Aplicarían deportación “rápida” a las personas con menos de 2 años en el país
Pilar Marrero
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La “deportación expedita”, un proceso en el que se expulsa del país a un extranjero sin darle la oportunidad de defender su caso ante un juez, es uno de los métodos escogidos por el gobierno de Donald Trump para maximizar el daño en la comunidad inmigrante.
Supuestamente, este tipo de mecanismo se utilizaría para deportar aceleradamente a personas que no puedan probar que llevan más de 2 años en este país, pero es posible que otros caigan en la red, dijeron activistas y expertos.
Hasta ahora, el gobierno de Estados Unidos usaba este mecanismo únicamente con delincuentes convictos y con personas que no pudieran probar más de dos semanas en el país.
“Este es uno de los puntos más graves de lo que pretende hacer este gobierno con los inmigrantes”, dijo Tom Jawetz, experto en inmigración del Centro para el Pro- greso Americano (CAP). “Es una sorprendente expansión de deportaciones sin la posibilidad de que un juez escuche el caso”.
Los memos explican cómo el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aplicarían la ley y las órdenes ejecutivas sobre inmigración que ya f ueron emitidas en enero. Se trata esencialmente las directivas que van a agencias migratorias, para que implementen las órdenes de la Casa Blanca.
Aunque esta y otras medidas en las órdenes supuestamente deben pasar por un proceso de reglamentación, es posible que en el caso de la deportación expedita el secretario de DHS John Kelly pueda decidir aplicarla de inmediato ya que la ley se lo permite.
La intención de aumentar el uso de la deportación expedita es, supuestamente, evitar añadir más casos al “backlog” o retraso acumulado en cortes de inmigración, pero el resultado, según expertos será un aumento rápi- do en deportaciones.
“Desde que este tipo de deportación se creó por ley en 1996, nunca se ha implementado totalmente”, explicó Stephen Yale-Loehr, profesor de la escuela de leyes de Cornell University y uno de los principales expertos del país en ley migratoria.
“Al parecer la intención es maximizar su uso y afectar a miles, quizá cientos de miles de personas cada año, que hasta ahora no hubieran sido deportados”, agregó el experto.
El abogado y ex presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Inmigración David Leopold, dijo que era muy probable que personas con más de dos años en el país cayeran en la red si no pueden probar rápidamente su tiempo de residencia.
“No me e x t ra ña r ía que casos como uno que yo representé de una víctima de violencia doméstica terminaran deportados antes de poder probar que tienen más de dos años en este país o h a n s i do v í c t i ma s ”, d i j o Leopold.