Los ‘dreamers’ merecen una solución permanente
Washington— Tres años después que la administración Trump lanzó un ataque contra los “dreamers”, los migrantes indocumentados que fueron traídos por sus padres cuando eran niños, una corte federal ordenó que les otorgaran las protecciones que originalmente les fueron concedidas por la administración Obama. Y no por primera vez.
En el mes de julio, otra corte federal, siguiendo la misma línea de un fallo reciente de la Suprema Corte, le ordenó a la administración que empezara a aceptar nuevas solicitudes para el programa de la Era Obama que protege de la deportación a los dreamers.
A pesar de esa orden, a pesar del fallo de la Suprema Corte, y a pesar del amplio apoyo bipartidista para los dreamers y de ampliar sus protecciones y permisos para trabajar, la administración la eludió y se quejó públicamente de la Suprema Corte.
La decisión “usurpa la clara autoridad del Poder Ejecutivo”, argumentó el secretario interino del Departamento de Seguridad Interna Chad Wolf, quien no cuenta con una licenciatura en Derecho y cuya designación en su puesto actual violó la ley federal, de acuerdo a la Oficina de Responsabilidad Gubernamental y una corte federal.
Aun en sus últimas semanas en el poder, sin contar con una ventaja política que pueda ganar, la cruzada republicana sigue avanzando contra un grupo de jóvenes que crecieron en este país y son totalmente estadounidenses, excepto por su estatus legal.
Un grupo de procuradores generales estatales del Partido Republicano ha desafiado la constitucionalidad del programa en una corte de Texas, en donde está programada una audiencia para finales de este mes.
Unas 650 mil personas están cubiertas por el programa, conocido como Acción Diferida para los que llegaron al país durante su infancia, DACA, y un estimado de 300 mil más son elegibles y están esperando una oportunidad para enviar su solicitud. Fue esa oportunidad la que eliminó la administración en el 2017, cuando inició su campaña para dar por terminado el DACA.
Los funcionarios no pudieron rescindir de inmediato los beneficios del programa de aquellos que ya habían disfrutado de los mismos, lo cual incluía permisos para trabajar renovables cada dos años, mientras la lucha continuaba en las cortes.
Pero en el mes de junio, justo después que la Suprema Corte bloqueó el intento que hizo la administración de anular el DACA, Wolf se dispuso a desmantelarlo, prohibiendo todas las nuevas solicitudes y recortando la renovación de permisos para trabajar de dos a un año.
La semana pasada, el juez Nicholas Garaufis de la Corte de Distrito de Brooklyn le puso fin a ese sinsentido. Le ordenó al Departamento de Seguridad Interna y a otras agencias que empezaran a aceptar las nuevas solicitudes de DACA, incluyendo las de 55 mil adolescentes que quedaron fuera del programa durante los tres últimos años pero que ya cumplieron 15 años, la edad en la que son elegibles.
Uno sólo se puede preguntar que tóxico ánimo, crueldad y fervor ideológico impulsa la lucha en contra de DACA en esta etapa. El presidente electo Joe Biden ha dejado en claro que restaurará el programa. Y más de tres cuartas partes de los estadounidenses dicen que los dreamers deberían permanecer en Estados Unidos con un estatus legal, incluyendo casi el 70 por ciento de los republicanos, de acuerdo a un sondeo realizado en este verano.
Armado con ese conocimiento, Biden debería hacer más que restaurar el estatus quo anterior. Los dreamers merecen una solución permanente y eso significa una legislación para codificar su estatus legal o ciudadanía en este país.
Es absurdo persistir en las batallas legales cuyo fin implícito es la marginalización y eventual expulsión de casi 1 millón de migrantes, que tienen mayormente entre 20 y 30 años y a los que les falta un punto de apoyo.
Hay que terminar de inmediato con ese sinsentido.