Roban aquí $500,000 al sindicato de Border Patrol
El FBI está investigando la desaparición de unos 500 mil dólares de las arcas del poderoso sindicato que representa a los aproximadamente 20 mil agentes de la Patrulla Fronteriza del país, reveló el presidente nacional de la organización, Brandon Judd.
Judd dijo que la investigación se centra en identificar a las personas responsables de desviar el dinero de las cuentas bancarias de la sección sindical de El Paso en los últimos años. “Sabemos que el FBI lo está investigando”, dijo Judd, jefe del Consejo Nacional de la Patrulla Fronteriza, que ha forjado una estrecha alianza con el presidente Donald Trump.
Bajo la administración de Trump, la Patrulla Fronteriza, una agencia federal que alguna vez fue oscura, se ha colocado en el centro de un debate rencoroso sobre la política de inmigración, enfrentando intensas críticas sobre las condiciones miserables en los centros de detención superpoblados de la agencia, una serie de muertes de migrantes y revelaciones en el sentido de que unos 9 mil 500 agentes actuales y anteriores formaban parte de un grupo privado de Facebook que incluía contenido vulgar y misógino.
Igualmente preocupante ha sido la evidencia de la continua ilegalidad en las filas de la agencia.
El reto, determinar quién hizo retiros de cuentas bancarias: líder laboral
En los últimos cinco años, cientos de agentes de la Patrulla Fronteriza han sido arrestados por cargos que van desde conducir en estado de ebriedad hasta asesinatos, causando alarma entre los líderes del Congreso, los expertos en la aplicación de la ley y la propia junta asesora de la Patrulla Fronteriza, que en 2016 advirtió que la conducta criminal de los agentes podría debilitar la capacidad de la agencia para asegurar las fronteras.
Es probable que el escándalo financiero que se desarrolla en el Sector El Paso, uno de los más activos e importantes del país, genere nuevas preguntas sobre la integridad de los agentes encargados de vigilar la frontera Sur.
Con personal administrado en gran parte por agentes en servicio activo, el capítulo local de El Paso representa los intereses de más de mil 400 empleados de la Patrulla Fronteriza estacionados en el Oeste de Texas y Nuevo México.
Los rumores de que las arcas del sindicato a nivel local habían sido saqueadas a través de un esquema de malversación de largo plazo habían estado circulando a través de las filas de la Patrulla Fronteriza desde 2018, después de un cambio en el liderazgo. Pero no fue hasta noviembre pasado cuando Judd dijo ante un grupo de agentes preocupados en El Paso cuánto dinero faltaba exactamente.
Cantidad exacta
Según una grabación de audio obtenida por Propublica, Judd les dijo a los agentes que los auditores foráneos contratados por el sindicato habían descubierto “352,389.31 dólares que fueron malversados”. También descubrieron que había otros $ 150,035.65 que no se pagaron adecuadamente al IRS en dinero de impuestos. Alguien se lo guardó en el bolsillo, simplemente se levantó y se fue.
Judd aseguró a los agentes: “Esperamos que haya acusaciones formales”. El robo, dijo, también fue se hizo del conocimiento del Departamento de Trabajo federal, que tiene la autoridad para investigar las denuncias de corrupción en las organizaciones laborales y, a menudo, trabaja en conjunto con el FBI.
“Es una bofetada”, dijo un agente y miembro del sindicato que pidió permanecer en el anonimato porque no estaba autorizado para discutir asuntos sindicales. “Este lugar es conocido por tener personas en posiciones de liderazgo que no tienen habilidades de liderazgo, y eso es tanto en la administración como en el sindicato”.
El FBI no respondió a una solicitud de comentarios. Un portavoz del Departamento de Trabajo no confirmó ni negó la existencia de una investigación.
Judd, quien fue elegido recientemente para un tercer mandato como presidente del sindicato nacional, dijo que los auditores, que examinaron los registros financieros locales durante un período de casi 10 años, encontraron “muchas, muchas discrepancias”.
Afloran sospechosos
No especificó cuándo comenzaron los robos y no identificó los objetivos potenciales de la investigación federal. Pero cuatro agentes que hablaron con Propublica expresaron su preocupación por las actividades del ex jefe local, Robert Russell, y su hermana, Dawn Muñoz, que manejó las finanzas locales y preparó sus impuestos durante una década.
Russell se desempeñó como presidente local desde 2014 hasta 2017 y fue una de las pocas personas con acceso a sus fondos, según entrevistas y documentos presentados ante el Departamento de Trabajo. Fue votado por primera vez en la junta ejecutiva local en 2004.
En la primavera de 2018, después de que Russell renunciara como presidente, Muñoz fue despedida. Funcionarios sindicales dijeron que sólo entonces se enteraron de que las finanzas estaban en desorden y contrataron a un auditor foráneo para que revisara los libros.
En una entrevista, Russell, un agente veterano que continúa trabajando para la Patrulla Fronteriza, insistió en que no había desaparecido dinero en su administración. “No creo que falte dinero”, dijo.
En cambio, Russell cuestionó los motivos de Judd, sugiriendo que Judd y sus colegas habían inventado todo el escándalo de malversación de fondos “para quitarse la presión de sí mismos” y para distraer a los agentes de base de las fallas en un nuevo contrato laboral que Judd negoció con el Gobierno federal el otoño pasado. “Está motivado políticamente, nada más”, dijo Russell.
Judd desestimó los comentarios de Russell: “El FBI está demasiado ocupado para investigar engaños”.
Cuotas divididas
El sindicato recauda aproximadamente 65 dólares por mes de cada uno de sus miembros; el dinero se divide entre la oficina local y la nacional. En 2018, la local operaba con un presupuesto de aproximadamente $303 mil, según indican los documentos federales.
Las cuotas de membresía proporcionan la única fuente importante de ingresos del sindicato, y gran parte de ese dinero se destina a abogados y representantes sindicales para ayudar a los agentes en disputas disciplinarias.
Russell dijo que no había sido interrogado por nadie del FBI o del Departamento de Trabajo. También dijo que su hermana no estuvo involucrada en ningún delito.
En una larga entrevista, Muñoz ofreció una serie de declaraciones contradictorias sobre el escándalo y su problemática historia personal. Los documentos judiciales obtenidos por Propublica muestran que los fiscales en Texas y Nuevo México la acusaron de una serie de delitos financieros de bajo nivel que datan de 1991, incluidos el robo, la falsificación y la emisión de cheques sin fondos.
Inicialmente dijo que no había escuchado sobre la controversia de malversación de fondos. “No tengo idea de lo que estás hablando”, dijo. Unos 30 minutos más tarde en la conversación, Muñoz admitió que ella sí sabía sobre las acusaciones.
Muñoz, quien también dijo que no había sido entrevistada por el FBI o el Departamento de Trabajo, insistió en que no podría haber tomado fondos de las cuentas bancarias del sindicato porque no tenía acceso a ellas.
No está claro si el sindicato investigó a Muñoz, que no es una contadora pública certificada, antes de contratarla.
Ddurante la entrevista, Muñoz inicialmente dijo que nunca había sido arrestada. Pero cuando se enfrentó a sus registros de reserva en la cárcel, reconoció que había sido encarcelada brevemente por cargos de falsificación en 1991 antes de pagar una fianza de $3,000.