¿Se debería llevar a juicio a Trump?

Nueva York— Cuando el Gobierno de Biden tome posesión en 2021, tendrá que tomar una decisión singular y riesgosa: ¿debería investigar y procesar a Donald Trump por cargos penales?

Cualquier actividad de investigación o acción penal que se retome dividiría todavía más al país y avivaría acusaciones de que el Departamento de Justicia solo quiere cobrar venganza. Una investigación y un juicio serían un espectáculo que con seguridad consumiría la energía del Gobierno.

Sin embargo, a pesar de que podría ser doloroso y difícil para el país, creo que el siguiente fiscal general debería investigar a Trump y, si encuentra una justificación, procesarlo por posibles crímenes federales.

No he adoptado esta postura a la ligera. De hecho, ya hemos presenciado dos elecciones presidenciales de Estados Unidos en las que multitudes han considerado aceptable corear con un entusiasmo ferviente que el nominado del partido opuesto debería ser encarcelado. No queremos convertirnos en un Estado autocrático, donde el partido en el poder use a las autoridades encargadas de impartir justicia como armas políticas.

Sin embargo, eso no es razón suficiente para permitir que Trump quede libre de culpa.

La exposición de Trump a cargos del ámbito penal es clara. Ocupé un cargo importante en el equipo de investigación encabezado por el ex fiscal especial Robert Mueller para determinar si Rusia había intentado subvertir nuestra fuente democrática fundamental de legitimidad política: el sistema electoral. Entre otras cosas, Mueller tuvo la tarea de determinar si Trump interfirió con nuestra investigación en el asunto.

Reunimos amplia evidencia para fundamentar una acusación en contra de Trump por haber obstruido la justicia. Esta opinión es generalizada. Poco tiempo después de que se reveló nuestro informe, cientos de exfiscales concluyeron que la evidencia respaldaba ese tipo de acusación.

¿Qué precedente se sienta si se permite que la obstrucción de una investigación de ese tipo quede impune y no se desalienta tal proceder? Ya es bastante difícil que el poder ejecutivo investigue a un presidente en turno, quien tiene el poder de despedir a un fiscal especial (si fuera necesario, por medio del fiscal general) e impedir la cooperación con una investigación usando el poder de clemencia. Por ejemplo, vimos a Trump usar ese poder de clemencia para hacer justo eso con su aliado Roger Stone. Trump conmutó la sentencia de Stone, a quien un jurado condenó debidamente, pero nunca pasó un día en prisión por crímenes que un juez federal determinó que fueron cometidos en favor del presidente. El mismo juez resolvió que Paul Manafort, expresidente de campaña de Trump, nos mintió en repetidas ocasiones, con lo cual violó su acuerdo de cooperación. Lo más seguro es que Manafort también tuviera la esperanza de que le ofrecieran un perdón.

Trump no puede citar lo que no encontró la investigación del fiscal especial (por ejemplo, “colusión”) cuando obstruyó esa misma investigación. La evidencia en contra de Trump incluye el testimonio de Don Mcgahn, el exconsejero de la Casa Blanca de Trump, quien detalló cómo el presidente ordenó el despido del fiscal especial y cómo, cuando ese esfuerzo fue divulgado en la prensa, Trump le rogó a Mcgahn que negara la verdad en público y, como medida de seguridad, constatara esa falsedad por escrito en un memorando.

La evidencia incluye los esfuerzos de Trump para influir en la decisión de un jurado que deliberaba en el juicio de Manafort y dar esperanza de un perdón a fin de impedir que los testigos cooperaran en nuestra investigación. ¿Alguien podría siquiera imaginar una razón legítima para ofrecer un perdón?

Su potencial responsabilidad penal va más allá, a acciones previas a que ocupara el cargo de presidente. Al parecer, el fiscal de distrito de Manhattan está llevando a cabo una típica investigación de cuello blanco sobre fraude tributario y bancario, y el fiscal general de Nueva York está involucrado en una investigación civil por acusaciones similares, la cual pronto podría convertirse en una investigación penal.

Estas cuestiones a nivel estatal bien podrían revelar evidencia que justifique más cargos federales. La investigación del fiscal especial no exploró estos posibles crímenes financieros, que podrían revelar evidencia penal. Todas las pruebas que no se hayan presentado al Congreso en sus investigaciones, como comunicaciones internas del

Departamento de Estado y la Casa Blanca, son otro tesoro potencial al que debería tener acceso el nuevo Gobierno.

Las cuestiones que ya ha presentado el fiscal especial y que se están investigando no son triviales: no deberían generar preocupación de que Trump esté siendo víctima de un señalamiento por algo que no se habría investigado ni procesado si lo hubiera cometido cualquier otra persona.

Debido a que algunas de las actividades en cuestión fueron previas a su presidencia, sería indefendible permitir que la victoria de Trump en una elección federal le diera inmunidad contra las consecuencias de delitos cometidos antes de su mandato. No consentiríamos algo así si se descubriera que un expresidente en algún momento ha cometido un delito violento grave.

Ignorar la obstrucción federal de Trump sería todavía peor. El precedente de no impedirle a un presidente que obstruya la investigación de un fiscal especial sería demasiado costoso: volvería ineficaz cualquier investigación de un fiscal especial y pondría a la presidencia de facto por encima de la ley. Para quienes citan el perdón que le otorgó Gerald Ford a Richard Nixon como un precedente para solo mirar hacia adelante, eso no es análogo: Nixon pagó un precio muy alto al renunciar a la presidencia deshonrado por su conducta.

Trump podría elegir no solo perdonar a sus familiares y amigos antes de dejar el cargo, sino también a él mismo para eludir cualquier responsabilidad penal federal. Ese giro histórico no afectaría la posibilidad de que enfrente un proceso penal a nivel estatal. Si Trump otorga esos perdones, algunos estados, como Nueva York, deberían asumir la responsabilidad de asegurar que se defienda el Estado de derecho. Y los perdones no impedirían que el nuevo fiscal general impugnara el perdón que Trump se hubiera otorgado ni que el Estado citara a los familiares y amigos perdonados a comparecer ante un gran jurado para continuar su investigación sobre Trump después de que deje la presidencia (donde, en caso de mentir, todavía correrían el riesgo de enfrentar cargos de perjurio y obstrucción).

En resumen, ser presidente debería conllevar una responsabilidad mayor, no menor, de someterse al Estado de derecho.