La primera gran crisis del presidente Joe Biden
Miami— La creciente migración de niños indocumentados centroamericanos a Estados Unidos se está convirtiendo rápidamente en la primera gran crisis del Gobierno de Joe Biden, y es probable que sea un tema clave en la campaña para las elecciones legislativas de 2022.
El ex presidente Donald Trump, quizás para desviar la atención pública del exitoso manejo de la pandemia de Covid-19 que está haciendo el Gobierno de Biden, dejó en claro en su discurso del 28 de febrero que se centrará en el tema de la inmigración ilegal para impulsar su intento de resurrección política.
Trump afirmó falsamente que desde que Biden asumió el cargo ha habido una “avalancha masiva” de indocumentados “como nunca antes habíamos visto”.
En realidad, contrariamente a la demagogia populista de Trump, las detenciones fronterizas han ido en aumento desde abril del año pasado, cuando Trump todavía estaba en el poder. Y las detenciones de indocumentados en la frontera están por debajo de sus niveles de 2019, y de sus récords históricos de principios de la década de 2000, según datos del Pew Research Center.
Sin embargo, hay una categoría de indocumentados que está creciendo más que el resto: la de niños migrantes de Honduras, El Salvador y Guatemala, los llamados países centroamericanos del Triángulo Norte. Entre las razones del aumento actual de niños migrantes:
Primero, los países del Triángulo Norte tienen algunas de las tasas de homicidio más altas del mundo. Muchos adolescentes en estos países deben hacer frente al ultimátum de unirse a las pandillas, o ser matados por ellas, y sus padres deciden mandarlos al norte.
En segundo lugar, varios años de sequías y los recientes huracanes Eta y Iota han destruido las cosechas, dejando a comunidades enteras sin alimentos.
En tercer lugar, la pandemia de Covid19 aniquiló el turismo, y arruinó aún más la economía de la región.
En cuarto lugar, la corrupción desenfrenada en Honduras, Guatemala y El Salvador, que viene desde sus propios gobiernos, produce desesperanza, y ansias de emigrar.
El presidente hondureño Juan Orlando Hernández, un aliado cercano de Trump, ha sido implicado por un tribunal federal de Estados Unidos en el tráfico de drogas. El presidente populista de El Salvador, Nayib Bukele, toma medidas cada vez más autoritarias. En Guatemala, las maras y los cárteles de la droga actúan con impunidad. El 38% de los hondureños, el 26% de los salvadoreños y el 25% de los guatemaltecos dicen que tienen la intención de emigrar, según una encuesta de LAPOP de la Universidad de Vanderbilt.
“Es impresionante”, dice Benjamin Gedan, un experto en América Latina del Wilson Center. “La cantidad de personas que quieren migrar muestra la magnitud del problema”.
La forma de Trump de lidiar con este problema era llamar a algunas de estas naciones “países de m...”, construir un muro en la frontera con México, y pedirle a México que detenga a los migrantes centroamericanos.
En el proceso, Trump abandonó por completo los esfuerzos serios para combatir la corrupción en el Triángulo Norte. Durante la presidencia de Trump, los presidentes corruptos de la región que eran sus aliados aniquilaron las organizaciones internacionales que supervisaban exitosamente la lucha contra la corrupción, como la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), dirigida por las Naciones Unidas.
Biden, por otro lado, dice —con razón— que la única forma de detener el éxodo a largo plazo del Triángulo Norte será atacar las causas de fondo de la migración. Propone un paquete de ayuda económica de $4 mil millones para la región, condicionado a fuertes medidas anticorrupción. Para funcionar, el paquete de ayuda de Biden debería venir con fuertes condiciones. A cambio de la ayuda de Estados Unidos, los países del Triángulo Norte deberían aceptar una supervisión directa de Estados Unidos o las Naciones Unidas sobre cómo se gastan esos fondos, y permitir la llegada de nuevos organismos internacionales anticorrupción similares a los que expulsaron recientemente.
Va a ser difícil reconstruir estos países sin ayuda internacional para combatir la corrupción. Y si no se combate el robo y la impunidad, no se podrá parar la emigración. Hay que ayudar a estos países, a cambio de que sus cuestionados presidentes permitan una supervisión internacional de la lucha contra la corrupción.