Sentencian a ‘polleros’ secuestradores
Un paseño y un juarense exigían dinero a las familias de los indocumentados
Un ciudadano mexicano fue sentenciado en una corte federal en El Paso el miércoles a 144 meses de prisión, junto con un hombre de El Paso que fue sentenciado a 200 meses de prisión, por violar la ley federal sobre secuestro.
Según documentos judiciales, Carlos Villa-miranda alias “Negro” de 42 años de Ciudad Juárez, México, y Enrique Quiroz Jr. alias “Kike” de 50 años de El Paso eran cómplices de una organización de contrabando de personas a través de la cual exigían dinero a las familias de los indocumentados que traficaban. Quiroz amenazó con matar a las víctimas de la trata si hablaban con la policía e instó a los agraviados a decirles a sus familias que pagaran los rescates. Villamiranda también amenazó a los indocumentados, en al menos una ocasión blandiendo un cuchillo tipo carnicero.
En diciembre de 2020, Villamiranda fue arrestado después de que huyó de una inspección secundaria en el puesto de control de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos en Las Cruces en la Interestatal-10, y Quiroz fue detenido durante un registro de su apartamento.
“Estas organizaciones de contrabando de personas son increíblemente peligrosas y demuestran que valoran su búsqueda de dinero y poder a través de medios ilegales mucho más que la vida de sus víctimas de la trata”, dijo el fiscal federal Jaime Esparza del Distrito Oeste de Texas. “Los agentes del Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) hicieron un trabajo excepcional al rastrear a estos dos delincuentes y poner fin a sus roles como contrabandistas de personas”.
“Estas sentencias muestran las graves consecuencias que enfrentan los traficantes de personas cuando explotan a las personas de una manera tan despiadada”, dijo el agente especial a cargo Francisco B. Burrola de la División de HSI El Paso. “HSI se compromete con vehemencia a usar su amplia autoridad para identificar, investigar y arrestar a los delincuentes que se aprovechan de las vulnerabilidades de su carga humana con amenazas y actos de violencia”.
HSI investigó el caso.