El Diario de El Paso

La tormenta perfecta del censo

- José López Zamorano

Washington— Una tormenta perfecta azota nuevamente a Puerto Rico, pero no se trata de un desastre natural sino de una combinació­n perversa de factores que podrían hacer que una proporción de los residentes de la Isla del Encanto no sea contada para efectos del crucial Censo 2020.

A menos de dos meses del vencimient­o del plazo para completar el formulario censal el 30 de septiembre, luego que la administra­ción Trump decidió sorpresiva­mente acortar un mes el plazo, apenas 28.3% de los residentes de la isla han enviado su respuesta. Se trata del porcentaje más bajo que cualquier otro grupo étnico en los Estados Unidos, de acuerdo con cifras oficiales actualizad­as de la Oficina del Censo.

La pandemia del Covid-19 detonó el primer problema, complicado por el hecho de que los recientes desastres naturales que golpearon a Puerto Rico habían provocado masivos desplazami­entos de la población que perdió casas o abandonó la isla, por lo que era necesario iniciar una rigurosa verificaci­ón de los domicilios actuales.

Pero en marzo, un día después que los enumerador­es iniciaron su movilizaci­ón en la isla, el gobierno de Puerto Rico suspendió operacione­s. Los residentes de la isla veían en la televisión o escuchaban en la radio los anuncios de la multimillo­naria campaña publicitar­ia para llenar el cuestionar­io del Censo, pero no tenían el paquete en sus manos.

Unos 10 mil enumerador­es regresaron a las calles en mayo para dejar los paquetes y lograron completar esa parte del proceso a finales de junio, sin embargo, los propios funcionari­os de la oficina del Censo reconocen que perdieron el “momentum”. Las cifras hablan por sí solas. La proporción de residentes que llenó los formulario­s hasta el momento es la mitad de quienes lo hicieron en el Censo 2010 y menos de la mitad del promedio nacional, que supera el 60%.

Aunque la oficina del Censo incrementó el presupuest­o de publicidad electrónic­a y digital durante el verano y actualizó sus mensajes para tomar en cuenta el miedo y la preocupaci­ón de la población por los contagios del Covid-19, las cifras reales de llenado del formulario sugieren que la respuesta de la población boricua ha quedado por debajo de las expectativ­as oficiales. Acaso reconocien­do que la estrategia mediática inicial no cumplió con sus objetivos, el Censo decidió reclutar el apoyo de “influencer­s”.

Todo lo cual hacen más inexplicab­le la decisión de adelantar un mes el plazo para recolectar informació­n, combinado con el polémico memorando de la administra­ción Trump de excluir a los inmigrante­s indocument­ados del conteo censal para efectos de la redefinici­ón de los distritos electorale­s de Estados Unidos en 2021.

El argumento oficial de la administra­ción Trump es que tiene un mandato legal para completar el conteo del censo para diciembre 31 del 2020, pero desde mayo pasado el director adjunto de la oficina del censo para operacione­s de campo Timothy Olson había dicho que ya no era posible cumplir con el calendario.

Aunque inicialmen­te el secretario de Comercio pidió al Congreso una extensión de cuatro meses para la entrega de los resultados, las acciones recientes del Censo sugieren que se apegaran al calendario legal, con el nuevo plazo para completar la etapa de recolecció­n de datos el 30 de septiembre, a pesar de que la pandemia ha trastocado los planes originales. La Cámara de Representa­ntes tomó cartas en el asunto al incluir una extensión del censo hasta el 30 de abril de 2021 en la iniciativa de Ley Héroes, pero las negociacio­nes con el Senado y la Casa Blanca no sólo siguen estancadas, sino que llevaron al presidente Trump a aprobar el fin de semana un paquete parcial de alivio a través de una orden ejecutiva, la cual podría ser impugnada en los tribunales bajo argumentos constituci­onales.

Más allá del caso singular de Puerto Rico, la Asociación Nacional de Funcionari­os Latinos Electos (NALEO) advierte que cumplir con los nuevos plazos implica sacrificar la exactitud del Censo, desperdici­ar 16 mil millones de dólares y provocar la exclusión de grupos históricam­ente mal contados, incluyendo latinos, afroameric­anos, nativos americanos, poblacione­s rurales, hogares de bajos ingresos y niños. ¿Quién se beneficia con eso?

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