El Diario

Renuevan pedido de licencias de conducir para indocument­ados en NY

Lanzan la campaña ‘Luz Verde NY: Guiando Juntos’, para presionar a la Legislatur­a estatal a pasar un proyecto de ley

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Camille Padilla Dalmau

Camille.padilla@eldiariony.com

El poder conducir un vehículo sin miedo es una necesidad y no un privilegio, según expresó el inmigrante Luis Jiménez ayer en una rueda de prensa en Albany, en la que se lanzó la campaña ‘Luz Verde NY: Guiando Juntos’, que tiene como manejo a todos los neoyorquin­os sin importar su estatus migratorio.

Este padre que tiene hijos estadounid­enses quiere que sus niños no sufran por ser hijos de un indocument­ado. “Es triste decirles que no te puedo llevar a la práctica de baloncesto. No te puedo llevar aquí o allá”, se lamentó Jiménez junto a otros activ istas y f uncionario­s electos durante la presentaci­ón de la iniciativa.

El objetivo de la campaña es mos acceso a licencias de conducir a todos los neoyorquin­os e impulsar una legislació­n que introducir­á formalment­e el asambleíst­a estatal Francisco Moya en las próximas semanas.

Moya dijo que fuera de las ciudades con sistemas de transporta­ción masiva, las personas indocument­a - do diligencia­s como hacer compras, llevar y buscar a los niños a la escuela, o simplement­e ir al trabajo. “Es tiempo de luchar. Decir que la intoleranc­ia no está bienvenida en Nueva York, y quitar los obstáculos innecesari­os que los inmigrante­s enfrentan para poder proveerles a sus familias”, dijo el asambleíst­a.

La legislació­n de Moya estipula que la informació­n personal que entreguen los solicitant­es no sea cualquier agencia que busque acceder a estos datos, deba obtener una orden judicial.

Hay aproximada­mente 570,000 inmigrante­s indocument­ados a través de los cinco condados de la ciudad de Nueva York, según un reporte del contralor municipal Scott Stringer, que analizó el impacto que tendrían las licencias para este segmento de la población.

El reporte indicó que aunque los trabajador­es indocument­ados contribuye­n $1,100 millones anualmente a la ciudad y el estado mediante sus impuestos, al no poder conducir legalmente pierden oportunida­des de trabajo, viven bajo el temor de ser deportados y pasan menos tiempo con sus familias por tener que tomar transporta­ción pública.

Además, la Contralorí­a asegura que se mejoraría la seguridad en las calles, porque los que solicitan una licencia deben aprender cuáles son las normas de tránsito, además de que estarían obligados a comprar un seguro, lo que resultaría en un - res en las vías.

La propuesta de ley de Moya viene en un momento en el cual los inmigrante­s están preocupado­s por las decisiones que está tomando el presidente Donald Trump. “Me siento intimidado por las políticas de la nueva Administra­ción”, dijo Rey Morales, un inmigrante quien manera si pudiera tener un documento para conducir. “Una licencia es un escudo contra el racismo y la discrimina­ción”, expresó.

Ya se había intentando

Esta no es la primera vez que el estado de Nueva York trata de expandir las licencias de conducir a todos los neoyorquin­os sin importar su estatus migratorio. En el 2007, el entonces gobernador Eliot Spitzer exploró la posibilida­d de que los indocument­ados obtuvieran este documento presentand­o solamente al Departamen­to de Vehículos su pasaporte extranjero u otra prueba de identidad.

Spitzer intentó de varias maneras que la medida fuera aprobada, pero debido a una fuerte oposición política y de la opinión pública, falló en relajar las medidas que había implementa­do su antecesor George Pataki, quien en el 2002 mantuvo que sólo los neoyorqui- nos con Seguro Social podían sacar la licencia de conducir.

Seis años más tarde, una propuesta si milar se rev iv ió con el senador estatal José Peralta y el asambleíst­a Luis Sepúlveda. Ambos presentaro­n un proyecto de ley que autorizaba al Departamen­to de Vehículos a emitir licencias a inmigrante­s sin papeles y espe podían ser requeridos para determinar el estatus migratorio de sus portadores. Sin embargo, la propuesta nunca fue aprobada por la Legislatur­a en Albany.

El contralor Stringer cree que ahora es el tiempo correcto para cambiar esta política. “Cuando una retórica retrógrada y una formulació­n de políticas retrógrada­s están

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