Frenar construcción del muro ahorraría $2.6 mil millones
Sin embargo, aunque Biden podrá dar por terminados los contratos con las empresas constructoras, estas podrán cobrarle al Gobierno una cuota de ‘desmovilización’
El Gobierno de Estados Unidos podría ahorrarse aproximadamente 2.6 billones de dólares si el presidente electo Joe Biden detiene la construcción del proyecto del muro fronterizo desde el primer día de su mandato, de acuerdo a la estimación que hizo el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos y que fue revisada por The Washington Post.
Biden les comentó a los reporteros en este verano que no construiría “ni un solo pie más” de las barreras fronterizas que se convirtieron en el símbolo de la presidencia de Trump y uno de los proyectos federales de infraestructura más caros en la historia de Estados Unidos. Sin embargo, las implicaciones financieras de la decisión para detener la obra –incluyendo los costos en los que el Gobierno pudiera incurrir– no han sido dadas a conocer públicamente.
Los comandantes del Cuerpo de Ingenieros del Ejército se reunieron la semana pasada con miembros del equipo de transición de Biden para discutir sobre el proyecto del muro fronterizo, según reveló Raini Brunson, portavoz del Cuerpo de Ingenieros. Ella rechazó comentar sobre las estimaciones revisadas por The Post, refiriendo las preguntas adicionales a la oficina del presidente electo.
“Nosotros no podemos especular sobre las estimaciones del costo final por un trabajo que no ha sido entregado ni acerca de qué acciones podría o no tomar la Casa Blanca”, dijo Brunson a través de un comunicado. El equipo de transición de Biden no respondió a la petición que se le hizo el miércoles para que comentara al respecto.
La administración Trump obtuvo aproximadamente 15 billones de dólares para el proyecto de la barrera fronteriza, lo suficiente como para completar 738 millas del nuevo cerco, de acuerdo al Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
Aproximadamente una tercera parte de esos 15 billones de dólares fue proporcionado por el Congreso a través del proceso estándar de asignaciones, Trump tomó el resto de los programas de contra-narcóticos del Departamento de la Defensa y de las cuentas para construcciones militares. Las estimaciones de los Cuerpos de Ingenieros del Ejército muestran que habrá aproximadamente 3.3 billones de dólares de fondos no utilizados en las cuentas del proyecto hasta el 21 de enero. Oficiales del Ejército han tenido reuniones en las últimas semanas sobre cómo dar por terminados los contratos y acerca de qué se puede hacer legalmente y cuándo podría hacerse.
Aunque la administración Biden tendrá la habilidad de dar por terminados o modificar los contratos con las empresas constructoras que están construyendo la barrera, esas empresas podrán cobrarle al gobierno una cuota de “desmovilización” que abarca el retiro de cuadrillas de trabajadores, materiales y equipo de la frontera. Se proyecta que esas cuotas ascenderían a unos 700 millones de dólares, de acuerdo a las estimaciones.
Los Cuerpos del Ejército también estimaron una tercera opción que podría no agregar más millas lineares a la barrera pero permitiría a las empresas concluir los caminos, sensores y otros “atributos” que son parte de esos contratos. Oficiales del CBP han insistido desde hace tiempo en que la barrera es parte de un “sistema” que incluye una poderosa tecnología de detección y caminos que permiten que los agentes de la Patrulla Fronteriza respondan más rápido a las incursiones que se hacen.
De los 1.6 billones de dólares restantes que tiene el Departamento de Seguridad Interna para el proyecto –que es una de las fuentes de financiamiento– el Gobierno podría ahorrar 1.1 billones de dólares al completar cuestiones adicionales, según muestran las estimaciones, comparados con los 1.46 billones de dólares si se congela completamente el proyecto. La administración Biden no ha dicho si podría considerar completar esos elementos del proyecto, o detener totalmente toda la construcción.
La agenda del presidente electo pretende dar por terminada de inmediato la declaración de emergencia nacional que permitió que Trump “obtuviera recursos federales” de los presupuestos de la defensa, de acuerdo al sitio en la web del equipo de transición.
“El construir un muro hará poco para disuadir a los criminales y cárteles que buscan aprovecharse de nuestras fronteras”, dice el plan de Biden. “En lugar de robarles los recursos a las escuelas para los hijos de militares y los esfuerzos de recuperación en Puerto Rico, Biden destinará recursos federales a algunos esfuerzos inteligentes para el refuerzo de la frontera, como inversiones en mejorar la infraestructura de revisión en nuestros puertos de entrada, que hará que Estados Unidos sea más seguro”.
Las cuadrillas de la construcción que están a lo largo de la frontera han estado trabajando día y noche en múltiples lugares para construir las barreras lo más rápido posible antes de que Biden asuma la presidencia, anticipándose a los días contados que tiene el proyecto. Grupos ambientalistas y de conservación que se oponen al proyecto han expresado su malestar de que las cuadrillas de trabajadores sigan utilizando maquinaria pesada y demoliendo regiones sensitivas del desierto y las montañas, alterando el panorama para abrir camino para las barreras que no habrá tiempo para instalarlas.
El comisionado interino de Aduanas y Protección Fronteriza, Mark Morgan, les comentó a los reporteros en esta semana que el compromiso que hizo Biden de detener el proyecto podría ser “un desperdicio de dinero de los contribuyentes que podría ascender a billones de dólares”.
“Se ha dicho que no se va a construir “un pie más” del muro. Pero yo quiero hablar acerca de la realidad, no de la realidad política, sino del impacto sustantivo de detener la construcción”, dijo Morgan.
Oficiales del CBP dijeron que las cuadrillas de trabajadores están a punto de concluir 450 millas del nuevo cerco para finales de este año. La mayoría de eso se ha construido en bosques nacionales, reservas de la vida silvestre y otros terrenos públicos en los estados del oeste en donde el Gobierno controla esas propiedades. El avance ha sido mucho más lento a lo largo de las orillas del Río Grande en Texas, en donde casi todos los terrenos son privados y los dueños han luchado contra los esfuerzos que ha hecho la administración Trump de confiscarlos a través de la expropiación.