Penalizar a inmigrantes limitaría recursos para lucha anti narcos y delincuencial

Estudiosos y analistas temen que el gobierno federal consuma sus fondos fiscales en perseguir a indocumentados

Pilar Marrero

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Cuando el procurador Jeff Sessions anunció el martes que sus fiscales serán más estrictos imponiendo cargos criminales contra los que cruzan la frontera, los que regresan tras ser deportados y los que usan documentos falsos, con sus palabras describió a pandilleros y carteles, violadores y asesinos como el objetivo de estos cambios.

Sin embargo, según los expertos, la mayoría de las personas que son atrapadas entrando sin papeles o regresando después de ser deportados no corresponden a ninguna de esas categorías, sino que son padres o madres de familia, esposos o esposas, hermanos o hijos, que arriesgan ser arrestados para reunirse con familiares que dejaron aquí tras muchos años de residencia.

“Casi siempre est a mos hablando de personas que cruzan hacia Estados Unidos para reunirse con familiares o que se van por alguna razón, para visitar a un familiar enfermo, por ejemplo, o son deportados y luego intentan regresar”, dijo Greg Chen, portavoz de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA).

Este fue precisamente el caso de Francisco Equihua Lemus, deportado en 2010 después de vivir 37 años en los Estados Unidos. Era su segunda deportación, pero atrás quedaron sus hijas Ce- cilia y Lili, que entonces tenían 21 y 19 años y aún atesoraban pasar los domingos con Francisco tras el divorcio de sus padres.

A l t rata r de reg resa r a l país, Francisco f ue encarcelado y le presentaron cargos criminales por “criminal re- ent r y ”. Fue a parar a la prisión federal por dos años y luego deportado de nuevo. Su hija Cecilia más tarde cambió su carrera de ' observar “las injusticias que se hicieron” a su padre y aho ; * defensor público del condado de Los Ángeles.

“Muchas de las personas a las que ponen ese cargo son como mi padre”, explicó Cecilia en un artículo publicado en 2015, en oposición a una ley que impondría un mínimo de 5 años de prisión para esos casos. “Han vivido en