Máximo tribunal
Decidirá Corte Suprema sobre plan de excluir a migrantes del Censo
Washington— El intento del presidente Donald Trump de excluir del censo a las personas que viven ilegalmente en Estados Unidos para asignar escaños en el Congreso se encamina a la Corte Suprema.
Los principales abogados de la administración Trump esperan que los jueces en un tribunal que incluye a tres nominados del mandatario acepten la idea, rechazada reiteradamente por cortes menores. Es el más reciente y casi seguramente el último enfoque del Gobierno sobre inmigración en llegar al máximo tribunal. Los alegatos se realizarán el lunes por teléfono debido a la pandemia de coronavirus.
Y mientras los jueces de la Corte Suprema analicen el esfuerzo para sacar, por primera vez, a millones de personas sin ciudadanía del conteo poblacional usado para determinar cuántos escaños recibe cada estado en la Cámara de Representantes, además de la asignación de fondos federales, los expertos dicen que otros asuntos se aproximan para el censo de 2020 cuando se encamina a terreno desconocido sobre plazos, calidad de datos y política.
Una serie de preguntas nuevas fuera de la decisión final de la corte pudieran determinar el producto final del censo, incluso si la administración entrante de Joe
Biden hará algo para tratar de revertir decisiones tomadas por Trump.
Entre otras: ¿Podrá la Oficina del Censo del Departamento de Comercio de Estados Unidos cumplir con el plazo de fin de año para la entrega de los números usados para la asignación de escaños? ¿Será afectada la calidad de los datos del censo por calendario acortado, una pandemia y desastres naturales? ¿Pudiera la Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, rechazar los números de la administración republicana si considera que son erróneos? ¿Va el Senado a aprobar una ley que extienda los plazos para entregar las cifras del censo?
“Hay tantas piezas que marean”, dijo Margo Anderson, profesora de historia en la Universidad de Wisconsin en Milwaukee.
El primer elemento desconocido es cómo fallará la Corte Suprema.
Cortes federales en California, Maryland y Nueva York han fallado que el plan de Trump viola la ley federal o la Constitución, que dice que “los representantes deberán ser asignados entre los diversos estados de acuerdo con sus respectivos números, contando el total de personas en cada estado”. Una cuarta corte, en la capital, falló la última semana que un cuestionamiento similar al plan de la administración era prematuro, un argumento que también fue a la máxima corte del país.
“Lo que quiere hacer Trump sería un alejamiento radical. Los perdedores no serían individuos. Serían estados completos y comunidades que perderían representación cuando los miembros indocumentados de esas comunidades queden fuera del correo usado para la asignación de escaños”, dijo Dale Ho, el abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles que presentará los argumentos a nombre de activistas de inmigración y de grupos de derechos civiles en la Corte Suprema.
El gobierno de Trump argumenta que la Constitución y la ley federal le permiten al presidente excluir a “extranjeros ilegales” del conteo.
“Como lo indican la historia, los precedentes y la estructura, el presidente no tiene que tratar a todos los extranjeros ilegales como ‘habitantes’ de los estados y con ello permitir que su desafío a la ley federal distorsione la asignación de los representantes de pueblo”, escribió el procurador general interino Jeffrey Wall.
Deacuerdoconcálculosdelgobierno federal, California pudiera perder de dos a tres escaños en la cámara baja si las personas que viven ilegalmente en el país fueran excluidas, sobre la base de lo que la administración dice que son más de 2 millones de residentes indocumentados en el estado, pero Ho apunta que un cambio en la división de escaños pudiera resultar de números mucho menores.
La cámara baja, controlada por los demócratas, ha argumentado que el plan de Trump resultaría en una distribución injusta de escaños para objetivos políticos partidistas, el último intento de “manipular el censo en formas nuevas y preocupantes”. La cámara dice que el plan del presidente es parte de un esfuerzo amplio que incluyó un intento bloqueado por la Corte Suprema para añadir una pregunta sobre ciudadanía al censo por primera vez en 70 años.
Para que la orden sea ejecutada, el procesamiento de datos sobre los números de asignación de escaños tendría que ocurrir mientras Trump sigue en el poder, pero un anuncio este mes de que se encontraron anomalías en los datos pone en peligro la capacidad de la Oficina del Censo para entregarle las cifras al presidente para el plazo del 31 de diciembre. Trump, a su vez, tiene que enviarle los números al Congreso para el 10 de enero.
Si los problemas con los datos obligan a una demora de incluso tres semanas, la Oficina del Censo le entregaría los números al nuevo presidente, Joe Biden, quien asume el cargo el 20 de enero.
“El gobierno de Biden tendrá que ver qué tipo de daños le dejó la administración Trump a la asignación de escaños y determinar si puede ser utilizado un conteo acertado, que incluya a todas las personas sin importar la ciudadanía”, dijo Jeffrey Wice, profesor adjunto de la New York Law School y que es un experto en ley de censo y redistribución de distritos.
Un vocero de la campaña de Biden no respondió a un correo electrónico en busca de comentarios.
Incluso si todo se hace a tiempo, la Cámara de Representantes, que seguirá bajo control demócrata, pudiera rechazar los números de asignaciones de escaños sobre la base de que no son lo que el Congreso le pidió a la administración republicana que entregara, dijo Justin Levitt, profesor de la Loyola Law School en Los Ángeles.
“Si el presidente entrega algo que no es plausiblemente lo que ellos pidieron, no tienen que aceptarlo y no tienen que transmitirlo a los estados”, dijo Levitt.
El anuncio del Buro del Censo sobre anomalías resalta además las preocupaciones sobre la calidad de los datos relacionadas con la pandemia. El tiempo asignado para corregir errores y llenar brechas en la colección de datos fue reducido a la mitad por la decisión del gobierno federal de mantener el plazo de fin de año y adoptar la orden de Trump sobre el conteo. La Oficina del Censo enfrentó además dificultades derivadas de incendios forestales en el oeste del país y huracanes en el Golfo de México.
El asunto se decidirá hasta enero, cuando Trump reporte ante el Congreso los resultados del conteo