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«Los fondos tienen que destinarse para asuntos reales»

Allí lo se prohíbe a las autoridade­s locales y estatales que limiten la comunicaci­ón con las autoridade­s migratoria­s de “informació­n sobre el estatus migratorio y la ciudadanía” de individuos. Nada más que eso. No les exige hacer algo. Mucho menos que se detenga por un período de 48 horas a la persona que señale la Agencia para el Control de Aduanas e Inmigració­n (ICE).

Esta misma confusión es la que argumenta el Condado de Santa Ana en su demanda contra el Departamen­to de Justicia.

Santa Ana utiliza a su favor las declaracio­nes del jefe interino de ICE, Thomas Horman, quien dijo que el gobierno espera “no solo compartir informació­n, sino que nos dejen entrar a las cárceles, y del secretario de Seguridad Interna John Kelly, quien confesó: “Francament­e, realmente no sé lo que quiere decir. Pienso que nadie sabe lo que $ !

De todas formas, el Departamen­to de Justicia nombró a 10 sitios, entre ellos las ciudades de Chicago y Nueva York, junto al estado de California, como los primeros que deben demostrar que cumplen con el título 8 de la sección 1373. Estos enviaron las pruebas que están cumpliendo.

El Congreso y el Departamen­to de Justicia tratan de imponer arrogantem­ente una supuesta solución a la insegurida­d pública que solo la empeora. Distrae recursos policiales para combatir el crimen real y reduce la colaboraci­ón con las comunidade­s inmigrante­s.

Por eso la Liga Nacional de Ciudades se opone a la acciones federales, tal como los jefes de policías de los centros urbanos. El juez en el caso de Santa Ana congeló la amenaza federal de sanciones y el concepto de imponer desde Washington como debe actuar la policía local roza con lo anticonsti­tucional.

' 1 - tes como para que los Demócratas del Senado frene el avance de la H.R. 3003.

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