Gobernador pide investigar al alcalde implicado en acoso sexual
No convencieron sus explicaciones sobre supuesto abuso de empleada del Ayuntamiento de Guaynabo
EFE
El gobernador de Puerto Rico, R ica rdo Rossel ló, ordenó ayer a la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, iniciar una investigación sobre los supuestos actos de hostigamiento sexual que públicamente se le imputan al alcalde de Guaynabo, Héctor O’Neill.
“Le estoy solicitando a la secretaria de Justicia que se proceda a investigar los alegados actos de hostigamiento sexual que públicamente se le imputan al alcalde Héctor O’Neill; las circunstancias en que se produjo el llamado acuerdo entre las partes y el origen de los fondos con que se pagó dicha transacción”, sostuvo Rosselló a través de un comunicado.
“El interés público reclama transparencia total en esta investigación y es responsabilidad del Gobierno asegurarse que las investigaciones se realicen correcta y diligentemente, garantizando los derechos de todos los involucrados en esta lamentable situación”, concluyó Roselló.
El gobernador había pedido al alcalde de Guaynabo y miembro de su partido la dimisión, por no dar explicaciones convincentes sobre un supuesto caso de acoso sexual contra una empleada de su municipio y el origen de los fondos para la retirada de la demanda.
El asunto se convirtió en una situación delicada para Rosselló después de hacerse público el caso y de que el sábado, organizaciones y la oposición mostraron su rechazo frontal a O’Neill.
El caso afecta a una empleada del Ay untamiento, cuya identidad no fue revelada y no pasó a los tribunales gracias a un acuerdo económico.
Ante la petición del gobernador, O’Neill dejó claro ayer que el acuerdo privado para que la querella de hostigamiento sexual no pasara a los tribunales no se pagó con fondos públicos, en unas declaraciones escritas que leyó a la prensa.
O’Neill hizo saber de forma contundente que no renunciará a su puesto como alcalde de Guaynabo.
La presidenta del Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI), Nydia Cotto Vives, reveló que la perjudicada presentó una querella administrativa contra el alcalde el pasado 20 de diciembre de 2016, ante la Unidad de Procesamiento Administrativo Disciplinaria (UPAD). •