Bloquean orden para suspender deportaciones
Juez federal favorece demanda del Gobierno de Texas; se avizoran largos procesos legales en cortes locales, advierten
Después de que un juez federal bloqueó temporalmente la orden ejecutiva del presidente Joe Biden, que congeló por 100 días los procesos de deportación, especialistas en inmigración prevén largos procesos judiciales en el futuro, en tanto, organizaciones de derechos humanos condenaron la medida.
El juez federal Drew Tipton, de la Corte del Distrito Sur de Texas, concedió ayer martes una Orden de Restricción Temporal (TRO) a la orden firmada por el presidente, misma que responde a una demanda del Gobierno de Texas contra diferentes oficiales y agencias federales.
“Texas argumenta que el memorando del 20 de enero es arbitrario y caprichoso porque fue emitido ‘sin consideración alguna de una política más limitada’”, respondió el juez Tipton en su dictamen a favor de la parte demandante.
El memorando mencionado en el dictamen del juez se refiere al documento girado por el Departamento de Seguridad Interna (DHS) en donde se indica “ejecutar una pausa de 100 días sobre la expulsión de extranjeros que ya están sujetos a una orden de expulsión final”.
El juez Tipton dictaminó que el Gobierno de Biden no había logrado “proporcionar ninguna justificación concreta y razonable para detener durante 100 días las deportaciones”.
Los argumentos presentados por el Gobierno de Texas tuvieron suficiente valía para que el juez expidiera la TRO, misma que se espera sea apelada por las autoridades federales en fecha próxima.
“La orden de hoy (martes) es un revés temporal para el Plan Biden”, opinó la abogada Jeanne Morales, especialista en migración. “Las partes deben presentar informes sobre el tema antes del jueves. Después de eso, se podrá contar más sobre la dirección de esta demanda”, sostuvo Morales.
En el dictamen del juez Tipton se especifica que la mencionada orden de restricción temporal se otorga a nivel nacional, y prohíbe el cumplimiento e implementación de las políticas descritas en el memorando del 20 de enero en la Sección C titulada “Pausa inmediata de 100 días en las deportaciones”.
La demanda de Texas se emplazó contra los Estados Unidos de América y los funcionarios David Pekoske, secretario interino del Departamento de Seguridad; Tae Johnson, director interino del Servicio de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos; y de Tracy Renaud, secretaria de la Oficina de Servicios de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos.
“La batalla sobre inmigración que existe entre los tribunales y el Poder Ejecutivo continuará en la administración Biden”, dijo por su parte Carlos Armendáriz, abogado migratorio.
“La congelación de la deportación será la primera de muchas medidas cautelares de los tribunales federales, mientras el presidente intenta controlar y corregir un sistema de inmigración dejado en ruinas por la última administración”, sostuvo Armendáriz. “Hasta que Biden y los congresistas demócratas puedan aprobar un proyecto de ley en la Legislatura, las órdenes ejecutivas seguirán siendo impugnadas en los tribunales federales de todo el país”, auguró el especialista.
La demanda fue promovida por Ken Paxton, procurador de Texas, quien en su cuenta de Twitter festejó el dictamen del juez Tipton.
“VICTORIA. Texas es el PRIMER estado de la nación en entablar una demanda contra la administración Biden. Y GANAMOS. En los 6 días posteriores a la toma de posesión de Biden, Texas DETUVO su congelación ilegal de deportación”, suscribió Paxton ante la medida.
Más allá del sentido de la demanda, Paxton calificó la orden ejecutiva de Biden como “una insurrección sediciosa de izquierda. Y mi equipo y yo lo detuvimos”.
Critican fallo y demanda
Al saber el dictamen del juez Tipton, la Red Fronteriza por los Derechos Humanos (BNHR) condenó la decisión que calificó como “irracional e inhumana”.
“Esta decisión del juez Tipton, conservador de Texas, es contraria a la voluntad de millones de votantes que piden el fin de los actos racistas e inmorales y prácticas xenófobas de separación y deportación de niños y sus padres”, afirmó Fernando García, director ejecutivo de BNHR.
“También es revelador que este juez federal decidió alinearse con el fiscal general de Texas Ken Paxton, la misma persona que intentó eliminar el programa DACA que protege a los jóvenes estadounidenses indocumentados de la deportación”, sostuvo García.
A nombre de BNHR, su director ejecutivo afirmó que la administración presidencial de Joe Biden “ha adoptado el enfoque correcto al trabajar de inmediato para desmantelar el legado dañino de la presidencia de Trump que ha resultado en el encarcelamiento masivo de niños y sus familias”.
Mientras tanto Kate Huddleston, de la Unión Americana de Libertades Civiles de Texas, criticó al procurador Paxton y argumentó que no se debería permitir que proceda su demanda.
“La pausa del Gobierno a las deportaciones no sólo es legal, sino que es necesaria, para asegurar que las familias no sean separadas y que las personas no regresen al peligro innecesariamente mientras el nuevo Gobierno revisa acciones pasadas”, dijo Huddleston en un comunicado.