Demandan a EPISD por discriminación
Afirman que cierre de dos escuelas afectó a estudiantes “pobres, hispanos y mexicoamericanos”
Para garantizar acceso igualitario a la educación, un grupo de padres de familia del barrio Chamizal interpusieron en la Corte Federal una demanda en contra del Distrito Escolar Independiente de El Paso (EPISD).
La querella señala que EPISD ejerció una “discriminación sistemática en contra de estudiantes pobres, hispanos y mexicoamericanos” cuando cerraron dos escuelas del área Surcentral de El Paso.
En conferencia de prensa, a la que asistieron representantes de organizaciones afines a los pro derechos de los inmigrantes, los residentes del vecindario Chamizal exigieron en su querella a EPISD reabrir las dos escuelas primarias: Beall y Burleson así como obligarlo a pagar las mejoras críticas de construcción y seguridad ambiental en el área.
A través de la intervención judicial los manifestantes buscan ahora que sus hijos reciban una educación de calidad en instalaciones seguras para evitar la propagación de la pandemia del coronavirus ahora que regresen a clases.
La demanda presentada ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en El Paso también busca que se financien mejoras a las escuelas de Chamizal de manera consistente con el dinero asignado a otras escuelas como resultado del bono escolar de 668 millones aprobado en 2016.
La demanda fue presentada por Texas Riogrande Legal Aid en nombre de Familias Unidas por la Educación, una comunidad sin fines de lucro compuesta por padres y estudiantes en el Centro-sur de El Paso.
“Los padres han intentado ser incluidos en las conversiones académicas a nivel local, estatal y federal tanto formal e informalmente pero han sido ignorados”, dijo Paulina Villegas, abogada que lleva el caso en la Corte.
Comentó que en 2016 EPISD prometió a los padres realizar un estudio ambiental integral en el área, compromiso que nunca cumplió a pesar de que se denunció que los niños eran sometidos a largos y peligrosos caminos a la escuela.
De igual forma se dijo que a través de esta demanda se tiene la intención de abordar el impacto del racismo institucional sistemático que ha obligado a las familias a enviar a sus hijos a escuelas inadecuadas, con fondos insuficientes, y ambientalmente insalubres.
Olivia Dueñas, una de las madres afectadas, al hacer uso de la palabra recordó que desde que comenzó el movimiento de oposición al cierre de escuelas las autoridades ignoraron las súplicas de centenares de padres de familia.
“Ni cuenta nos dimos que iban a cerrar porque nunca se nos tomó en cuenta, no se nos avisó. Muchos padres ignorábamos el cierre porque nunca se hizo una junta para saber qué preguntas teníamos, simplemente se nos ignoró”, dijo visiblemente molesta.
Denunció que varias veces acudieron al Distrito a expresar su preocupación sobre la problemática pero nunca fueron atendidos, incluso “se burlaron de nosotros, se mostraron apáticos y nos trataron con indiferencia”.
Al igual que ella, los afectados sólo querían ser escuchados y exponer los peligros a los que se exponía a los niños. “Sólo queríamos exigir lo que es justo: bienestar y seguridad para nuestros hijos porque los habían mandado a un área insegura y contaminada.
Ante más de 50 manifestantes, quienes portaban pancartas de “Alto al racismo”, “Reabran las escuelas Beall y Burleson”, entre otras, se puso de manifiesto una preocupación más que las tiene angustiadas.
Ahora con el regreso a clases es muy temerario y muy arriesgado mandar a nuestros hijos a un lugar que desconocemos. ¿Cómo van a estar? ¿Qué medidas de seguridad van a adoptar? ¿Sí tendrán médicos o enfermeras?”, dijo otra de las madres de familia.
Para Fernando García, director de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos (BNRH), este asunto no es un problema meramente educativo sino de racismo, discriminación y de supremacía blanca en contra de las comunidades migrantes, pobres y de color.
“Están siendo descartadas, desechadas y excluidas. Es un problema mayor, no un problema escolar, donde las decisiones de cierre de escuelas fueron hechas sin consulta de la comunidad, fueron hechas con actitudes racistas, nunca tuvo una consulta en español para las familias migrantes de esta comunidad.
Agregó que cada vez que se hacía una reunión en el distrito escolar no había traducción para las familias que tenían una opinión y que hablaban español… “evidentemente esta demanda tiene sus bases en ello, es un hecho de discriminación y de supremacía blanca y esto es algo que no podemos aceptar que se haga en una comunidad” reiteró.
“EPISD ha utilizado todos los medios posibles para silenciar a nuestros padres”, denunció Hilda Villegas, presidenta de Familias Unidas por la Educación, ante los protestantes, reunidos en los alrededores de la Corte Federal, ubicada en el 521 Magoffin.
Al igual que sus antecesores en la manifestación, dijo que EPISD “no nos tiene respeto sólo por ser inmigrantes y en donde la mayoría de nosotros hablamos español y debido a eso, nuestros niños no tienen las mismas oportunidades como los otros niños en otras partes de El Paso”.
Carlos Marentes, líder de la organización de Trabajadores Agrícolas Fronterizos, manifestó que otra de las pretensiones del sistema educativo es perfilarlo a una educación privada, lo que representaría un peligro para todos.
“No se trata de acabar con una escuela, con un edificio sino que se trata de algo más. Se trata de acabar con la educación pública, a terminar con el derecho constitucional que tenemos todos de recibir una educación pública”, denunció tras recordar los tiempos en que llevaba a su nieto a la primaria Beall.
De acuerdo a los organizadores el vecindario Chamizal tiene una de las tasas más altas de pobreza en El Paso y ha sido objeto de repetidas prácticas discriminatorias, mucho antes de que los Estados Unidos y México ratificaran un tratado en 1964 para dividir el área entre las dos naciones.
Más de la mitad de la población en el vecindario vive por debajo del nivel federal de pobreza y el 98 por ciento de los residentes son hispanos. En El Paso en general, el 20 por ciento de la población vive en pobreza y el 81 por ciento son hispanos.