“Si colaboran con la junta colaboran con la colonia”
Movimientos políticos hacen un llamado a desobedecer el ente de control de EEUU
SAN JUAN
Formaciones políticas independentistas y de la izquierda de Puerto Rico llaman a desobedecer a la junta de supervisión encargada de reestructurar la deuda, que catalogan de imposición desde EEUU a la isla.
La candidata del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) a la gobernación, María de Lourdes Santiago, pidió ayer no colaborar con la junta aprobada por el Congreso de EEUU para dar solución a la deuda de la isla que ronda los 68,000 millones de dólares.
“Quien colabora con la junta colabora con la colonia”, dijo Santiago en declaraciones radiales sobre esa entidad creada por la ley Promesa y que será integrada por siete personas de las listas presentadas por los líderes del Congreso y una a la discreción del
Los trabajadores de Puerto Rico llevan ya tiempo sufriendo los efectos de la crisis. presidente Barack Obama.
Santiago dijo que el Ejecutivo local debe actuar con el pequeño margen de autogobierno que le concede al Gobierno, el actual estatus de Estado Libre Asociado.
La dirigente reclamó por todo ello una “actitud de confrontación” ante la junta de control fiscal federal que en los próximos meses deberá empezar a tomar medidas que muchos temen deterioren todavía más las condiciones de vida de la población local.
Las palabras de Santiago fueron suscritas por el can- didato a gobernador en las elecciones del próximo mes noviembre del minoritario Partido del Pueblo Trabajador (PPT), Rafael Bernabe, quien abogó por la resistencia a una junta que considera impuesta desde Washington.
“Cuantas más organizaciones estén contra la junta mejor”, aseguró Bernabe, tras insistir en que está dispuesto a analizar con Santiago y otros grupos en contra de la junta estrategias para crear una respuesta coordinada.
Bernabe advirtió además que aún la gente no sabe bien cuáles son las consecuencias de la ley Promesa y la junta que lleva aparejada, pero que tan pronto esa entidad tome las primeras medidas el descontento aumentará entre la población.
La ley Promesa que establece la junta dispondrá de amplios poderes que afectarán a la fiscalidad, presupuestos anuales, intervención en la elaboración de leyes, reglamentos y órdenes ejecutivas.
La intervención llega tras degradarse la situación en Puerto Rico, que lleva más de una década en recesión.
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