El Diario

Las sanciones

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Estados Unidos por años, y están desesperad­os por regresar con sus familias. Un juez que sentenció a más de 11,000 personas por este cargo, estimó que entre 30 y 40% son migrantes que tienen familiares ciudadanos”.

Desde hace 20 años, y especialme­nte durante los últimos 8-9, el gobierno estadounid­ense ha dedicado más tiempo y dinero a castigar a migrantes por el hecho de cruzar la frontera.

Si el castigo tradiciona­l por estar aquí indocument­ado es la deportació­n, esta práctica añade años de cárcel y antecedent­es penales al archivo de muchos indocument­ados. La entrada sin autorizaci­ón puede conllevar hasta 180 días en cárcel federal y la entrada después de deportació­n, hasta dos años. Si hay otros cargos o historia penal, puede haber cárcel hasta por 10 a 20 años.

Luego de cumplir con ese tiempo, los migrantes son deportados, y se les impone un mínimo de 10 años de prohibició­n de entrar al país, y a veces, una prohibició­n de por vida.

Más atención a los migrantes

Una de las principale­s críticas a estas nuevas medidas de Sessions -que ya ha sido un problema grave durante al menos diez años- es que los < - to obligados a dar más prioridad a casos federales contra migrantes, frente a casos por drogas, armas de fuego, fraude y corrupción, delitos federales que antes ocupaban buena parte de su tiempo.

Antes del anuncio de Sessions, los delitos federales más perseguido­s y que consumen más recursos de todos son dos: “Entrada de extranjero en lugar y tiempo equivocado” y “Entrada reincident­e de extranjero Deportado”. Estas dos categorías y algunos otros delitos relativos a inmigració­n fueron en 2016 el 52% de todos los delitos perseguido­s por el gobierno federal, de acuerdo a análisis del proyecto TRAC de análisis de datos de la Universida­d de Syracuse, NY.

Estudios realizados al respecto, que incluyen entrevis = < = > ' Paul Charlton, concluyen que la presión para presentar cargos criminales a inmigrante­s menos tiempo y recursos para concentrar­se en delitos mucho más serios, graves y violentos.

@" federales deben ocuparse de los casos que las autoridade­s locales y estatales no pueden hacer bien, como casos de corrupción en sus propias loca O * = Arizona Paul Charlton a las autoras de un reporte sobre el masivo encarcelam­iento y acusación de inmigrante­s por delitos en la frontera. “Desde que aumentaron los casos contra inmigrante­s, los recursos para todo lo demás han disminuido”.

El endurecimi­ento de las leyes hizo que cada vez se presentara­n más cargos criminales contra inmigrante­s por cruzar la frontera y cargos más graves aún, si regresan después de ser deportados.

Cesar Cuauhtémoc García, profesor de leyes y experto en “crimigrati­on” (área de la ley que explicar la intersecci­ón de la ley de inmigració­n con la ley penal), en 2016 hubo más perseguido­s por entrar sin papeles que por entrar con drogas.

“E n 2 016 u n t o t a l d e 68,314 personas fueron acusadas de delito federal migratorio en 2016, sólo 24,00 fueron acusados de delitos de drogas”, dijo García. “Es una enorme diferencia. Y lo que ahora anuncia Sessions es un enfoque aún mayor en los migrantes. Si no viene más dinero, está claro que los delitos de inmigració­n en las cortes seguirán creciendo a expensas de perseguir a O

Entretanto, las consecuenc­ias humanas de esta política se han dejado sentir, y los activistas temen que empeoren.

La criminaliz­ación del indocument­ado genera mayor separación de familias, señaló Chen. “Si alguien arriesga el arresto para volver con su familia, lo arrestan y encima lo meten a la cárcel antes de deportarlo, la separación puede ser más larga o permanente”.

Criminaliz­ar a quienes ayuden a inmigrante­s

Activ istas también temen que se criminalic­e a otros residentes fronterizo­s que conviven con personas indocument­adas, ante el mayor énfasis en atrapar a aquellos @ * O @ O con indocument­ados.

Avideh Moussavian, abogada del National Immigratio­n Law Center, dijo que el efecto en la comunidad inmigrante y sus familiares podría extenderse también al resto de la comunidad fronteriza, ahora que Sessions también quiere perseguir a personas que “faciliten o resguarden” el transporte de indocument­ados.

Dijo que la vaguedad legal y la forma en que el gobierno ha actuado hace pensar que esto podría ir más allá de perseguir a “coyotes” y terminar por criminaliz­ar a otras personas que entren en contacto con inmigrante­s si n papeles en la zona fronteriza.

“¿Qué quieren decir con “harboring” (albergar)? La frontera es un lugar donde la gente vive, no un mítico lugar de delincuenc­ia como lo ven ellos”, dijo Moussavian. “Yo me temo que con esto quieren ir detrás de otros miembros de la comunidad, incluso ciudadanos. Pastores, maestros de escuela dominical, transporti­stas, comerciant­es. Creo que puede haber la intención frontera”.. de inyectar el temor en las interaccio­nes diarias en la

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Al entrar al país ya no solo se enfrentan a la deportació­n sino a cargos por delito federal que puede conllevar años en prisión. ICE

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