Piden convertir el TPS en residencia legal
EFE
A menos de un año para que expire el Estatus de Protección Temporal (TPS) para inmigrantes de Honduras, El Salvador y Nicaragua, grupos defensores de inmigrantes no solo esperan su renovación sino que desean que la Administración del presidente Donald Trump les ofrezca la residencia permanente.
“Nuestra esperanza, lo que nos gustaría ver es que el TPS se convierta en una residencia permanente”, declaró Angélica Salas, directora de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA).
Salas argumentó que los beneficiarios centroamericanos del TPS “han estado, en promedio, durante una década y media con esta protección temporal y es una comunidad que necesita tener residencia permanente, especialmente considerando que la situación en sus países no ha mejorado”.
Así, al tener en cuenta la política de cumplimiento más estricta de las leyes de inmigración de la administración Trump, la primera meta de la líder activista es luchar para mantener el beneficio.
“En este momento, sin embargo, considerando la política tan nefasta y agresiva que hemos visto con respecto a la inmigración, lo primero es asegurar que el TPS siga en pie”, aseveró Salas.
Desde el punto legal, el TPS no solo ofrece un permiso de trabajo sino que suspende las órdenes de deportación de los beneficiarios.
“Si usted tiene una orden de deportación, el TPS pone freno a esa deportación”, explicó el abogado experto en inmigración, Nelson Castillo.
No obstante, esa protección se puede perder si el beneficiario “comete un delito grave o dos crímenes menores”, recalcó Castillo.
Al cometer uno de esos delitos, enfatizó el jurista, “usted automáticamente queda fuera del TPS y si tenía una orden de deportación anteriormente está haciéndose sujeto de una forma mucho más rápida a que el Gobierno vaya, lo busque y lo saque del país”.
Salas como Castillo coinciden en que no solo el beneficio está vigente sino que es importante renovarlo cuando sea el momento.
El abogado no ve por ahora un riesgo inminente de cancelación del programa y, de darse, posiblemente el Gobierno lo haría en el momento de vencerse la renovación actual.
Al estar extendido el beneficio para ciudadanos de El Salvador y de Honduras hasta el 9 de marzo de 2018 y los permisos de trabajo hasta el 9 de septiembre de este año, reno- vables hasta marzo de 2018 a solicitud del interesado, los expertos confían en que los plazos se mantendrán.
“Nuestra petición a toda la gente que tiene el TPS es que renueven sus permisos de trabajo”, insistió Salas.
En opinión del abogado, el TPS “no lo van a quitar de la noche a la mañana”.
Explicó que seis meses antes de vencerse el plazo de renovación el Gobierno inicia un análisis de la situación del país beneficiario y 60 días antes del vencimiento anuncia su decisión de renovarlo o no.
“Es decir, probablemente en septiembre de 2017 comenzarán a hacer esa evaluación y dos meses antes, digamos enero de 2018, estarán anunciando si van a renovar o no el TPS para personas de Honduras y El Salvador”, detalló.