ESTABILIDAD PARA EL TRABAJADOR AGRÍCOLA L
a política restrictiva de inmigración es un serio problema para la industria agrícola que impacta directamente al consumidor. La pérdida de una cosecha por la falta de mano disponible conduce inevitablemente a una escasez que aumenta el precio del producto.
Esta sit uación se ha ido acrecenta ndo a l punto de haberse perdido cerca de 140,000 trabajadores agrícolas extranjeros en los últimos cinco años debido a las deportaciones del expresidente Barack Obama y el endurecimiento de la política migratoria de Donald Trump .
Esta cifra la dio hace unos días Paul Weller, de la empresa Wonderful Citrus de Texas, ante el Comité de Agricultura de la Cámara Baja. Se esperan escuchar testimonios similares en el Subcomité de Inmigración y Seguridad Fronteriza, en el debate de la nueva ley agrícola que se está trabajando en el Congreso.
La agricultura y la inmigración están íntimamente ligadas. El éxito económico de la primera depende de la capacidad de conseguir a tiem- pago es razonable, están dependiendo de quien les da la visa. Al mismo tiempo, son explotados por intermediarios inescrupulosos que los atraen a esta labor con promesas que nunca se cumplen.
La solución es la propuesta de las senadoras Dianne Feinstein y Kamala Harris de California, de Mazie Hirono de Hawaii, Michael Bennet de Colorado y Patrick Leahy de Vermont.
La medida presentada en mayo dice que los trabajadores agrícolas que laboraron por lo menos 100 días en los últimos dos años recibirán una “tarjeta azul” de estado legal. Los campesinos que mantienen esta tarjeta entre tres y cinco años, dependiendo del total de horas que trabajan en la agricultura, serán elegibles para la residencia permanente.
Esta es un plan que cuenta con un gran respaldo porque estabiliza la industria a partir de una condición migratoria estable para el trabajador.
Esperamos que prevalezca la lógica empresarial y humana por sobre la animosidad antiinmigrante que domina al Congreso.