La industria de las prisiones privadas asegura su futuro
Ha donado grandes cantidades a la campaña de Trump, al tiempo que se prepara por si gana Biden
Ejecutivos de las dos empresas de prisiones privadas más grandes del país han estado donando grandes sumas de dinero al presidente Donald Trump y a los candidatos republicanos con la mira puesta en las elecciones de noviembre, ya que una de las corporaciones cree que eso dará lugar a que repunte el precio de sus acciones.
Las fortunas de esas empresas han estado cada vez más vinculadas con la política del país en una era en que la administración Trump ha estado deteniendo a decenas de miles de inmigrantes y personas que solicitan asilo en sus instalaciones.
Juntos, Corecivic y el Grupo GEO ganaron aproximadamente 1.3 billones de dólares el año pasado derivados de contratos que firmaron con el Departamento de Inmigración y Aduanas. Cada empresa depende del ICE para obtener el 30 por ciento de sus ingresos.
El candidato presidencial demócrata Joe Biden se comprometió a dar por terminado el uso de prisiones privadas como centros de detención después de enfrentar la presión de Bernie Sanders y otros liberales, quienes argumentan que las prisiones con fines lucrativos están vinculadas a la injusticia racial y las políticas que provocan más encarcelamientos.
El compromiso de Biden podría ser un cambio importante en comparación a cuando fue vicepresidente durante la administración del presidente Barack Obama, ya que abrió centros de detención para familias en Texas operadas por ambas empresas y deportó a más de 3 millones de personas.
Apostándole al futuro, GEO y Corecivic recientemente firmaron contratos a largo plazo con la administración Trump para instalar varios centros de detención de inmigrantes en Texas y California. Esos acuerdos no podrán ser descartados fácilmente si gana Biden.
También están invirtiendo considerablemente para ayudar a ganar a los republicanos.
George Zoley, fundador y director general del Grupo GEO, le ha otorgado 514 mil 800 dólares a los republicanos y sólo 10 mil dólares a los demócratas durante el actual ciclo electoral, según muestran los registros financieros de las campañas.
De acuerdo al Centro de Responsabilidad Política, las personas y grupos vinculados a GEO han donado más de 1.7 millones de dólares, mayormente a los republicanos.
Damon Hiniger, director general de Corecivic, ha donado hasta ahora 228 mil dólares, primordialmente al Partido Republicano.
“Cualquier duda o inferencia acerca de si Corecivic prefiere al Partido Republicano, debido a que es mejor para nuestro negocio, es erróneo y muestra equivocadamente a nuestra compañía”, dijo Ryan Gustin, portavoz de la empresa.
Pablo Páez, portavoz del Grupo GEO, comentó que cualquier contribución política “no debería ser interpretada como un apoyo a todas las políticas o posturas adoptadas por cualquier candidato individual”.
“Los servicios que proporcionamos el día de hoy no son diferentes a la alta calidad y servicios profesionales que proporcionamos durante los ocho años de la administración del presidente Obama”, señaló Páez.
En la mira de los inversionistas
La semana pasada, al hablar con los inversionistas, Zoley pronosticó que las acciones de GEO –que se han desplomado en este año después de repuntar al inicio del término de Trump– podrían recuperarse después de la elección de noviembre.
El Grupo GEO dice que Zoley no está pronosticando a un ganador específico, sino que la elección podría darle a la empresa y sus inversionistas una certidumbre muy valiosa en cuanto a la futura dirección del Gobierno.
Corecivic y GEO le comentaron la semana pasada a sus accionistas que habían renovado contratos a 10 años para tres centros de detención en Texas, uno en Houston y los otros en las afueras de Austin y San Antonio.
Ambas empresas habían llegado previamente a acuerdos en el mes de diciembre para mantener abiertos los centros de detención en California y para que el Grupo GEO abriera tres nuevas cárceles para inmigrantes.
En ambos estados, el ICE y las empresas eludieron una oposición local, incluyendo una ley de California que prohíbe nuevas prisiones privadas. Los acuerdos de California se hicieron días antes de que entrara en vigor la ley, que GEO y la administración Trump están desafiando actualmente en la Corte.
Al hablar acerca de los contratos de Corecivic, Hininger le comentó a los inversionistas que el ICE y el Servicio de Marshals de Estados Unidos se estaban preparando para el futuro “no sólo de la pandemia sino también para el 2021 y tal vez para algunos resultados en el Congreso y la Casa Blanca”.
“Ellos se están preparando y con eso están colaborando para que nosotros nos preparemos también”, dijo.
El ICE no respondió a la petición que se le hizo para que opinara sobre este asunto.
La mayoría de los 200 centros de detención de migrantes que tiene el Gobierno de Estados Unidos son administrados por contratistas privados que albergan a personas que buscan asilo y otros inmigrantes acusados de violaciones administrativas o que están esperando la deportación.
De acuerdo a la Unión Americana de Libertades Civiles y a la Vigilancia de Derechos Humanos, las empresas de prisiones privadas operan aproximadamente el 80 por ciento de las camas del sistema de inmigración. El Grupo GEO y Corecivic son los dos contratistas más importantes.
El sistema privado de inmigración ha crecido bajo el mandato de presidentes de ambos partidos en las últimas cuatro décadas. Sin embargo, debido a que los demócratas le han retirado mayormente su apoyo a las prisiones privadas, la industria se alineó más con los republicanos.
Funcionarios del Grupo GEO entregaron donaciones de seis dígitos a la campaña de elección de Trump y al comité inaugural, han gastado millones de dólares cabildeando en la administración, y realizaron una reunión de la empresa en el resort Trump situado en Doral, Florida.
Las acciones de Corecivic y GEO aumentaron alrededor de la inauguración de Trump en base a las expectativas de que su administración podría incrementar la detención de inmigrantes –lo cual ocurrió de esa manera. El ICE detuvo a un récord de 50 mil inmigrantes durante la mayor parte del año pasado. Trump también rescindió un plan de la Era Obama para eliminar el uso de prisiones privadas.
Sin embargo, las acciones de ambas empresas han perdido dos terceras partes de su valor desde el 2017, que fue el primer año que estuvo Trump en el poder. Las empresas también han sido acusadas de maltratar a los detenidos y empleados
–particularmente durante la pandemia del coronavirus– y de utilizar la mano de obra de los detenidos a quienes les pagan un bajo salario o no les pagan nada para reducir sus costos, alegatos que ellos han negado.
Una campaña encabezada por activistas presionó el año pasado a seis bancos importantes para que dejaran de otorgarles créditos a esas empresas. Después de llegar a altos números récord, la población de detenidos del ICE ha caído en más de 20 mil actualmente debido a que la administración Trump está expulsando rápidamente a la mayoría de los inmigrantes debido a la declaración de emergencia por el coronavirus.
Expertos aseguran que la campaña de boicot ha restringido la habilidad de las empresas de prisiones privadas de solicitar créditos e invertir dinero. Ambas empresas anunciaron la semana pasada que podrían reducir los dividendos pagados a los accionistas para disminuir su adeudo, o llevar a cabo una reestructura corporativa.
Sin embargo, Joe Gomes, analista de Noble Capital Markets, comentó que las dos empresas siguen siendo cruciales para el Gobierno federal y los estatales que no tienen la capacidad para administrar ellos mismos los centros de detención.
Los contratos que tienen esas empresas con el Gobierno federal también les pagan generalmente cantidades mínimas aun cuando sus instalaciones sean usadas por debajo de su capacidad.
“La historia real es diferente a lo que puede ser la percepción de la gente”, comentó Gómes. “Durante la administración Obama, tanto a Corecivic como a GEO les fue bien”.