Impacto ecológico del muro
Ni la intervención de la Iglesia Católica o las protestas de activistas lograron impedir hace varios días que EEUU deportara a México a Pedro Hernández, quien durante 14 años había cuidado de un hijastro con parálisis cerebral y severa discapacidad mental.
Aunque reingresó de forma ilegal a EEUU en varias ocasiones, Hernández no tenía antecedentes criminales y durante casi 14 años era el principal encargado de cuidar de su hijastro, Juan Pino, de 28 años, quien depende de otros para todo.
Luciendo el grillete electrónico que la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) le puso en un tobillo, Hernández apenas pudo despedirse de su esposa, Seleste Wisnewski Hernández, una ciudadana estadounidense que movió cielo y tierra para impedir su deportación.
En entrevista telefónica con este diario desde el aeropuerto en Cleveland (Ohio), Seleste confirmó que los agentes de ICE no le permitieron siquiera ingresar con él a la puerta de embarque.
“Pensé que el presidente (Donald) Trump iba a tener compasión con nosotros. ICE nos dijo que deportarían a Pedro porque es ´un nuevo gobierno´, pero yo pensé: ´sí, cambió el gobierno, cambió la Administración, pero seguimos siendo la misma familia”, dijo.
Seleste formó pareja con Pedro hace 14 años, y ambos se casaron hace cuatro. Su hijo, Juan, fue diagnosticado con parálisis cerebral y una severa discapacidad mental a los diez meses de edad y, debido a que ella sufre de ciática, Pedro ha sido el principal responsable de cuidarlo, darle de comer, bañarlo, y cargarlo a la cama o a su silla de ruedas.
Para Seleste, la deportación de Pedro traerá la ruina financiera porque su solo salario no bastará para el alquiler y para cubrir todas las necesidades de su hogar en la localidad de Elyria, a 25 minutos de Cleveland.
“Pedro tenía su permiso, sus tarjetas de crédito, pagaba sus impuestos, siempre trabajamos en equipo porque había que atender a nuestros otros tres hijos, es un trabajo a tiempo completo, todos los días. Hicimos todo lo posible porque nuestra familia funcionara normal”, afirmó Seleste, cuyo hijo en común con Pedro tiene 9 años.
Hernández, originario de Acapulco, no tenía ni una infracción de tráfico y su expediente policial en Elyria estaba “limpio”. Su permiso de trabajo estaba vigente hasta febrero de 2018 y, según Seleste, tenía aprobado el formulario “I-30”, con el que ciudadanos estadounidenses solicitan la residencia permanente de un familiar inmediato.
Solo que, como Hernández reingresó ilegalmente, no puede ajustar su estatus migratorio dentro del país, porque EEUU le aplica una ley federal que le prohíbe la entrada por al menos diez años.
Khaalid Walls, un portavoz de ICE, dijo a este diario que Hernández ya había sido deportado de EEUU en tres ocasiones, una vez en 2001 y dos más en 2013. En 2001, las autoridades le permitieron que se “autodeportara”, y aún así reingresó ilegalmente.
“Al ejercer la discreción, le permitió al señor Hernández permanecer en libertad mientras hacía sus oportunos arreglos para salir” del país, enfatizó Walls.
ICE siempre ha dicho que entre sus prioridades de deportación están los que reingresan ilegalmente a EEUU, y los que tienen órdenes de deportación finales, además de argumentar que, al menos, no los deja encarcelados.
“Una abominación”
El abogado de la familia Hernández, David Leopold, condenó la deportación “sin razón” de su cliente, quien “cumplió con todas las reglas, con todo lo que le pidió ICE”.
“¿En qué mundo se justifica el separar a un fiel esposo, padre y cuidador de su hijo que sufre de parálisis cerebral? Trump le dice al pueblo que sólo se está deshaciendo de ‘malos hombres’, pero ICE se ensañó con Pedro. Esto es una absoluta abominación”, dijo.
Lo más probable es que ahora Juan Pino necesite ayuda en programas de servicios sociales, a un alto costo para los contribuyentes.
El obispo de la diócesis de Cleveland, Nelson Pérez, sometió, infructuosamente, una carta en la que pidió que EEUU suspendiera la deportación. “Esto me conmovió. Leí sobre el caso, y las circunstancias y penurias que sufre esta familia, me conmovió el corazón y quise acompañarlos en este movimiento”, explicó Pérez al canal 8 de la cadena Fox.
También Lynn Tramonte, directora de America’s Voice en Ohio, condenó la “falta de compasión” de ICE.
“Pensé que podíamos salvar a esta familia de la deportación... ¿Ahora qué le depara a Seleste y sus hijos? ¿Cómo consuela a su hijo de 9 años, que crecerá sin su padre?...
dijo. esto demuestra una falta de humanidad, y toca elevar las voces de protesta”, Un análisis interno del gobierno federal, realizado cuando hace diez años se aprobó una ley para construir segmentos de un muro en la frontera, indica que la construcción de la estructura en ciertas zonas del Valle del Rio Grande (Texas), causarían un “daño serio e irreparable” a los refugios ecológicos de la zona.
Entre las áreas más afectadas estaría la Reserva Ecológica de Lower Rio Grande Valley, un refugio de 90,000 acres al sur de Texas, en el que los contribuyentes han invertido $90 millones desde 1979 para su rehabilitación. La reserva se considera una de las áreas biológicamente más diversas.
Según estimados, la intervención necesaria en la zona para la construcción del muro, afectaría entre el 60 y el 70% de dicha reserva ecoICE
Agustín Evers
lógica, donde viven 407 tipos de pájaros salvajes, lugar favorito de miles de “observadores de aves”.
La organización American Oversight desenterró los documentos, que burócratas federales comenzaron a circular de nuevo este año cuando el presidente Donald Trump y líderes del Congreso iniciaron diálogos sobre el muro.
“Es muy poco lo que los líderes estadounidenses le han dicho al pueblo sobre lo que va a costar el muro, su aspecto y cómo afectará a las comunidades en la frontera”, dijo Austin Evers, director de la organización.
Diez años después, el análisis de los expertos de Fish and Wildlife del gobierno sigue siendo el mismo, como revelan los emails entre los
2007.. funcionarios, indicando que los efectos “serían muy similares” a