Tratar a inmigrantes como criminales no es novedad

Washington— Después de mucha publicidad, el gobierno de Trump no llevó a cabo sus planes para detener a 2 mil familias y niños inmigrantes el fin de semana pasado. Sin embargo, las redadas causaron temor entre las comunidades, y la amenaza continúa. Estas tácticas policiacas son solo una de las formas en que la política migratoria del gobierno de Trump crea controversia, lo que lleva a muchos críticos a calificarlo de punitivo e incluso inmoral.

Pero las políticas de Trump no son una brusca ruptura con el pasado. Son la continuación de una longeva tendencia. Como muestra mi investigación, la política de Estados Unidos hacia los inmigrantes se ha vuelto cada vez más criminalizada, y esto tiene consecuencias importantes no solo para los inmigrantes que cruzan la frontera, sino también para la política en sí, incluso después de que Trump abandone la Casa Blanca.

La creciente superposición en la justicia penal y los sistemas de inmigración, tiene sus raíces hace casi 40 años. Comenzó en la década de los ochentas cuando la retórica de la “Guerra contra las drogas” chocó con la política de la Guerra Fría en la costa de Florida.

En 1981, el Mariel Boatlift transportó a 100 mil cubanos junto con 15 mil haitianos a las costas estadounidenses. La llegada de los refugiados agravó las tensiones raciales, ya de por sí tensas entre los cubanos, los anglosajones y los afroamericanos asentados en Miami.

Ese mismo año, como una medida para sofocar el creciente conflicto, el Servicio de Inmigración y Naturalización abrió el Centro de Detención Krome a solo 20 millas (32 kilómetros) del centro de Miami para retener a solicitantes de asilo. Krome se convirtió en un prototipo para los centros de detención de inmigrantes que vemos hoy. Y así como hoy, la detención de inmigrantes se basó en asociaciones entre la criminalidad, la drogadicción y la raza. Los haitianos, en particular, enfrentaron estereotipos negativos que se vieron agravados por la crisis del SIDA en la década de los ochentas, mucho antes de que Trump diera voz a esos estereotipos al llamar a Haití “un agujero de mierda”.

Esta asociación entre el crimen y la inmigración se fortaleció en la década de los noventas durante la administración de Clinton. La Ley Anti-terrorismo y Pena de Muerte Efectiva de 1996 y la Ley de Reforma Contra la Inmigración Ilegal y Responsabilidad Migratoria aumentaron

la cantidad de delitos requeridos para la detención obligatoria. Esto último también estableció el programa 287 (g), por el cual la policía local puede ser delegada para hacer cumplir las leyes federales de inmigración.

Los ataques terroristas del 11 de septiembre solo aceleraron la criminalización de la inmigración. La creación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el 2003, fue seguida por la expansión del programa 287 (g) y la inversión masiva en la militarización de las fronteras y las capacidades de detención y deportación.

Por lo tanto, aunque la Administración de Trump haya realizado cambios concretos en la política migratoria de Estados Unidos, sus políticas también reflejan cambios anteriores, mismos que han vinculado cada vez más a la inmigración con el sistema de justicia penal.

Esta tendencia hacia la criminalización de la inmigración se debe a múltiples factores.

Uno es la política exterior de Estados Unidos, la cual ha ayudado a impulsar a los migrantes hacia Estados Unidos. Por ejemplo, las intervenciones de Estados Unidos en México, Centroamérica y el Caribe, incluido el apoyo a gobiernos autoritarios y paramilitares, ayudaron a desplazar a miles de personas.

Los acuerdos de libre comercio también son en parte responsables del éxodo masivo hacia el norte. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) de 1994 estaba vinculado a la caída del peso mexicano. También redujo drásticamente los salarios mexicanos y colapsó el mercado del maíz, un cultivo básico primario para los agricultores mexicanos. La contraparte más reciente del TLCAN, la República Dominicana y el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica, ha producido resultados similares en esa región.

Esta oleada de inmigrantes y solicitantes de asilo ayudó a motivar un segundo factor: un discurso nativista más intenso. El nativismo ha sido durante mucho tiempo parte de la historia de Estados Unidos, pero los años 80s y 90s vieron su renovación —visible, por ejemplo, en las campañas “Solo en inglés” que frenaron los programas de educación bilingüe en estados como California.

Finalmente, los grupos de interés se benefician de la inmigración criminalizada. Por ejemplo, las corporaciones privadas que manejan centros de detención para inmigrantes, como Corecivic y GEO Group, han presionado a favor de políticas de penalización, incluso durante los períodos en que disminuyen las detenciones de inmigrantes que ingresan al país. Por ejemplo, a pesar de la disminución en el número de inmigrantes indocumentados durante la Gran Recesión del 2008, las corporaciones privadas de detención presionaron exitosamente al Congreso para que estableciera un cupo de camas en el 2009 dando órdenes a ICE a retener a un mínimo de 33 mil 400 inmigrantes por noche. A pesar de la derogación del mandato de camas en el 2017, otros programas de control interno, como el 287 (g), junto con un creciente presupuesto del DHS continúan acrecentando los números de detención que promediaron en los 45 mil detenidos por día a finales del 2018.

Más aún, las administraciones de la Casa Blanca pueden utilizar la ubicación de los centros de detención como una posible recompensa para las áreas que los apoyan, como lo hacen con otros tipos de gastos federales. Al igual que los presos, los inmigrantes detenidos se cuentan donde están recluidos. Y así, al igual que con el fenómeno de la manipulación de las cárceles, estos centros de detención pueden aumentar el número de habitantes de los distritos donde se encuentran. Por ejemplo, la semana pasada, el gobierno federal contrató a tres empresas privadas para dirigir centros adicionales de detención de inmigrantes en las comunidades rurales dominadas por los republicanos en Mississippi y Luisiana.

A manera que las controversias en torno a las políticas de inmigración de la administración de Trump continúan en aumento, es importante poner dichas políticas en contexto. Aunque muchos candidatos presidenciales demócratas han prometido deshacer cuatro años de las políticas de Trump, la pregunta más importante es si buscarán destrabar los 40 años de tendencia hacia la “inmigración criminalizada”. Hacerlo significaría cambios profundos no solo en la forma en que se discute sobre los inmigrantes en la política y cultura estadounidenses, sino también en muchas facetas de la política exterior y nacional de Estados Unidos.