Dos años de Ayotzinapa: aún faltan 43 y el gobierno no responde
“Sus hijos no son unas blancas palomas”, estalló Monte Alejandro Rubido, aún comisionado Nacional de Seguridad poco después de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, en una reunión de finales de 2014 con un selecto grupo de padres de familia que se divulgó poco después en la prensa local.
El contenido del encuentro era claro y sencillo pero a la vez una bomba que, aunque políticamente incorrecta, buscaba una explicación a los hechos ocurridos el 26 de septiembre de aquel año: 17 de los 43 estudiantes atacados por policías de la Ciudad de Iguala al servicio del cártel de los Guerreros Unidos podrían ser miembros del grupo rival Los Rojos.
Desde entonces y hasta la fecha la información que involucra a los normalistas como parte de la estrategia de los diversos grupos del narcotráfico en el estado de Guerrero -actualmente el más violento del país- que, aliados con la guerrilla, buscan controlar la plaza.
Los señalamientos provienen desde revelaciones del Ministerio Público Federal, audios y videos difundidos a través de las redes sociales y hasta algunas actitudes abiertamente públicas y sospechosas de los padres de familia, el exdirector José Luis Hernández y estudiantes de la Isidro Burgos.
“El gobierno no ha sido serio con nosotros”
En abril de 2015 un grupo de padres de familia acudieron con un letrero a la carretera México Acapulco a la altura de Iguala y pidieron ayuda a Santiago Mazari, quien fuera líder de Los Rojos, para encontrar a sus hijos. “Le pedimos de favor ayúdenos a dar con el paradero de nuestros hijo porque este mal gobierno ha sido serio con noso- tros”, rezaba.
Según con la averiguación previa que hizo pública la Procuraduría General de la República (PGR), al menos cinco delincuentes detenidos por los hechos de Iguala señalaron a Mazari – entre ellos Sidronio Casarrubias, líder de plaza de Guerreros Unidoscomo la persona que pagaba al director de la normal y a algunos estudiantes para “hacer desmadre en la plaza y “calentarla”.
En términos del crimen organizado “calentar plaza” significa llamar la atención de medios de comunicación y autoridades. La zona centro de Guerrero es disputada desde hace años por las dos organizaciones archirrivales.