Negarán residencia y ciudadanía a pobres
A partir del 15 de octubre, endurecen trámite a quienes recibieron estampillas de comida y subsidios
La administración de Donald Trump anunció el lunes que –a partir del 15 de octubre– se penalizará a los inmigrantes legales que dependen de programas públicos, como estampillas de comida y viviendas subsidiadas por el Gobierno.
Esto como parte de una nueva política radical para frenar la inmigración legal a los Estados Unidos y reducir la cantidad de inmigrantes a quienes se le otorga un estatus legal permanente.
En El Paso, abogados de inmigración como Linda Rivas, directora del Centro de Defensoría Inmigrante Las Américas, señalan la medida como ‘una traba’ para poder seguir adelante con los procesos para un estatus de estadía legal.
“Sí nos debemos preocupar porque esto pone mas trabas a un proceso legal, esto castiga a familias que buscan ayuda para sus hijos”, dijo Rivas.
La medida tendrá el mayor impacto en los inmigrantes pobres que viven legalmente en el país y reciben beneficios públicos del Gobierno, obligándolos a elegir entre aceptar ayuda financiera o vivir y trabajar legalmente en el país.
La regla se dirige a los migrantes que han o dependen de los beneficios públicos, durante más de un año. En dado caso de que busquen arreglar su estadía legal, las solicitudes serán rechazadas si el gobierno decide que es probable que dependan de la asistencia pública en el futuro.
“Esta idea de que se ‘sobreusan’ todos los programas por los migrantes, que no tienen acceso por darles a ellos estos programas es mentira”, dijo Rivas.
Aquellos que ya están en los Estados Unidos podrían toparse con sus solicitudes rechazadas. Se estima que 22 millones de residentes legales en los Estados Unidos no tienen ciudadanía, y muchos de estos probablemente se verán afectados.
Texas no beneficia a indocumentados
En el estado de Texas, no se brinda asistencia a personas que no cuentan con estadía legal en el país.
“Las personas que son indocumentadas no pueden aplicar a estos programas de asistencia, lo que nos preocupa es que a los niños que les tocó algún beneficio, vaya a ser removido, pero es súper complicado”, comentó la abogada.
“Sabemos que los beneficios en la mayoría de los estados no son permitidos para migrantes sin documentos. Es una traba para poder arreglar legalmente papeles. Bloquear a esas personas es solamente con la intención de perjudicarlos a ellos y a los niños”, agregó.
De acuerdo con el sitio web de SNAP, Your Texas Benefits, las personas que pueden aplicar para beneficios de comida deben de cumplir con los requisitos de ingreso anual en relación con los miembros de la familia, deben de ser empleados o tener una excusa a su desempleo y deben de demostrar su identificación oficial del estado.
Estados Unidos quiere que los inmigrantes puedan mantenerse a sí mismos, ser ‘autosuficientes’, de acuerdo con la regla, y no ser ‘aquellos que dependen de los recursos públicos para satisfacer sus necesidades’.
Pegaría a familias en ‘housing’
La Autoridad de Vivienda Pública de El Paso (HACEP), actualmente brinda servicio a más de 40 mil paseños de bajos recursos por medio programas de Vivienda Pública, Cupón (Voucher) Opcional para la Vivienda, Crédito Fiscal, No subsidiados y Sección 8.
Cuando sea establecida, la nueva norma de Trump pegaría a familias como la de Teresa B., quien es madre de familia de tres menores ciudadanos americanos, uno de ellos con una discapacidad mental.
“Si se preocupa uno, también hace como dos meses, en mayo habían dicho que se les iba a quitar el programa a las personas que no tienen papeles”, dijo la madre, quien prefirió no dar a conocer su nombre completo.
Teresa está bajo el programa de HACEP en una unidad habitacional en la zona Central de El Paso.
Dijo que le preocupa que no le puedan seguir otorgando ‘ayudas’ porque no cuenta con ‘la posibilidad de pagar rentas por arriba de los 700 dólares al mes’, comentó.
“Los trabajos aquí pagan muy poco, y es imposible estar pagando renta, biles [servicios], y los gastos de la casa y de mi niño, que son muchos”, añadió.
Compartió que la mayoría de las familias que viven en las casitas de ‘housing’ no tienen estadía legal, pero que son los hijos quienes cuentan con ciudadanía.
“Al final el beneficio es para ellos siempre, no para uno, sino para los niños”, comentó por teléfono a El Diario de El Paso.
Entra en vigor en dos meses
Conocida como “regla de carga pública”, se publicó en el Registro Federal el lunes y entrará en vigencia el 15 de octubre.
El director de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración, (USCIS), Ken Cuccinelli, dijo que la administración ‘no está tratando de borrar el compromiso de toda la nación de acoger a inmigrantes necesitados’.
La norma, que entrará en vigencia en 60 días, proporcionará a la administración Trump una ‘nueva herramienta poderosa para reducir la demografía de las personas que vienen a vivir y trabajar en el país’.
Se preparan con demandas
Los defensores de la inmigración se han comprometido a demandar a la administración en un intento por impedir que la nueva regulación entre en vigencia.
Grupos de derechos civiles han dicho que la medida apunta injustamente a inmigrantes de bajos ingresos. El Centro Nacional de Leyes de Inmigración (NILC) ha dicho que demandará a la administración Trump para evitar que la regulación entre en vigencia.
“Esto busca contraer el cargo publico y va a limitar a personas que piden beneficios para sus hijos que les corresponde, para ciudadanos, esa es la preocupación que tenemos, que ahora se va a atacar a cualquier nivel”, señaló Rivas.
Joaquín Castro, congresista demócrata por Texas y presidente del Caucus Hispano del Congreso, dijo que la regla de ‘la carga pública’ es otro intento de generar miedo e incertidumbre en las comunidades inmigrantes.
“El hecho es que las familias inmigrantes no son una carga para el país, su arduo trabajo y sacrificios construyeron esta nación. Los inmigrantes aportan miles de millones a nuestra economía y enriquecen nuestras comunidades, trabajando largas horas para brindarles a sus familias una vida mejor”, dijo Castro.
“Como resultado, las familias pueden pasar hambre o quedarse sin hogar por temor a arriesgarse por una residencia verde. Esta regla tendrá un impacto devastador y dañará a millones de familias vulnerables y sus niños, muchos de los cuales son ciudadanos estadounidenses”, agregó.
Solo están tratando de pagar las cuentas, mantener un techo sobre sus cabezas y alimentar a sus hijos, manifestó Castro.