Viuda de Francisco Flores: expropiación es arbitraria
La familia del fallecido expresidente enfrentan la confiscación de nueve inmuebles por la malversación de US$15 millones
EFE
La esposa del difunto expresidente de El Salvador Francisco Flores (1999-2004), procesado hasta antes de su muerte por la supuesta malversación de 15 millones de dólares, dijo ayer que el proceso de expropiación de nueve inmuebles iniciado por la Fiscalía es “arbitrario”.
El martes pasado, la Fiscalía de El Salvador intervino nueve propiedades que pertenecían a Flores, para ponerlas bajo la tutela temporal del Consejo Nacional de Administración de Bienes.
“Pretenden, de manera totalmente arbitraria, arrebatarnos lo que por ley y derecho pertenece a mi familia”, dijo Lourdes de Flores, quien aseguró en una rue- da de prensa que las mismas fueron heredadas por el exmandatario. No obstante, el pasado 1 de junio uno de los - presidente aseguró que “nadie ha activado un proceso para ser nombrado heredero ni reclamar los derechos sobre los bienes” de Flores.
La inter vención a los inmuebles se dio pocos días después de que un tribunal de Sentencia aplazara una audiencia especial de responsabilidad civil mientras otro - cia y nombra un apoderado, a petición de la Fiscalía.
La esposa de Flores enfatizó que ninguna de las propiedades fue adquirida durante el quinquenio de Flores al frente de la Presidencia de El Salvador y aseguró que el proceso de expropiación es un “precedente nefasto”.
Las propiedades intervenidas, que suman más de 184 hectáreas, están ubicadas en los departamentos de Usulután (sureste), Ahuachapán (oeste), Santa Ana (noroeste) y La Libertad (centro).
El exmandatario, fallecido en enero de 2016 a los 56 años, se apropió, según la Fiscalía, de 5 millones de dólares y otros 10 fueron depositados en cuentas de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena), bajo cuya bandera gobernó el país centroamericano.
Este dinero era un donativo de Taiwán para obras de atención a las víctimas de dos terremotos que asolaron al país centroamericano en 2001, de - les que recibió el Gobierno de Mauricio Funes (2009-2014).
Tras el fallecimiento de Flores concluyó su responsabilidad penal, pero no la obligación civil por los cargos de corrupción de los que fue acusado, “que tendrá que ser determinada”, explicó en su momento la parte querellante, que además señaló que “en caso de existir, hay que seguir un procedimiento para la recuperación, por parte del Estado, de esos bienes”.
Los cargos que se imputaban fueron peculado, enriquecimiento ilícito y desobediencia de terceros, por lo que en varias ocasiones estuvo preso en los calabozos arresto domiciliario.
El juez Miguel Argüello, incorporó el delito de lavado de dinero, que luego se suprimió porque este no estaba incluido dentro de la acusación de la Fiscalía salvadoreña.