones de un fondo de decomiso de activos del Departamento del Tesoro para las prioridades de aplicación de la ley; alrededor de $ 2.5 billones de una cuenta militar antidrogas, la mayoría de las cuales se desviaría de otros programas militares que el Pentágono aún no ha identificado; y $ 3.6 billones en fondos de construcción militar, dijo que podría redirigir invocando un estatuto de poderes de emergencia.
“A pesar de que la maniobra política de Trump para sortear un Congreso no cooperativo parece estirar la Constitución, las preguntas presentadas en el tribunal plantearán cuestiones comunes y complicadas de derecho administrativo”, dijo Peter M. Shane, profesor de Derecho de la Universidad Estatal de Ohio. autor de un libro de casos de separación de poderes.
Dos casos ya se habían presentado después del anuncio de Trump el 15 de febrero, uno por parte del grupo sin fines de lucro Public Citizen, que representa a varios terratenientes de Texas y un grupo ambientalista de Texas, y el otro un caso presentado conjuntamente por el Centro para la Diversidad Biológica, Defenders of Wildlife y el Fondo de Defensa Legal Animal.
Se espera que al menos otras dos demandas se presenten a fines de esta semana. La American Civil Liberties Union (ACLU) ha anunciado su intención de presentar un caso, pero aún no ha identificado públicamente a su cliente. El otro caso será presentado por Protect Democracy, otro grupo de vigilancia, y el Niskanen Center, un instituto de políticas de centro derecha, en nombre del Condado de El Paso y la Red Fronteriza por los Derechos Humanos. (The New York Times)