Las cárceles de Guatemala están fuera de control
Las cárceles de Guatemala están en una situación crítica. Las deplorables condiciones infrahumanas de los internos, los asesinatos y los motines son continuos. Pero las recientes investigaciones revelan además la falta de control de las autoridades. En el interior impera la ley del más fuerte.
El hacinamiento es uno de los problemas más grave que enfrentan las autoridades. Según el viceministro de Gobernación (Interior), Ricardo Guzmán, las 22 cárceles del país tienen capacidad para 6.800 presos pero albergan a 22.665, el 300 % de su capacidad, y la mitad de ellos están en prisión preventiva.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció, de forma preliminar en su visita al país realizada este año, que los reos se encuentran en condiciones deplorables, que se enfrentan a aislamientos prolongados y que están unos sobre otros, hacinados. Estas condiciones fueron admitidas por la propia cartera del Interior.
Para ayudar a resolver ese problema, el Gobierno del expresidente Álvaro Colom (2008-2012) autorizó utilizar las cárceles de las instalaciones militares Cuartel Militar Matamoros y la Brigada Mariscal Zavala; donde actualmente se encuentran detenidos 237 hombres y 30 mujeres.
Son las prisiones de máxima seguridad, las que albergan a funcionarios, magistrados y políticos acusados.
Mas la situación no cambió. La violencia es común dentro de los centros carcelarios. Solo este año han ocurrido 5 motines, cuatro de ellos en centros juveniles, que dejaron como resultado 8 personas muertas y 23 heridas.
Incluso se han perpetrado ataques planeados contra reos, como el ocurrido en julio
Los 22 reclusorios del país albergan a 22,000 presos, por lo menos un 300% de su capacidad
de 2016 contra el capitán retirado del Ejército Byron Lima Oliva, donde murieron otras 13 personas en la Granja Penal Pavón; cuatro de ellas decapitadas, una calcinada y otras tres fallecieron por heridas de bala.
El capitán, el “rey de las cárceles”, era considerado por las autoridades como el líder de una estructura criminal que se dedicaba a cobros ilegales para favorecer los traslados de reos en las cárceles del país. Él ordenaba nombramientos dentro de los penales.
Por este crimen fue detenido el exdirector del Sistema Penitenciario, Luis Carlos de León, junto con otras siete personas.
Otro de los problemas que enfrentan las autoridades encargadas de los centros penitenciarios es la falta de atención médica adecuada, la cual obliga a trasladar a los reos a hospitales desde donde se han fugado, como el caso de Oscar Wilfredo González, un preso salvadoreño que escapó después de pasar la noche internado.
Estos traslados también evidencian la alta vulnerabilidad de un sistema que empeora con los días.