Otro revés
Bloquea juez política de Trump de negar asilo
Washington–jueces de inmigración dijeron en una demanda entablada ayer miércoles contra el Departamento de Justicia de Estados Unidos que están siendo silenciados por el Gobierno del presidente Donald Trump, lo que representa el enfrentamiento más reciente entre los jueces y el Gobierno federal.
En administraciones anteriores, los jueces tenían permitido hablar a título personal sobre cuestiones relacionadas con la inmigración si dejaban en claro que no hablaban a nombre del Departamento de Justicia o del sistema judicial, dijo la jueza A. Ashley Tabaddor, presidenta de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración, que representa a unos 460 jueces federales.
Pero en el Gobierno de Trump les prohibieron hablar públicamente, y temen perder su empleo si lo hacen, comentó Tabaddor, quien añadió que esto evita que los jueces eduquen al público sobre los tribunales de inmigración del país.
“Francamente, silenciar a un juez y evitar que sea parte de este enorme discurso nacional sobre inmigración es antiestadounidense y es inconstitucional”, comentó Tabaddor a The Associated Press en una entrevista realizada poco antes de que se interpusiera la demanda.
Kathryn Mattingly, portavoz de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR), una dependencia del Departamento de Justicia que opera los tribunales, dijo en un correo electrónico que el departamento no comenta sobre litigios pendientes.
La querella busca bloquear la política de la agencia que impide que los jueces hablen públicamente sobre cuestiones de inmigración o el sistema judicial.
Si bien los jueces de inmigración visten túnicas negras y presiden los procedimientos sin un jurado, son considerados fiscales federales del Departamento de Justicia. Pueden ser retirados de sus cargos por el secretario de Justicia del país.
En contraste, los jueces federales que supervisan cuestiones penales y civiles tienen más autonomía debido a que son designados de por vida y trabajan para un sistema judicial independiente.
El sindicato de jueces de inmigración ha pedido que los tribunales sean independientes y estén libres de la influencia del Gobierno. Por su parte, el Departamento de Justicia ha pedido a las autoridades laborales federales que pongan fin al sindicato.
La nueva batalla legal es la disputa más reciente entre el Departamento de Justicia y el sindicato, que comenzó cuando el Gobierno de Trump solicitó a los jueces de inmigración completar 700 casos al año para cumplir con los estándares de desempeño laboral.
El Gobierno ha dicho que el requerimiento de la cuota de casos anuales tiene como fin acelerar los procesos a través de las congestionadas cortes, mientras que los jueces y abogados señalaron que la cuota podría causar que se tomen decisiones apresuradas e injustas.
La demanda fue entablada en Alexandria, Virginia, por el Instituto Knight para la Primera Enmienda de la Universidad de Columbia en nombre del sindicato.
En 2017, la EOIR comenzó a requerir que los jueces recibieran una autorización previa para poder hablar públicamente, de acuerdo con la demanda.
La dependencia fue más lejos en enero cuando prohibió que los jueces de inmigración hablaran a título personal sobre leyes o políticas de inmigración o sobre los programas o políticas de la agencia, agrega la querella.
Para comentar sobre otros temas, los jueces deben recibir una autorización previa por parte de la agencia. Los jueces que violen la política pueden enfrentar reprimendas, ser suspendidos o destituidos, según la demanda.