TEMOR Y RABIA
Viven migrantes abusos en Juárez, a un año de ‘Permanecer en México’/
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Oscar, quien estuvo viviendo en Ciudad Juárez después de huir de Honduras, relató que fue golpeado salvajemente en el mes de septiembre mientras se dirigía a solicitar trabajo, simplemente por ser centroamericano. Le tumbaron los dientes y en repetidas ocasiones fue golpeado en la cabeza.
En el mes de julio Luis Emilio, un migrante ecuatoriano de 22 años, fue regresado a México después de gastar todo lo que tenía para hacer la travesía hasta Ciudad Juárez, con la esperanza de buscar asilo en Estados Unidos. Pero ya se dio por vencido y trató de regresar a su país de origen.
Y justo el mes pasado a Sofía, quien huyó de Centroamérica con su esposo y sus dos hijos, le dijeron unos encargados de un albergue en Juárez que considerara sacar a su hija de la escuela debido al incremento de la violencia, ya que caminar hacia ese lugar podría ser muy peligroso, según comentó su abogado.
Esas son solo algunas de las historias que se han recolectado de personas que esperan en el lado sur de la frontera entre Texas y México desde que la administración Trump implementó los Protocolos para Protección de los Migrantes, un programa que fuerza a las personas que buscan asilo a esperar en México sus audiencias de inmigración en las cortes estadounidenses.
Los migrantes pidieron que sus apellidos no fueran revelados por temor a represalias en México y en Estados Unidos.
Esa semana marca el primer aniversario del programa que hasta ahora ha regresado más de 60 mil migrantes al otro lado de la frontera, desde que fue implementado por primera vez en California y Baja California.
El programa fue expandido a la frontera con Texas y los Estados mexicanos de Tamaulipas, Chihuahua y Coahuila.
“Hasta el día de hoy, aproximadamente 60 mil personas que buscan asilo no han podido tener seguridad debido a las políticas de la administración Trump”, comentó el representante demócrata Joaquín Castro de San Antonio a través de un comunicado en representación de la Camarilla Hispana del Congreso.
“Mientras esperan, esas familias son vulnerables a los secuestros, ataques, violaciones, extorsión y asesinato. Ellos no pueden tener acceso a una asesoría legal, y no reciben el debido proceso en las cortes de inmigración que se encuentran en unas tiendas de campaña al otro lado de la frontera”.
Hasta el mes de diciembre, aproximadamente 17 mil 500 personas fueron regresadas tan solo a Ciudad Juárez, convirtiendo esa ciudad fronteriza en el epicentro del programa.
Un reporte publicado a principios de esta semana por el Instituto Fronterizo HOPE coloca esa cifra en cerca de 20 mil personas.
Enrique Valenzuela, director del Centro de Atención a Migrantes de Ciudad Juárez, unas instalaciones de transición de migrantes operada por el Gobierno del Estado de Chihuahua, comentó que es difícil determinar qué tan exactas son esos conteos y cuántos migrantes siguen esperando en México.
Eso se debe a que muchos de ellos se sintieron frustrados con el programa y decidieron tratar de cruzar ilegalmente el Río Grande, o simplemente se dieron por vencidos y regresaron a casa.
Oficiales del Departamento de Seguridad Interna no respondieron a la petición que se les hizo para que comentaran sobre el tema. Sin embargo, el secretario interino del Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza, Mark Morgan, dijo que el programa logró el efecto que se pretendía: disminuir los cruces no autorizados.
En diciembre, agentes federales aprehendieron o regresaron a 40 mil 621 migrantes a la frontera suroeste. Eso representa el octavo decremento mensual desde que esa cifra llegó a los 144 mil 116 personas en mayo, de acuerdo a las estadísticas del CBP.
Morgan agregó que los reportes de violencia en México son exagerados.
“Los individuos que abandonan los albergues y se vuelven a involucrar con los cárteles para volver a ser contrabandeados a Estados Unidos, de allí es en donde vemos y escuchamos algunas de esas anécdotas”, dijo el mes pasado.
El lanzamiento del programa durante el año pasado ocurrió mientras la violencia en las ciudades fronterizas mexicanas seguía escalando. Ciudad Juárez registró 1 mil 500 homicidios en el 2019, lo cual ha sido el total anual más alto desde el 2011, que fue el último año de una guerra contra las drogas que cobró la vida de más de 10 mil personas en esa ciudad fronteriza.
El pasado fin de semana, 20 personas fueron asesinadas en 24 horas en Ciudad Juárez.
En una publicación en Facebook el Día de Año Nuevo, Martín Cuéllar, sheriff del Condado Webb, les pidió a los habitantes de
“Mientras esperan, esas familias son vulnerables a los secuestros, ataques, violaciones, extorsión y asesinato” Joaquín Castro, representante demócrata
Laredo que no viajaran a su ciudad hermana.
“Por favor, eviten ir a ese lugar y no crucen a Nuevo Laredo. Se dice que se están usando metralletas de alto calibre y explosivos. Están robando vehículos con violencia y perturbando la paz. Nuestras oraciones para los ciudadanos de Nuevo Laredo”, escribió.
Para los migrantes que optan por hacer las cosas más rudas, sus posibilidades de recibir asilo son pequeñas. De los 7 mil 500 casos estimados que los jueces de inmigración han decidido en el sistema de cortes de inmigración de El Paso, el asilo u otra forma de alivio fue otorgada sólo en 15 ocasiones, de acuerdo al reporte del Instituto Fronterizo HOPE.
“Con aproximadamente un 90 por ciento de negativas, las cortes de inmigración de El Paso rutinariamente niegan el asilo de manera significativa por encima del promedio nacional, los migrantes están en desventaja debido a un programa que los fuerza a permanecer dentro de la jurisdicción de El Paso”, dice el reporte.
Por ahora, los que se oponen a los Protocolos de Protección a los Migrantes están esperando que el Noveno Circuito de la Corte de Apelaciones tome una decisión sobre el programa, la corte permitió que continuara hasta que pueda concluir una revisión de los méritos de una demanda que afirma que la política debería ser sometida a un período de comentarios públicos de acuerdo al Decreto de Procedimientos Administrativos.
La representante Verónica Escobar, demócrata por El Paso, se acogió al Decreto de Protección de las Personas que Solicitan Asilo para dejar de financiar el programa. pero para que se convierta en ley, tendría que obtener la aprobación del Senado, que está controlado por los republicanos, y del presidente Trump.
Mientras tanto, el Gobierno federal continúa expandiendo el programa: la tarde del miércoles, el Departamento de Seguridad Interna anunció que los Protocolos de Protección a Migrantes también aplicará para los brasileños que buscan asilo en Estados Unidos.
“El Programa sigue siendo la piedra angular de los esfuerzos que está haciendo el Departamento para restaurar la integridad del sistema de inmigración de Estados Unidos y solucionar el retraso que existe de los casos pendientes de asilo. Nuestra nación está más segura debido a esos programas”, dice un comunicado de Seguridad Interna.
Autoridades estadounidenses afirman que con la aplicación de estas medidas el país ‘está más seguro’