Estados Unidos me contrató para proteger a los refugiados. Ahora me dice que los abandone
En una época normal, mis colegas y yo ocupamos nuestros escritorios en lugares como Malasia, Turquía y Nauru. Enfrente de nosotros, a tres pies de retirado, están los solicitantes de asilo –en algunas ocasiones solos y en otras, acompañados de su esposa o hijos. Algunos han esperado décadas para este momento.
Revisamos sus archivos –llenos de información detallada sobre sus vidas, datos biométricos, historial familiar y más –y escuchamos sus testimonios.
Ellos son los más afortunados de los más vulnerables, debido a que después que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados los refirió para que fueran reasentados en Estados Unidos, se les concedió esta entrevista.
De decenas de millones de refugiados en todo el mundo, menos del 0.25 por ciento son reasentados en otro país.
Aun cuando uno escucha desde el otro extremo del escritorio una serie de historias de ataques y lesiones, el temor y dolor en las voces de las personas me han conmovido profundamente. Aunque siempre he considerado que atender a los refugiados es un trabajo soñado, ha sido un privilegio salvaguardar el legado de nuestro país que ha constituido un refugio para los perseguidos.
En este momento, nuestros escritorios se encuentran desocupados y nuestro trabajo como salvavidas se ha detenido. En los últimos años en los que han habido órdenes ejecutivas, regulaciones y proclamaciones han hecho virtualmente imposible que los oficiales de refugiados y asilo hagamos nuestro trabajo y les ofrezcamos protección a los que la necesitan.
Debido al peligro adicional que representa el coronavirus, la administración Trump está aprovechando la oportunidad para imponer más restricciones, mis colegas y yo tememos que no podamos regresar a esos escritorios –y de que Estados Unidos haya abandonado su promesa de proteger a los más vulnerables del mundo.
Durante las cinco presidencias anteriores, tres republicanas y dos demócratas, Estados Unidos admitió más refugiados que todo el resto del mundo. De los 4 millones de refugiados que se han reasentado en todo el mundo desde 1980, nosotros aceptamos a 3 millones.
Han habido personas que tienen un bien fundado temor de ser perseguidos o de morir en sus países de origen debido a cuestiones características como la raza, religión, nacionalidad, opinión política o por pertenecer a un grupo social en particular, y cuyos gobiernos no han podido o no han estado dispuestos a protegerlos.
Todo eso cambió a partir de enero del 2017. Uno de los primeros actos que hizo el presidente Donald Trump cando asumió el poder fue emitir la Orden Ejecutiva Número 13769, usualmente llamada la “prohibición para viajar”.
Ese decreto suspendió el Programa de Admisión de Refugiados durante 120 días, disminuyendo drásticamente la cuota de admisiones y prohibió que las personas de siete países con mayoría musulmana, incluyendo una prohibición indefinida para los sirios.
Eso generó medidas extremas de escrutinio, provocando retrasos masivos para miles de personas vulnerables del grupo de refugiados. Algunas personas que ya habían sido aprobadas para ser admitidas fueron sacadas literalmente de los vuelos a Estados Unidos.
En el 2019, la administración estableció una cuota anual para el próximo año fiscal, estableciéndola en un número histórico de 18 mil personas --- en comparación de los 30 mil del año anterior y de los 110 mil de administraciones anteriores.
El número actual de admisiones es mucho más bajo. Debido a que nuestro programa está básicamente detenido, los oficiales que atienden a los refugiados regresaron a Estados Unidos. Ahora fuimos enviados a apoyar a nuestros colegas de la División
de Asilo, que se enfoca en los que buscan protección en o dentro de nuestras fronteras.
A todos nos dijeron que implementáramos nuevos políticas restrictivas, expresamente diseñadas para frenar a la gente que busca refugio. Por ejemplo, los Protocolos de Protección al Migrante, dio como resultado que más de 60 mil personas que buscan asilo fueran enviadas a México en el 2019, después de haber huido de la extrema brutalidad de la Mara Salvatrucha 13 y de una pandilla de la Calle 18ava en Honduras, Guatemala y El Salvador.
Al ser dejados viviendo en la miseria y sin ninguna protección, han sido presas de los cárteles y pandillas mientras esperan su turno, que en algunas ocasiones es de meses, para obtener una escurridiza fecha de comparecencia en la corte ante un juez de inmigración.
La pandemia dejó a los refugiados y los que buscan asilo en una situación mucho más desesperada, debido a que Estados Unidos puso en pausa el reasentamiento de refugiados. Muchos que ya habían sido entrevistados y aceptados para establecerse en Estados Unidos ahora viven en las afueras de las ciudades, poblaciones y aldeas en donde no tienen derechos ni un estatus legal, o en campamentos de refugiados sobrepoblados.
En todo el mundo, en lugares como Jordania, Kenia y Bangladesh, los campamentos de refugiados están a reventar. La gente no puede practicar la distancia social y el jabón y agua son limitados.
Mientras tanto, en nuestras fronteras, el Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza ha rechazado a miles de personas vulnerables desde el mes de marzo, sin el debido proceso.
Algunos solicitantes que han mostrado síntomas del coronavirus han sido deportados sin importar las medidas de seguridad, tales como hacerles pruebas, provocando brotes en países de los que han huido.
Otros languidecen en los abarrotados centros de detención, aun cuando muchos de ellos no representan una amenaza a la seguridad y el Departamento de Inmigración y Aduanas tiene la discreción para liberarlos.
Por ley, los niños deben ser puestos en libertad después de 20 días de encarcelamiento. Sin embargo, en lugar de dejarlos salir con sus padres, nuestro Gobierno le ha presentado a esas familias una opción desalentadora: o sus hijos son liberados y separados indefinidamente de sus padres o siguen encerrados juntos en esos centros, muchos de los cuales han atestiguado los brotes del coronavirus.
En medio de todo eso, en el mes de junio, la administración propuso 161 páginas de regulaciones de gran envergadura que podrían afectar la ley de asilo y refugio. Ciertas previsiones, por ejemplo, estrechan drásticamente las definiciones de persecución y tortura, otras aumentan ciertas cargas de pruebas a unos estándares casi inalcanzables y redefinen lo que constituye un terreno protegido de opinión política y el pertenecer a un grupo social en particular.
Otros podrían descalificar a los solicitantes si cometen un error en su declaración fiscal o toman un vuelo con dos o más escalas para llegar a este país. En el mes de julio, la administración propuso otra nueva política, permitiendo que Estados Unidos les negara el asilo a los solicitantes si venían de algún país en donde hubiera un brote de alguna enfermedad altamente contagiosa.
Expertos de salud pública han dicho que eso no serviría a ningún propósito legítimo de salud pública. Es difícil esperar que alguien pueda calificar para obtener la protección de acuerdo a ese cúmulo de nuevas reglas, una vez que sean implementadas.
Años de endurecimiento de las restricciones han hecho más difícil obtener un amplio rango de beneficios legales de inmigración, causando que se desplomen las solicitudes y con ellas, las cuotas que pagan los usuarios y que financian las operaciones del Departamento de Servicios de Ciudadanía e Inmigración.
Actualmente, la pandemia ha dejado a nuestra agencia a punto de la bancarrota, y el 70 por ciento de nuestra fuerza laboral ha sido enviado a casa de manera indefinida a menos que intervenga el Congreso.
Sin el financiamiento de emergencia, sólo unos cuantos seguirán administrando el sistema de Servicios de Inmigración de Estados Unidos –dando como resultado un retraso aún más grande en el proceso de las solicitudes para obtener beneficios que incluyen el asilo, tarjetas verdes, permisos de trabajo y ciudadanía.
Nuestra nación tiene una responsabilidad ética y legal para proteger a los que buscan refugio en Estados Unidos. Por el contrario, hemos gastado algunos recursos para impedir que la gente entre al país y deportando a los que ya estaban aquí.
Si las políticas de la actual administración siguen sin revisarse, ya no habrá una manera para que los refugiados puedan empezar de nuevo en Estados Unidos.
Aun si una diferente administración presidencial tratara de cambiar el curso de las cosas, temo que podría tomar muchos años revertir el daño y reconstruir nuestra capacidad para proteger a los refugiados.
Muchas personas van a perder su vida antes de eso.
Las últimas palabras en su discurso de despedida, el presidente Ronald Reagan describió nuestro país como “Una brillante ciudad sobre una colina. Si esa ciudad tuviera muros, los muros tienen puertas y las puertas están abiertas para cualquiera que tenga la voluntad y el corazón para llegar hasta aquí”, dijo en 1989.
Eso es algo en lo que creen la mayoría de los estadounidenses.