Laura Huizar
“Me han dicho que el ICE no va a ir a los restaurantes y las tiendas de alimentos como en Kansas pero hay miedo”. Frank García fue la primera persona que el martes por la noche tomó la palabra por parte de la audiencia para transmitir el estado de ansiedad que se vive entre los empresarios de la ciudad.
El problema son las posibles acciones de ‘La Migra’ con las nuevas directivas puestas en marcha por una Casa Blanca que ha convertido en prioridad la aplicación de medidas antiinmigrantes.
García es el presidente de la Coalición de Cámaras de Comercio Hispanas del Estado de Nueva York y admitía la inquietud de sus miembros ante un panel, organizado por el Departamento de Consumidores de la Ciudad (DCA), en el que se lanzó una guía nacional en varias lenguas incluido el español para saber qué hacer en caso de que las autoridades de inmigra- ción, ICE, lleguen al lugar de trabajo.
Se trata de una serie de pautas elaborada por la NELP (National Employment Law Project) y NILC (National Immigration Law Center) de la que quisieron saber de primera mano no solo pequeños empresarios latinos y asiáticos que casi llenaron el auditorio del Hospital Elmhurst, en Queens, sino también abogados de inmigración.
Todos ellos expusieron sus dudas sobre las consecuencias de las redadas y sobre todo las auditorías sobre ve para trabajar en el país, por el impacto que pueda tener sobre su negocio y sus empleados. Es un terreno en el que las propias abogadas de las organizaciones autoras de esta guía, Laura Huizar, de NELP, y Jessie Hahn, de NILC, dicen que se está vigilante ante algunas de las acciones que pueden tomarse por parte de las autoridades.
La guía, que no es asesoramiento legal particular para cada caso concreto, explica que el ICE puede llegar de tres maneras a una empresa buscando inmigrantes indocumentados. La primera es mediante una auditoría de formularios I-9, como ocurrió con Tom Cat Bakery, en Queens, el pasado mes de abr il y que se saldó con el despido de 21 trabajadores.
La segunda es a través de redadas en un lugar de trabajo sin avisar y una tercera forma es cuando los agentes del ICE, que no son policía pero pueden tener uniformes en los que se lea esa palabra o “agentes federales” y portar armas, llegan a un negocio para detener a una persona o más que ya haya estado en su radar. En esos casos, pueden tratar de interrogar y tratar de arrestar a otros trabajadores. “Puede ser intimidante”, admitió Huizar.
Hay que tener un plan
Esta abogada recordó a la audiencia que en términos generales los trabajadores y los empresarios tienen derecho a permanecer callados, tienen
Abogada de NELP derecho a negarse a algunas de las cosas que les pueda pedir ICE y que, en cualquier caso, deben estar preparados conociendo cuáles son sus derechos y las cosas que no deben hacer. Huizar enfatizó que cada empresa debe hacer un plan adecuado y “practicarlo de la misma manera que se entrena a los empleados para hacer simulacros de incendio, eso ayuda a prepararse y estar más tranquilo”.
Tanto la guía como las abogadas incidieron en la necesidad de tener ese plan con la idea de ayudar a mantener la calma en caso de redadas, que nadie corra y que los trabajadores sepan que si un agente de ‘La Migra’ les hace preguntas o les pide algo pueden decir que no. “Un trabajador puede decir: no le puedo dar permiso para entrar, tiene que hablar con mi empleador”. La clave es que los empleados no interactúen con los agentes de ICE.
Las abogadas explicaron que ‘La Migra’ no siempre usa una orden judicial (en el encabezado tiene que aclarar que está emitida por una corte y ministrativas (del Departamento de Seguridad Nacional o DHS) lo que limita mucho sus actuaciones.
Con órdenes administrativas, por ejemplo, no pueden entrar en áreas privadas de las empresas. Es decir, pueden entrar a zonas comunes de un restaurante o un esta - cinas. La guía aconseja que se pongan señales en las puertas indicando que son zonas privadas en las que solo se puede entrar con orden judicial.
Es obligación del patrón tipo es, si está vigente y en cualquier caso si es administrativa, no tiene que colaborar con los agentes o señalar a los empleados. Para los trabajadores, la mejor manera de proteger sus derechos en mantenerse en silencio y pedir un abogado. No hay obligación de aportar documentación al ICE y las abogadas señalaron que todo lo que diga puede usarse en su contra y anima a que alguien recoga en video la actuación de los agentes.
Otra cosa a la que animó la abogada Hahn es a protestar. “Creo que es importante que las Cámaras de Comercio - chazo a esta política”.