Vacunan a migrantes en México, ante negativa de EU
Para evitar enfermedades y muertes, organizaciones otorgan atención médica en albergues del otro lado de la frontera sur
San Luis Río Colorado, México–en la Casa del Migrante se escuchan los gritos de un niño de ocho años que vienen de una habitación. Otros niños observan cómo Jordan Ramírez resiste los esfuerzos de dos enfermeras que tratan de vacunarlo contra la gripe, la varicela y el sarampión.
La familia de Jordan llegó aquí hace 15 días procedente del estado mexicano de Chiapas con el fin de pedir asilo en Estados Unidos. A pesar del obvio terror de su hijo, Maribel López se siente agradecida de la atención que están recibiendo él y dos hermanas.
Ella y su marido no puedan pagar la atención médica de sus hijos en Chiapas.
“No tenemos suficiente dinero para darles a nuestros hijos bienestar y una vida mejor”, explicó.
Sus hijos son parte de las 120 personas que recibieron vacunas gratis a fines de enero en la Casa del Migrante, un albergue que aloja temporalmente a migrantes que esperan cruzar la frontera hacia Arizona.
Médicos estadounidenses, legisladores y activistas han pedido a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) que vacune a los migrantes para evitar enfermedades y muertes. Estos llamados se produjeron después de que varios menores, incluidos algunos a los que se les diagnosticó una gripe, fallecieran mientras eran retenidos por las autoridades estadounidenses.
Pero la CBP ha rechazado esos pedidos hasta ahora y algunas organizaciones empezaron a ofrecer atención médica a los migrantes del lado mexicano de la frontera.
Cien Ángeles (One Hundred Angels), una organización que suministra atención médica y otros servicios a los migrantes, ayudó a coordinar una jornada de vacunas en la Casa del Migrante en colaboración con la Cruz Roja mexicana.
La fundadora de Cien Ángeles Cecilia García y dos voluntarios –una enfermera y un médico– hicieron el viaje de siete horas en una camioneta llena de refrescos y artículos para donar. Cuando vio que los esfuerzos para vacunar a los migrantes en instalaciones de Estados Unidos estaban siendo bloqueados, decidió que había que buscar otros caminos.
“Optamos por hacerlo del otro lado de la frontera”, expresó. “Cuando los detienen no pueden protegerse a sí mismos son muy vulnerables”.
Desde septiembre del 2018 al menos siete migrantes menores de edad fallecieron en instalaciones del Gobierno estadounidense o poco después de ser liberados. Sus edades iban de los 19 meses a los 16 años.
Al menos tres murieron en parte por una gripe, de acuerdo con investigaciones médicas y con una carta que 13 senadores estadounidenses enviaron al Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa la CBP.
Felipe Gómez Alonzo, de ocho años, fue una de las víctimas. El niño, quien era guatemalteco, estaba siendo retenido por la CBP en Nuevo México cuando fue llevado a un hospital el 24 de diciembre del 2018, quejándose de un dolor de garganta y de otros síntomas. Según el informe de un investigador médico de Nuevo México, se le recetó ibuprofeno y fue entregado de vuelta a los agentes.
Esa misma noche, luego de que su padre pidiese que Felipe fuese llevado de nuevo al hospital, el niño se quejó de dolores en la zona abdominal, vomitó sangre y perdió el conocimiento. Falleció por complicaciones asociadas con la gripe B.
Poco después de su muerte, equipos de expertos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades visitaron instalaciones del servicio de inmigración en Yuma y El Paso, Texas, y el organismo ofreció recomendaciones escritas acerca de cómo controlar la gripe y otros virus en instalaciones de la CBP. Entre las recomendaciones figuraba la de que se vacune a toda persona mayor de seis meses “en el primer punto de ingreso que sea posible”.
Los funcionarios de la CBP, sin embargo, se niegan a vacunar a los migrantes en sus instalaciones. En un comunicado enviado por correo electrónico, la dependencia dijo que la vacunación no es parte de las tareas de la CBP.
Agrega que sus instalaciones están preparadas para retener a los migrantes por un máximo de tres días antes de transferirlos a centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas o, en el caso de los menores no acompañados, a las agencias de los Servicios de Salud y Humanos que pueden vacunar y ofrecer otros servicios médicos.
A pesar del límite de 72 horas, informes del Gobierno y varias demandas indican que a veces los migrantes son retenidos en instalaciones de la CBP por hasta un mes, lo que aumenta la posibilidad de que se propaguen enfermedades.
El 19 de febrero un juez federal de Tucson determinó que las instalaciones de la CBP en el sudeste de Arizona violaban la constitución porque ofrecía condiciones “presuntamente punitivas”. En el año fiscal del 2019, 12 mil 30 individuos fueron retenidos por más de 72 horas en ese sector de la frontera.
El juez David Bury dijo que los migrantes de esas instalaciones eran civiles, no delincuentes condenados, y que las instalaciones ofrecen “condiciones mucho peores que las que reciben los delincuentes detenidos en la cárcel de Santa Cruz u otros centros penitenciarios, en los que los reos son revisados por profesionales del campo médico, tienen camas con sábanas, frazadas y almohadas, ropa limpia, duchas, cepillos de dientes y pasta dental, y comidas calientes”.
Su dictamen en una demanda colectiva presentada por los detenidos prohíbe a la CBP tomarse más de 48 horas para procesar a los migrantes a menos que “ofrezca condiciones de confinamiento que satisfacen las necesidades humanas básicas”.
En declaraciones ante una subcomisión de la Cámara de Representantes el mes pasado, Brian Hasting, a cargo de las operaciones policiales de la CBP, dijo que esa dependencia había ampliado su programa de atención médica, incorporando cientos de profesionales contratados disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana.
Varias organizaciones de Estados Unidos buscan mejorar la atención médica de los migrantes retenidos.
Médicos de Camp Closure, una agrupación de profesionales de la medicina que se oponen a la detención de inmigrantes, ha tratado infructuosamente de ofrecer vacunas gratis a los migrantes retenidos.
Una de sus fundadoras, la doctora Marie Deluca, dijo que la organización envió una carta al Departamento de Seguridad Nacional en diciembre, pero que no tuvo respuesta. Miembros de la agrupación estuvieron dos días frente a una unidad de la Patrulla Fronteriza en Chula Vista, California, en la esperanza de que se permitiese a su personal vacunar a los detenidos.
Pero se les negó el acceso y seis de sus miembros fueron detenidos durante la protesta pacífica, incluidos Deluca y otros tres médicos.
“Dicen que la Patrulla Fronteriza piensa que, en su condición de organismo policial, no es su responsabilidad ofrecer cosas como vacunas”, dijo Deluca. “Pero la realidad es que están creando estos problemas al detener a la gente”.
“Sabemos que si no promovemos cambios, algunas personas morirán. Pero lo que queremos en última instancia es un sistema en el que se respetan los derechos humanos y la dignidad de las personas que piden asilo o que vienen a Estados Unidos”.
La cantidad de gente que trata de ingresar a Estados Unidos ha aumentado sustancialmente en los últimos años y cada vez más familias son detenidas. En el año fiscal del 2017 la CBP detuvo a 310 mil 531 migrantes y 216 mil 370 migrantes que procuraban ingresar legalmente fueron rechazados. En el año fiscal del 2019 esas cifras fueron de 859 mil 501 y 288 mil 523, respectivamente.
Este incremento abruma las instalaciones para migrantes a ambos lados de la frontera y aumenta el peligro de que surjan problemas médicos.
Martín Salgado, fundador de la Casa del Migrante, dijo que el tráfico por ese albergue se quintuplicó desde la llegada de Donald Trump al Gobierno.
Un reciente fin de semana, el equipo de Cien Ángeles y miembros de la Cruz Roja mexicana instalaron mesas plegables y sillas en la entrada del albergue para examinar personas y vacunarlas.
La doctora Georgina Aguilar Portillo, quien llegó con el grupo de Phoenix, dijo que los migrantes de los albergues son particularmente vulnerables desde un punto de vista médico.