RECUERDAN MUERTE DE SERGIO ADRIÁN
A 10 años de la muerte del juarense Sergio Adrián Hernández Güereca, y a meses de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos de no permitir una demanda contra el agente de la Patrulla Fronteriza que le quitó la vida, organizaciones comunitarias recordaron al menor en un evento en línea.
Sergio Adrián, de 15 años de edad, murió el 7 de junio de 2010, tras ser baleado por un agente de la Patrulla Fronteriza del Sector El Paso, desde territorio estadounidense.
El hecho causó impacto internacional ya que el menor se encontraba del lado mexicano de la frontera, en Ciudad Juárez.
Según el agente de la Patrulla Fronteriza, identificado como Jesús Mesa Jr., le disparó en defensa propia después de que un grupo de menores le lanzó piedras.
“Recordamos a Sergio Adrián Hernández Güereca, de 15 años, asesinado al otro lado de la frontera con México el 7 de junio de 2010 por la Patrulla Fronteriza”, dijo en un comunicado la Red de Víctimas de la Patrulla Fronteriza (Border Patrol Victims Network, BPVN), que organizó el evento en línea.
Activistas recriminan decisión de Corte Suprema porque alentaría a agentes fronterizos a incurrir en uso de fuerza letal
“El 25 de febrero de 2020, la Corte Suprema de los Estados Unidos declaró que su familia no tenía derecho a buscar justicia de ninguna manera. De este modo, los asesinatos transfronterizos por parte de agentes estatales son legales, ya que no son responsables”, suscribió la BPVN.
La protesta en memoria de Sergio Adrián se hizo por Zoom.
Decisión dividida
La decisión final de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos causó reacciones encontradas una vez que se dictaminó que la familia mexicana no podría demandar al agente de la Patrulla Fronteriza que le dio muerte al menor.
Los jueces del máximo circuito votaron 5-4 sobre, la posibilidad de que se le concedieran derechos civiles a la familia del menor, que estando en territorio mexicano, fue impactado de muerte por los disparos del agente federal estadounidense.
La atención internacional de este hecho se centró en que el menor se encontraba en territorio mexicano al recibir los impactos de bala, justo en la frontera entre El Paso, Texas y Ciudad Juárez, Chihuahua.
La decisión de los magistrados sentó un precedente histórico a nivel legal, ya que el dictamen mantiene que la protección que otorga la Constitución de los Estados Unidos de América no se extiende a extranjeros, a pesar de que hayan sufrido daños por el proceder de un gente de la ley.
“La decisión de la Corte Suprema niega justicia a la familia de Sergio Hernández, un adolescente desarmado de Ciudad Juárez, quien fue asesinado a tiros por un agente de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos, y establece un precedente peligroso al hacer excepciones a la responsabilidad y al debido proceso”, dijo al conocer el dictamen la congresista Verónica Escobar.
“El Congreso debe defender a las comunidades de residentes fronterizos, garantizar la responsabilidad y la supervisión dentro del Departamento de Seguridad Nacional y detener la militarización de nuestra comunidad exacerbada por la administración Trump”, agregó Escobar, ex juez del Condado de El Paso.
La decisión del máximo tribunal estadounidense fue emitida el 25 de febrero de 2020, que también causó una reacción encontrada por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México.
“En su decisión, adoptada por mayoría, la Corte Suprema señala que no puede extender la protección constitucional y la aplicación de la legislación federal estadounidense sobre los reclamos en contra de acciones de agentes de Estados Unidos, que tengan efectos en otros países”, subrayó la Cancillería mexicana, sobre los hechos que tuvieron lugar en el año 2010.
“El Gobierno de México expresa su profunda preocupación por los efectos que esta decisión tendrá en otros casos similares, en los que ciudadanos mexicanos han muerto por disparos de fuego efectuados por agentes estadounidenses hacia el lado mexicano”, agregó la SRE.
La decisión de la Corte Suprema es inapelable, y dicho dictamen marcó el fin del proceso legal que se llevó a cabo desde hace casi una década en diferentes circuitos legales del país.
“La Corte Suprema sostuvo que el tiroteo fue un incidente internacional. Eso implica que la familia puede solicitar reparación de daños al Congreso o al presidente, pero no concede el poder presentar una demanda en la Corte”, observó por su parte la abogada Jeanne Morales.
“El caso fue más sobre el procedimiento que sobre los méritos del reclamo de la familia”, afirmó la especialista en Derecho.
Por su parte activistas recriminaron el hecho al afirmar que la decisión de la Corte Suprema propiciará un mayor número de casos donde agentes federales o de otras instancias de la ley pueden incurrir en uso de fuerza letal en situaciones similares.
“Condenamos la decisión de la Corte Suprema en el caso Hernández vs. Mesa”, dijo en un comunicado la Red de Víctimas de la Patrulla Fronteriza.
“La Corte Suprema de los Estados Unidos convierte la frontera entre México y Estados Unidos en una zona de tiro al blanco para los agentes de la Patrulla Fronteriza, destruyendo la última esperanza de justicia para las familias Hernández Güereca, de Elena Rodríguez y otras que presentaron demandas civiles contra la Patrulla Fronteriza”, sostuvo la organización.
“Además esta decisión permitirá que la Patrulla Fronteriza continúe los tiroteos transfronterizos con total impunidad, y aun con mayor tranquilidad pues se saben protegidos por el tribunal supremo”, sostuvo la Red, que destaca el hecho de que hay pendientes “al menos” los casos de seis mexicanos que han muerto por disparos de agentes de la Patrulla Fronteriza que dispararon desde el lado estadounidense de la frontera hacia México.