De regreso a México
Más de 940 mil personas han sido devueltas a México a través del Título 42 a principios de agosto; el número identificado como exento ha sido pequeño, aunque la administración de Biden acordó admitir 250 solicitantes vulnerables por día
Enfrentan familias migrantes posible expulsión exprés
Una familia numerosa de Michoacán, México, cruzó el puente internacional Paso del Norte hacia el centro de El Paso la mañana del 1 de septiembre, con sus pruebas negativas de Covid-19 y guiados por representantes de organizaciones humanitarias locales.
Se encontraban entre los últimos grupos de migrantes a los que se les permitió ingresar a Estados Unidos a través de una exención a una controvertida política fronteriza de la era Trump, que permite al gobierno estadounidense expulsar rápidamente a México a los solicitantes de asilo. Ese proceso de exención ahora terminará, no por una decisión del gobierno federal, sino porque un consorcio de organizaciones humanitarias se ha negado a seguir implementándolo.
El Título 42, una sección del código de salud pública, se ha utilizado desde el inicio de la pandemia para rechazar rápidamente a los solicitantes de asilo en la frontera; una práctica ampliamente condenada por los defensores de los inmigrantes por poner a los migrantes directamente en peligro en las ciudades fronterizas mexicanas y violar su derecho a buscar asilo.
A pesar de los llamamientos para poner fin a la política de la era Trump, la administración Biden ha extendido indefinidamente el Título 42.
Pero un proceso de exención que comenzó en abril de 2021 permitió a los migrantes considerados “vulnerables”, en función de ciertos criterios, defender sus casos de asilo desde la seguridad de los Estados Unidos.
La familia de 15 personas, desplazada de su hogar en Michoacán y amenazada por cárteles, cumplió con ese criterio. Pidieron no ser identificados por su nombre por temor a posibles daños.
Este proceso de identificación de solicitantes de asilo vulnerables, llevado a cabo por un consorcio de organizaciones no gubernamentales, llegó a su fin el 31 de agosto, según Nicolas Palazzo de Las Américas Immigrant Advocacy y Omar Rios of Hope Border Institute.
La vulnerabilidad entre los migrantes se evaluó en función de factores que incluyen la urgencia médica, el riesgo inminente de peligro y el estado LGBTQ+, dijo Palazzo. Los niños migrantes no acompañados han sido considerados exentos del Título 42 y admitidos en el país durante la administración de Biden, un cambio con respecto a la administración anterior.
Gretchen Kuhner, directora del Instituto de Mujeres en Migración, una organización con sede en la Ciudad de México que formaba parte del consorcio, dijo que las organizaciones involucradas se han mostrado reacias a llamar la atención sobre él porqué no se pretendía que estuviera vigente por mucho tiempo.
“La idea detrás de este proceso (excepción del Título 42) se originó como algo que sería a corto plazo, porque la idea a principios de la primavera de este año era que el Título 42 terminara en el verano”, Palazzo, un abogado de planta de Las Américas, dijo. “Por supuesto que eso no sucedió debido a la variante delta”.
El Departamento de Seguridad Nacional no respondió a una solicitud de comentarios.
Las Américas ha examinado a 1 mil 200 personas a través del proceso de exención, dijo Palazzo.
Más de 940 mil personas han sido expulsadas en la frontera a través del Título 42 a principios de agosto; el número identificado como exento ha sido pequeño, y la administración de Biden acordó admitir a 250 solicitantes de asilo vulnerables por día a través del proceso de exención.
Pero Palazzo dijo que las organizaciones encargadas de facilitar este proceso decidieron que ya no lo llevarían a cabo, tanto porque pone en peligro a las organizaciones sin fines de lucro como porque ayuda a la administración de Biden a continuar implementando el Título 42.
“El gobierno habría estado satisfecho con extender este trabajo, pero las ONG se estaban colocando en una posición increíblemente difícil y simplemente estaban dando más forraje al gobierno para que continuara con esta política ilegal”, dijo Palazzo.
“En algún momento tienes que adoptar una posición de principios y decir que no, no vamos a facilitar una política que creemos que es inherentemente ilegal e increíblemente dañina”.
El Instituto para Mujeres en Migración registró aproximadamente 160 mujeres y niños para ingresar a Estados Unidos a través del proceso de exención. Kuhner, el director de la organización, dijo que ver a los migrantes llegar sanos y salvos a Estados Unidos para trabajar en sus procedimientos de asilo fue como “un pequeño destello de lo que debería suceder” a una escala mucho mayor.
“Es difícil porque cualquiera que trabaje en temas de protección de refugiados y migrantes quiere que la administración de
Biden elimine el Título 42”, dijo Kuhner.
“Entonces, participar en el proceso de exención, te pone en una posición realmente difícil, porque si sigues facilitando algún tipo de excepción, entonces es como ir en contra de tu propio argumento de que todos deben tener acceso al sistema de asilo en Estados Unidos”.
Palazzo dijo que el proceso también puso en peligro a las organizaciones, porque se las vio como un boleto a Estados Unidos. El trabajo de seleccionar a las personas vulnerables para obtener asilo debería recaer en los funcionarios de inmigración, no en las organizaciones humanitarias, dijo Palazzo.
Ríos, el coordinador de apoyo humanitario del Hope Border Institute, no estaba seguro de si a la familia de Michoacán se le permitiría cruzar ese día; había recibido un aviso de que las exenciones del Título 42 estaban terminando el día anterior, pero la familia ya había sido aprobada y formaba parte de un atraso. La organización de defensa de los refugiados que procesó el paso de la familia, la Sociedad Hebrea de Ayuda al Inmigrante, no respondió a una solicitud de entrevista.
La familia esperó, parada en medio del puente, durante una hora antes de que los oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza finalmente los dejaran pasar. Ríos dijo que la espera no era inusual: “Lo extraño es cuando lo hacen rápido”.
Después de ser procesada por el CBP, la familia pudo ingresar a Estados Unidos a través de la exención. Ahora pueden residir en Estados Unidos mientras esperan una decisión en su caso de inmigración, algo que era común entre los solicitantes de asilo antes de la administración Trump.
El Comité Internacional de Rescate, una de las organizaciones del consorcio, dejó de participar en el proceso de excepción del Título 42 en julio para tomar una “posición firme” en oposición al Título 42, según un comunicado de prensa en el sitio web del IRC.
“Lo que se suponía que era una medida temporal destinada a ayudar a las personas con necesidades humanitarias graves y urgentes que estaban atrapadas en la frontera entre Estados Unidos y México, ahora corre el riesgo de convertirse en una práctica permanente a través de una extensión continua”, dijo Meghan López, vicepresidenta regional y presidenta para América Latina en el IRC, dijo en el comunicado de prensa.
Hope Border Institute estuvo involucrado los procesos de excepción en la frontera, dijo el director ejecutivo Dylan Corbett. Explicó que el trabajo de la organización consistía principalmente en guiar a los migrantes a través del puente y ayudarlos una vez que ingresaban a Estados Unidos.
“El proceso de exención del Título 42 fue problemático de muchas maneras”, dijo Corbett. “Al mismo tiempo, era uno de los pocos salvavidas que estaban disponibles para las personas vulnerables. Por eso me preocupa mucho que una de las pocas opciones para los solicitantes de asilo genuinos ahora se suspenda y que vayamos a tener personas necesitadas de protección que serán devueltas a lugares como Ciudad Juárez”.
Human Rights First ha rastreado a más de 6 mil 300 casos de ataques violentos contra migrantes expulsados a México a través del Título 42 desde el inicio de la administración de Biden.
Palazzo compartió las preocupaciones de Corbett sobre los peligros de la expulsión de personas vulnerables a México ahora que el proceso de excepción ha terminado.
“Pero no podemos simplemente usar esta idea de eximir a las personas del Título 42 como una razón o un pretexto para mantener la política en vigor. La política es ilegal e increíblemente dañina”, dijo. “Seguimos operando en el contexto como si el asilo fuera un privilegio, pero el asilo es un derecho. Simplemente subcontratar solicitantes de asilo a México y hacer que las personas traten de luchar por sus vidas y por sus solicitudes de asilo en México no solo es ilegal sino increíblemente cruel”.