Activistas vislumbran posible reducción del programa
Pilar Marrero
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Después que el Secretario de Seguridad Nacional anunciara el pasado lunes que extendían el Estatus Temporal de Protección (TPS) para 50,000 haitianos únicamente por seis meses –en vez de lo usual, 18 meses– grupos de activistas pidieron al gobierno reconsiderar la decisión al expresar temor de que esta sea la nueva actitud hacia otros países con TPS.
“Es muy importante, a medida que nos acercamos a la fecha límite para extender el TPS para El Salvador, Honduras, Sudán del Sur, Somalia, que mantengamos la presión para que no se suspenda este programa cuando no hay condiciones de regreso en estos países”, dijo Meredith Owen, del Church World Services, una organización internacional de fe.
Owen dijo que los activistas temen que la actual administración en la Casa Blanca está usando “diferentes criterios” para considerar las extensiones al programa TPS que otorga permisos temporales para quedarse y trabajar en Estados Unidos a grupos de personas afectadas por ciertas condiciones y catástrofes en sus países de origen.
“Esperamos que seis meses no se convierta en la nueva norma”, dijo Owen.
Actualmente hay 10 países con TPS, incluyendo El Salvador, Honduras y Nicaragua, cuyo período actual con TPS se vence a principios del próximo año (el 9 de marzo para El Salvador y el 5 de enero para los otros dos países).
Los activistas dicen que hay razones para pensar que este gobierno será mucho más estricto y limitado en las extensiones de TPS, debido a información que trascendió antes de la decisión sobre Haití y por la relación de este gobierno con grupos y políticos que no ven con buenos ojos el programa, como el procurador Jeff Sessions y funcionarios que provienen de grupos restriccionistas a la inmigración.
El pasado lunes, el secretario de DHS John Kelly anunció que aprobaría una “extensión limitada” de seis meses para que 50,000 haitianos con TPS, del gran terremoto de 2010, pero indicó que la misma se daba con la intención de que estos se preparen para regresar a su país donde “ha habido progreso en muchos frentes”.
Kelly no entró en detalles, pero Jonathan Green Hayes, cofundador de la Red UndocuBlack, de indocumentados afrodescendientes, dijo que in antes sobre un memo en el que el gobierno buscaba información sobre “uso de servicios públicos y delitos cometidos” por haitianos, revelan una intención de “criminalizar” a esta comunidad.
“Creo que llegará el día en que no seremos solo nosotros. Van a venir por los hondureños y los salvadoreños, los nepaleses y los somalíes y tenemos que entender que no podemos volvernos a esconder”, dijo Lys Isma, una joven haitiana y receptora de TPS que hoy en día es asistente de investigación en una universidad de La Florida. Varios líderes de organizaciones de fe que han estado asistiendo a los haitianos indicaron que la suspensión del TPS para haitianos (cuya extensión hasta enero de 2018 en el Federal Register), sig miles de personas a un país que aún presenta severos problemas, incluyendo la epidemia de cólera más fuerte de la historia.
Jeanne Atkinson, directora ejecutiva de CLINIC, un - ciado por entidades católicas, dijo que con Haití, el gobierno de Trump “está enviando un mensaje”. “Está claro que no les gusta el TPS y tienen el objetivo de reducirlo”, dijo.