POLICÍAS NO SON AGENTES DE LA MIGRA L
as autoridades locales saben mejor cómo salvaguardar sus comunidades que una persona desde Washington. La política de castigar a las localidades santuarios tiene % / seguir un punto de vista sobre inmigración que no tiene nada que ver con la seguridad pública y mucho con una cerrada visión ideológica.
Tiene un fundamento sólido el que las autoridades del orden en las jurisdicciones con población indocumentada no quieran ser vistas como agentes de inmigración. Es un argumento práctico para quienes patrullan las calles, pero aparentemente ajeno para los conser vadores de escritorio.
Este no es el resultado de políticos liberales, débiles ante el crimen, a favor de fronteras abiertas que simpatizan más con asesinos indocumentados que con las víctimas residentes y ciudadanas. Eso es lo que se quiere mostrar tanto en la Casa Blanca como en el Congreso.
En realidad parte de los mismos jefes de la policía y del sheriff que comprenden que la inmensa mayoría de indocumentados son gente honesta y trabajadora deseosa de contribuir a la seguridad de las comunidades en que viven. Estos inmigran policía no los va a entregar a las autoridades migratorias cuando denuncien un delito. Lo malo para la seguridad pública es que no lo hagan.
La orden del presidente Donald Tr ump busca restaurar lo peor del pasado. Quiere convertir al policía en un agente de inmigración, amplía las condiciones por las cuales se puede deportar una persona, llegando hasta el “juicio (personal) del agente de inmigración” para determinar si una persona es peligrosa. Esto es un sue- ño para un grupo de agentes acusados continuamente de abuso de poder.
Se estima que hay siete estados, 39 ciudades y 364 condados que tienen límites en su relación con las autoridades federales de migración. Trump quiere castigarlos recortando fondos y subsidios. El Congreso lo puede hacer con las asignaciones federales, pero la Corte Suprema en 1982 -South Dakota v Doledijo que se debe limitar al área en cuestión; puede ser en seguridad pública, pero no educación.
El camino de Trump para perjudicar las ciudades y condados que deciden cómo manejar su seguridad pública se opone a principios defendidos por los republicanos: las autoridades conocen mejor sus localidades a la hora de las normas y el alcance excesivo de las órdenes ejecutivas.
Por todo esto, el argumento y acción actual en contra de los indocumentados es una hipocresía que pone más en peligro al público que dice querer proteger.•